En las últimas semanas, la discusión en torno a la agenda anticorrupción ha regresado a uno de los puntos más álgidos de los últimos años: las declaraciones patrimoniales. Este tema generó revuelo en el sexenio de Enrique Peña Nieto por el escándalo de la Casa Blanca, y revivió después del exhorto del presidente López Obrador y la posterior publicación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de su gabinete.
Aunque en un principio la orden de publicar todos los bienes del gabinete federal fue recibida como una muestra del compromiso de López Obrador con la transparencia, el acatamiento “a medias” de una parte del gabinete, junto con aparentes omisiones en las declaraciones de la secretaria de Gobernación y del secretario de Comunicaciones y Transportes, detonó un ir y venir de cuestionamientos al Gobierno, explicaciones contradictorias, descalificaciones a los medios, confusión sobre el alcance y funcionamiento de los formatos y, como daño colateral, cuestionamientos sobre la utilidad y necesidad de requerir y publicar este tipo de declaraciones. Esta serie de eventos nos obliga a recordar para qué sirven las declaraciones patrimoniales y de intereses y cómo ayudan a combatir la corrupción.
Evolución patrimonial
El principal propósito de exigir a las y los funcionarios públicos un listado de sus ingresos y bienes es evaluar la evolución de su patrimonio. Es decir, lo importante es contar con información que permita analizar qué bienes tenían al momento de entrar al servicio público y cómo fue que cambiaron año con año hasta el momento en el que dejaron su puesto. Lo anterior permite contrastar si la evolución de su riqueza fue acorde con los ingresos que corresponden a su cargo.
Esta evaluación resulta fundamental para detectar casos de corrupción donde servidores públicos hayan obtenido ingresos “extra”, ya que este enriquecimiento inexplicable pudiera deberse a arreglos (sobornos, desvíos, etcétera) que hayan comprometido su actuar y sus decisiones.
Aquí surge la pregunta obligada: ¿quién en su sano juicio reportaría en una declaración los ingresos obtenidos ilegalmente?
La respuesta es simple: nadie.
Y aquí recae la utilidad de una declaración patrimonial: sirve como parámetro. Si el día de mañana una autoridad, un ciudadano o un medio dan con una cuenta millonaria de un funcionario o lo encuentran navegando en un yate de lujo (dejemos de lado los bienes inmuebles por un momento), ¿cómo podrían saber si dicha propiedad es producto de su trabajo o una ganancia ilegítima? Fácil: mediante la revisión de los bienes que el mismo funcionario reportó haber acumulado antes y durante su servicio público.
Este mecanismo también puede ser utilizado como blindaje por funcionarios públicos honestos. Como explica Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, un correcto ejercicio de las declaraciones le permite a cualquier funcionario demostrar la legalidad de sus pertenencias ante posibles ataques mediáticos, ya que en todo momento puede justificar la legalidad de sus bienes, a través de sus declaraciones. Un sistema bien ejecutado de evolución patrimonial permite entonces tener la información y los mecanismos para detectar casos de corrupción y al mismo tiempo proteger a funcionarios honestos. ¿Quién no querría esto en su gobierno?
No obstante, hay quienes preguntan: ¿qué tiene de malo omitir un bien en una declaración si al final de cuentas fue adquirido legítimamente?
En principio, parecería no haber ningún problema con una omisión accidental que no representa un acto de corrupción. El problema es que para evaluar la evolución patrimonial dependemos por completo de contar con información completa y de calidad de forma periódica. Cualquier omisión, aunque inocente, pone en duda el funcionamiento entero del sistema, por lo que debe de ser sancionada. Además, resulta imposible, tanto para autoridades como para los medios, distinguir entre errores honestos y encubrimientos. Sobre todo al analizar la información de miles de funcionarios públicos al mismo tiempo.
El objetivo principal de una declaración patrimonial no es demostrar “austeridad franciscana”, sino proporcionar la información necesaria para contar con un sistema de monitoreo. La discusión en torno a estas declaraciones no debería de concentrarse en qué tanto tiene un funcionario, sino en si declara todos sus bienes. Eso es lo valioso del debate de las últimas semanas: solo mediante la publicidad de estas declaraciones es que los medios y la sociedad civil pueden ser parte del ejercicio de rendición de cuentas. Contra lo que algunos han querido argumentar, el cuestionamiento constante de los medios y sociedad civil hacia cualquier gobierno fortalece el debate público y a la democracia.
Ahora bien, implementar un buen sistema no es nada fácil. Muestra de ello es la confusión que los casos recientes suscitaron incluso dentro de la Secretaría de la Función Pública, institución que tiene la obligación de verificar la información de dichas declaraciones. Todo el enredo permitió dejar, por lo menos, una cosa clara: el sistema de Declaranet es obsoleto, ya que no permite recabar información clara y comparable que posibilite un adecuado monitoreo de la evaluación del patrimonio de los servidores públicos.
Este problema fue detectado por un sector de la ciudadanía en años pasados (junto con serias deficiencias de declaraciones de intereses, pero eso es objeto de otro escrito), lo cual originó el movimiento y posteriormente la Ley 3de3, impulsada por más de 634 mil mexicanos. Esta iniciativa luchó por la transformación del sistema de declaraciones hacia uno con información suficiente y estructurada, con el que se pueda analizar y cotejar con otras bases de datos y con la máxima publicidad posible para fomentar el monitoreo y debate público. El resultado de dicho movimiento, entre otras cosas, fue la aprobación de nuevos formatos de declaración que permiten una revisión sistematizada y exhaustiva.
Todos los funcionarios públicos del país deberán registrar su información patrimonial y de intereses en los nuevos formatos a partir del 30 de abril del año en curso. Todas las nuevas declaraciones deberán de tener una versión pública, la transparencia dejará de ser voluntaria.
A pesar de la notable mejoría, el gobierno en turno ha expresado su intención de modificar los nuevos formatos, aún sin haber probado su desempeño. Todo ejercicio es perfectible, no obstante, la lógica detrás de un sistema de evolución patrimonial debe ir encaminada en dotar a las autoridades, y a la ciudadanía, de más y mejor información sobre el patrimonio de nuestros funcionarios en un formato de datos estructurados. Cualquier modificación en el sentido contrario sería un retroceso.
Es coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
