Si tras cuarenta años de funcionamiento democrático, tuviera que mencionar solo uno de entre los principales desafíos de nuestro sistema de protección social elegiría este: que nuestros políticos se atrevan a mantener su compromiso con los más desfavorecidos. Pretendo explicar el porqué de esta afirmación y que ello puede requerir valentía y arrojo.
Nuestro sistema de protección social comenzó a despegar a partir de la reinstauración de la democracia, a finales de los años setenta y especialmente durante los años ochenta y noventa del siglo XX. Su transformación fue espectacular tanto en cobertura como en su capacidad de institucionalización y profesionalización, en calidad y también en términos de incremento de la inversión. De aquella época son las leyes de sanidad, de educación, las pensiones no contributivas para mayores y discapacitados, la ley de integración social del minusválido (así se llamó entonces), el desarrollo de los servicios sociales, la implementación de los salarios sociales en las comunidades autónomas y también la racionalización tanto de la protección por desempleo como de las pensiones.
Me dedico al estudio de los sistemas de protección social y estoy especialmente interesada en la trastienda de las decisiones públicas, por lo que he charlado con muchos de los forjadores de todas estas políticas, algunos desconocidos por el gran público. Casi siempre se refieren a aquel periodo y a sus logros con fuertes dosis de épica. Tratan de cerciorarse de que yo me doy cuenta, de que soy capaz de entender que las políticas y servicios de los que disfrutamos ahora no siempre estuvieron aquí. Algunas políticas gozaron de un consenso más o menos amplio y es verdad que los decisores públicos contaban con el impulso democrático y europeo. Sin embargo, costó mucho poner en pie o modernizar la mayoría de las demás. Muchas veces, la puesta en marcha de algunas de las políticas que hoy cualquier ciudadano considera irrenunciables se topó con la férrea oposición no solo de intereses muy variopintos, y a veces ilegítimos, que se habían creado al calor del sistema anterior, sino incluso de algunos partidos políticos que quizá ahora quisieran que cayera en el olvido su postura de entonces; a veces fueron muy conflictivas en términos sociales y condujeron a huelgas generales y al divorcio entre el gobierno y los agentes sociales. Hubo también que conseguir que la ciudadanía comprendiera que era necesario contribuir mediante el pago de impuestos a lo que era solo una promesa, a derechos sociales que seguramente mucha gente consideraría entonces una quimera.
Sería muy injusto afirmar que todo lo que tenemos se debe solo a aquel esfuerzo. Desde los años noventa el sistema de protección social se ha reformado mucho, al contrario de lo que aseguran quienes afirman que somos un país incapaz de reformarse. Desde comienzos del siglo XXI y hasta la llegada de la crisis se habían adoptado cientos de decisiones que han mejorado nuestra educación, la sanidad o las pensiones. Junto a ellas, nuestros gobiernos centrales, autonómicos y locales han tomado medidas con el objetivo de cubrir algunos huecos del sistema que siempre habían estado ahí pero que no se habían atendido. También abordaron nuevas necesidades que son fruto de que el planeta gira, no está quieto y la sociedad se transforma y además lo hace velozmente. Hasta hace bien poco nuestro sistema no había amparado algunos asuntos relacionados con la desigualdad de género, las familias, la inmigración, el sobreenvejecimiento o la gestión de los cuidados de las personas en situación de dependencia, entre otros asuntos. Nuestro gasto social no es el francés, que en 2017 fue el más alto del mundo en porcentaje del producto interior bruto, pero tampoco es el estadounidense, más bajo en comparación con el de otros países desarrollados. Es verdad que algunos países de nuestro entorno, no todos, ya habían puesto en marcha políticas modernas en estos ámbitos una o dos décadas antes que nosotros; pero también es cierto que casi todos ellos nos llevaban casi cuarenta años de ventaja puesto que su Estado de Bienestar despegó tras la Segunda Guerra Mundial y se consolidó durante de los años sesenta y setenta, cuando el nuestro echaba a andar.
