“We need most of all to renew that love and empathy for nature that we lost when we began our love affair with city life.” James Lovelock, The Revenge of Gaia (2007)
En agosto de 2016 se cumplió el centenario de la creación del National Park Service (NPS) de los Estados Unidos, el primer sistema nacional de áreas protegidas. De la mano de los emblemáticos parques de Yosemite y Yellowstone –considerado el primer parque nacional en el mundo-, esta idea desencadenó un movimiento global orientado a conservar áreas naturales de modo sistemático y estructurado.
La idea de proteger áreas naturales no era nueva. A lo largo de la historia las sociedades humanas habían establecido zonas protegidas, creadas en muchos casos por monarcas y terratenientes, para evitar la cacería y la pesca. Existen además registros en Europa que datan de antes de Yellowstone. Por ejemplo, el monte de Drachenfels en Alemania, protegido por decreto para evitar que se siga extrayendo traquita en 1836, o el Bosque de Fontainebleau (Francia) que fue declarado ‘reserva artística’ por Napoleon III en 1861 para conservar su paisaje.
Lo que sí era nuevo y revolucionario fue la idea de crear una agencia estatal, dependiente del Departamento del Interior, que manejase y regulase áreas naturales -y otros monumentos nacionales- que hasta ese momento habían estado dispersos y bajo la responsabilidad de variopintos entes locales o del ejército. El acta de creación del NPS, firmada el 25 de agosto de 1916, mencionaba además que el propósito de esta agencia es “conservar el paisaje y los objetos naturales e históricos y la vida silvestre” y permitir “el disfrute de éstos, de modo y manera que los deje intactos para el disfrute de las generaciones futuras”. Estas reflexiones fueron las que hicieron que esta iniciativa, la primera en su género, fuese replicada y celebrada por todo el mundo, llegando incluso a ser descrita por el escritor Wallace Stegner como “America’s best idea”, la mejor idea de los Estados Unidos.
El punto de partida fue el NPS, pero en la actualidad existen más de 209,000 áreas protegidas en 193 países, de acuerdo a un informe comisionado por las Naciones Unidas. Las hay pequeñas y grandes: el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, en donde está el salto del Ángel, ocupa una superficie equivalente a Bélgica (30,000km2), mientras que el Penang National Park en Malasia tiene apenas 25 hectáreas.
Los países de América Latina (AL) se fueron involucrando formalmente en la conservación de sus espacios naturales de manera muy desigual. De acuerdo a un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los que más temprano iniciaron el establecimiento legal de áreas naturales protegidas fueron México (en 1899 se crea el Bosque Nacional Monte Vedado del Mineral del Chico, en Hidalgo, considerada la primer área protegida de AL) y Jamaica (1907). Durante la primera mitad del siglo 20, se unieron Panamá (1917), Argentina y Belice (1922), Chile (1926), Cuba (1930), República Dominicana (1933), Ecuador (1934), Brasil y Venezuela (1937), Bolivia (1940) y Colombia (1948). Posteriormente lo hicieron Guatemala (1955), Honduras (1957), Nicaragua (1958), Bahamas (1958), Perú (1961), Costa Rica (1963), Surinam (1966) y El Salvador (1987).
Después de un siglo, AL destina el 20% de su superficie terrestre a la conservación de áreas naturales, más que el promedio de 13% del mundo en desarrollo, según un informe del Banco Mundial. Además, los principios de ‘conservación’ y de ‘legado’ mencionados por vez primera en el acta de creación del NPS gringo, han sido interiorizados por los gobiernos latinoamericanos lo cual los ha puesto a la vanguardia de la conservación de la diversidad biológica mundial. Según el mismo informe, AL ha ideado novedosos métodos para financiar este esfuerzo. Así por ejemplo, en Colombia, el gobierno amplió las áreas protegidas al implementar ‘mosaicos de conservación’, destinados a movilizar a las comunidades locales para preservar y restaurar los terrenos que rodean a los parques nacionales. En Perú, los fondos para ayudar a conservar las 63 zonas protegidas del país se aseguran mediante un sistema de financiamiento de contrapartida donde ONG y entidades locales postulan para adjudicarse contratos para administrar ciertas áreas protegidas, bajo el acuerdo de que aportarán al menos el mismo nivel de recursos que los ofrecidos por el gobierno. En México, un país donde el 70% de las áreas de bosque son propiedad de comunidades y ejidos, la Comisión Nacional Forestal implementó el Programa de Servicios Ambientales, PSA, a través del cual se paga a los propietarios por conservar los bosques con el fin de proteger el ecosistema y reducir el riesgo de deforestación. En Brasil, el estado de Rio de Janeiro estableció un fondo de conservación (Fondo da Mata Atlântica) que permite captar financiamiento desde múltiples fuentes, incluyendo donaciones voluntarias, contribuciones por compensaciones ambientales de la industria, bonos de carbono y grants nacionales e internacionales.