El sistema ha contribuido a nuestro desarrollo económico, a nuestro progreso social y a la estabilidad de nuestra democracia. Muchos ciudadanos consideran que ha valido la pena, a juzgar por lo que responden cuando se les pregunta si están satisfechos con las políticas sociales y si serían partidarios de recortar la inversión en ellas (menos de un 10% lo desea). En general, el sistema ha demostrado su capacidad para proteger a los ciudadanos contra la penuria cuando se encuentran en situaciones de riesgo, como por ejemplo cuando enferman, están desempleados y cuando se hacen mayores. También ha contribuido a reducir las fracturas sociales. De acuerdo con los cálculos de Ferragina, Seeleib-Kaiser y Spreckelsen, nuestro sistema es capaz de reducir casi un 52% la pobreza y cerca de un 34% la desigualdad. En este tiempo el sistema ha sabido responder a demandas políticas tan complejas como las de descentralización, por ejemplo, en educación y en sanidad, y lo ha hecho con bastante éxito de acuerdo con los resultados que arrojan los índices internacionales que miden el rendimiento del sistema y lo comparan con otros países.
Sin embargo, a pesar de que, si uno es honesto, no puede afirmar que nuestro sistema sea tacaño, pequeño o subdesarrollado y de que tampoco pueda decirse que sea incapaz de reformarse o no sea eficaz en diferentes terrenos, el Estado de Bienestar español presenta aún lagunas que no son triviales. Estas carencias se han puesto de manifiesto de forma descarnada durante la crisis, pero en realidad llevaban mucho tiempo ahí instaladas, aunque pasaran desapercibidas para el público en general durante los cada vez más breves periodos de bonanza económica. No habían sido atendidas antes de la crisis y mucho menos lo han sido durante la misma, ya que con la excepción de las pensiones, durante esta crisis, en prácticamente el resto de sectores de política social y fiscal no se han tomado más iniciativas que las de recortar y no precisamente utilizando la precisión de un bisturí.
Más arriba yo mencionaba que nuestro sistema de protección social era capaz de mitigar la pobreza y la desigualdad o, dicho de otra manera: si no dispusiéramos de él, estos dos problemas serían más graves de lo que son ahora. Sin embargo, cuando comparamos la potencia de nuestro sistema para disminuir la pobreza y la desigualdad no podemos sentirnos satisfechos. Resulta que de los quince países europeos que analizan los autores citados arriba, España es el que tiene un peor desempeño. En particular, nuestro país es especialmente torpe a la hora de reducir la pobreza infantil: solo lo hace en un 23%, mientras que otros países consiguen hacerlo hasta en un 60%.
Sabemos que estas injusticias sociales no dependen solo de que tengamos políticas de gasto redistributivas. Ambas, la carencia de empleo y la carencia de empleo digno están en su origen. Se afirma que desde 2015, la crisis puede darse por finalizada y quizá muchos crean que la recuperación traerá empleo y con él se acabarán nuestros problemas. Sin embargo, esto no ocurrirá así. Efectivamente, el desempleo se ha reducido, pero una buena parte del empleo creado en España es de baja calidad, ya que se caracteriza por ser de carácter temporal, a tiempo parcial y escasamente remunerado. Ello se traduce en que aproximadamente un 15% de las personas que trabajan son pobres. Sorprendente, ¿no? Y también inquietante porque es previsible que este fenómeno vaya a más. De hecho, es posible que si usted lector tiene un trabajo de cualificación media pueda sufrir en sus propias carnes la pérdida de su puesto de trabajo o su deterioro. Esto es al menos lo que nos advierten quienes tratan de anticipar el impacto de la creciente robotización en nuestro país, que tendrá muchos efectos positivos, pero también algunos negativos como este.
El destino no está escrito. Casi nada es inevitable. Ningún político que se precie puede resignarse a que en el país tengamos trabajadores pobres, una tasa de riesgo de pobreza del 21,6%, por encima de la Eurozona, y la ratio de desigualdad, es decir, el cociente entre el total de renta del 20% más rico del país y el del 20% más pobre, alcanza el 6,6, por encima de Grecia de acuerdo con Eurostat. ¿Qué dice de nosotros que permanezcamos insensibles ante estos fenómenos cuando existen soluciones? Con el esfuerzo de toda la ciudadanía, el país fue capaz de reducir la pobreza entre los mayores, y hoy es una de las más bajas de la Unión Europea. Nuestra historia colectiva reciente demuestra que somos capaces de conseguir importantes logros, pero ningún político que se tenga estima puede conformarse con vivir de las glorias del pasado. España tiene que corregir sus deficiencias y conseguir que la recuperación se reparta de forma equitativa entre todos los ciudadanos. También debe conseguir afrontar mejor la próxima crisis de lo que lo ha hecho en esta ocasión. Debemos recordar que el incremento de la desigualdad que se produjo durante la recesión que el país sufrió en los años noventa del siglo XX nunca se redujo a los niveles anteriores a aquella crisis.