Sin embargo, el informe reconoce que el difícil contexto económico actual es un desafío para cualquier país que desee encontrar las ingentes sumas que aseguren estabilidad a largo plazo. Pese a los progresos alcanzados en materia de preservación en AL, los actuales presupuestos nacionales no logran cubrir las necesidades financieras. En promedio, los Gobiernos de América Latina asignan apenas el 1% de los recursos del país destinados a medioambiente a áreas protegidas, es decir US$1,18 por hectárea, y que cubre sólo el 54% de las necesidades básicas, advierte el informe. A modo de comparación, esta cifra palidece frente a los US$2,8 mil millones de presupuesto anual del National Park Service en 2015, más de US$80 por hectárea (¡!).
El estudio del Banco Mundial sostiene que muchos de los ecosistemas más vulnerables de la región se encuentran en zonas valiosas y altamente cotizadas, donde la agricultura, la minería y la acelerada expansión urbana ejercen presión adicional sobre las iniciativas de conservación. En México, por ejemplo, la pérdida de recursos forestales debido a la deforestación ha afectado el sustento de 12 millones de personas que dependen de los bosques para complementar sus ingresos.
En el libro Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para el futuro, publicado por la organización UICN, se menciona que el futuro de las áreas protegidas en América Latina depende de cómo sobrelleven los grandes desafíos: cambio climático, desarrollo económico, deforestación, minería e hidrocarburos o la relación entre territorios indígenas y áreas protegidas. Ademas, Jörg Elbers, editor del libro, señala en uno de los capítulos introductorios que:
“Algunos países se caracterizan por la coexistencia de pocas áreas emblemáticas y muchas áreas dejadas a su suerte. Muchas veces en las áreas emblemáticas hace falta una armonía entre objetivos de turismo y conservación, mientras que para la gran mayoría de las áreas falta infraestructura turística y promoción.”
Pero, ¿por qué importa su futuro? Los parques nacionales fueron desde su creación intrínsecamente democráticos: eran la respuesta del Nuevo Mundo a las grandes extensiones naturales de propiedad privada de la aristocracia europea. Su naturaleza pública y accesible a todos, sin importar clase social o económica, encapsulaba la premisa de que, a fin de cuentas, el país pertenece a la gente que lo habita.
En América Latina esta reflexión tuvo aún más impacto. En un continente acostumbrado desde la colonia a ver diezmado el territorio público por grandes terratenientes y convertido posteriormente, de la mano de las reformas agrarias, en tierras privadas -muchas veces comunitarias, pero siempre privadas-, la idea de tener un sistema nacional de áreas protegidas encapsulaba, por así decirlo, el ideal de que, al nacer, una parte del territorio constituía un derecho como ciudadano.
A pesar de los enormes retos que actualmente acechan a los parques nacionales de todo el mundo, su principal importancia radica en que constituyen el vínculo de un mundo industrial y urbano con los grandes espacios y la naturaleza originaria. Según el World Cities Report 2016 de la ONU, el 79.8% de la población de América Latina es urbana lo que conlleva una inevitable alienación con respecto a la naturaleza. Como consecuencia de esta abrumadora centralización en las ciudades, la mayoría de los habitantes urbanos no sale a las áreas protegidas, no siente la conexión con la naturaleza y por ende no es consciente del daño que le causa a la Tierra.
Necesitamos aprender a valorar nuestros parques nacionales porque los beneficios que nos traen son inconmensurables. Por ejemplo, nos proveen servicios como el agua limpia y el suelo fértil: la destrucción indiscriminada de ecosistemas forestales reduce la capacidad de captación de precipitaciones hacia los acuíferos y contribuye a la erosión y consiguiente peligro de aludes. Los grandes bosques contribuyen también a disminuir el efecto ‘isla de calor’ que incrementa las temperaturas de las ciudades. Además, refrescan el medio ambiente absorbiendo el CO2 que provoca el calentamiento global.
Al mismo tiempo, son reductos de conservación que constituyen la última línea de defensa de ecosistemas y vida silvestre en peligro de extinción, contribuyendo a preservar estas especies para las generaciones futuras. Muchos protegen además las zonas donde viven pueblos indígenas que de otro modo no podrían existir ante el acecho del desarrollo urbano. Enumerar todas sus bondades nos tomaría otro artículo, pero estas incluyen evitar inundaciones, estimular las lluvias, actuar como barreras naturales contra el ruido, proveer espacios para realizar actividades saludables y respirar aire puro, entre muchos otros beneficios.
Finalmente, sin los parques nacionales, la sociedad humana perdería su conciencia ecológica y el recordatorio perenne de que mucho antes de la civilización estaba la naturaleza, esa que les pertenecía a todos.
Internacionalista (MIA, Columbia) y empresario. Como escritor explora las dinámicas culturales, políticas y económicas globales. Es blogger de Semana Económica (Perú). Vive entre Singapur y Lima.