La recesión de 2008 ha tenido algunos efectos positivos. Ahora somos más conscientes de los problemas del sistema, de cómo estos afectan a las personas de carne y hueso y de cómo nos afectan de forma colectiva. Sabemos, por ejemplo, que la precariedad laboral no solo tiene efectos en quienes la sufren, también y especialmente resta oportunidades para los hijos de estas personas. Es como si en la línea de salida cargáramos a algunos corredores con una pesada losa. Posiblemente nunca lleguen a la meta, lo hagan maltrechos o solo excepcionalmente. Además, es importante comprender el hecho de que sufrir problemas de este calibre nos perjudica colectivamente. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor. Estos problemas comprometen la estabilidad de nuestro sistema político y económico, ponen en riesgo la capacidad de afrontar el futuro y menoscaban la autoestima colectiva.
Comprendemos mejor las efectos y causas de los problemas del sistema. Me atrevería a decir que, en parte, incluso compartimos algunas posibles soluciones. No todos, pero sí la mayoría de los actores sociales, casi todos los partidos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y miembros de la comunidad académica están dispuestos y empeñados en mejorar el sistema mediante medidas de política pública que sean útiles tanto sectorialmente, por ejemplo desde el ámbito educativo o sanitario, como transversalmente para disminuir los males que aquejan al sistema. Sobre la mesa por ejemplo hay al menos cinco propuestas para implementar salarios sociales de ámbito nacional, propuestas sobre cómo mejorar el mercado de trabajo y el sistema educativo con el fin de reducir la precariedad, el abandono escolar o la insuficiente movilidad social que están en el origen de la desigualdad y la pobreza. No vaya el lector a pensar que todo sigue en el terreno de las ideas, también algunos de nuestros gobiernos autonómicos y locales han implementado mejoras y sus resultados están proporcionando mucha información sobre la eficacia de los mismos. Pero el esfuerzo aún no es suficiente.
No todas las propuestas que podrían mejorar el sistema implican un incremento de la inversión pública o al menos no sustancialmente, como las de que caen dentro de lo que conocemos como predistribución. En cualquier caso, lo que todas ellas requieren es el compromiso político y social. Los responsables públicos son más diligentes con las demandas sociales cuando se sienten emplazados por la ciudadanía y suelen serlo menos cuando piensan que no existe demanda social, por importante que sea el problema. La falta de compromiso de nuestro sistema de protección social con determinados colectivos me hace pensar que aunque entre algunos expertos la atención a estos ciudadanos es considerada un problema acuciante, una gran parte de la ciudadanía no es consciente aún de la magnitud y posibles consecuencias del problema.
La sociedad española, como en otras sociedades, pero con menos razones que aquellas puesto que nosotros hacemos menos esfuerzo colectivo, es tibia en relación con los más desafortunados. Tanto la presión fiscal como la inversión pública en políticas destinadas a las familias, niños y personas en situación de riesgo social son comparativamente bajas. Los responsables públicos son conscientes del problema y deberían presentárselo con claridad a los ciudadanos, explicando cuáles son las consecuencias de no solucionarlo, las alternativas para hacerlo y el coste que a corto plazo pueden tener las intervenciones públicas que en todo caso son menores que los costes políticos, económicos y sociales futuros de no hacer nada.
Se trata de una tarea urgente que se debe realizar antes de que, como parece estar ocurriendo en otros países, la sociedad española entre en la dinámica del “sálvese quien pueda” o en la del “porque yo lo valgo”, consistentes en preferir ahorrarse los impuestos y dirigirse al mercado en busca de pensión, dependencia, sanidad o educación, mientras calma su conciencia pensando que los demás, que a su juicio no se esforzaron con la porfía que sin embargo él o ella sí lo hizo, deben conformarse con acudir a la caridad pública o privada. Si se instalan estos discursos, puede ser más difícil o imposible para los políticos retener el compromiso de la clase media con los más desfavorecidos. ~
es politóloga del IPP-CSIC y editora de Agenda Pública
.jpg)
