El pasado 26 de noviembre, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna del grupo legislativo de Morena presentó una iniciativa de reforma constitucional para reducir de nueve a tres el número de años que puede servir el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). La supuesta intención de la reforma es permitir una mayor flexibilidad en el Consejo a través de una presidencia rotativa de consejeros en el puesto de mayor importancia en el INE. Así, cada tres años, dos tercios de la Cámara de Diputados seleccionarían una nueva presidencia de entre los once consejeros designados.
En abstracto, la idea de una presidencia rotativa o con un período menor a nueve años, tal y como ocurre en otros organismos, quizá no parezca tan peligrosa. Si hay conflictos al interior del Consejo General del INE, cambiar a la persona que ejerce la presidencia podría aliviarlos; si el Consejo General tuviera problemas con el partido en el poder, un cambio de liderazgo podría mitigarlos. Como se indica en la misma iniciativa, “la rotación de la presidencia del INE generará mayor dinamismo en la toma de decisiones y erradicará la concepción monolítica” de que una sola persona presida el organismo por nueve años.
Sin embargo, la iniciativa de reforma no puede leerse sino como un intento de debilitar a una institución independiente y autónoma que, hasta ahora, ha garantizado elecciones confiables y ha protegido a la democracia mexicana de los abusos de los partidos en el poder. La iniciativa es más preocupante porque no proviene de la oposición, sino de la bancada mayoritaria del partido en el gobierno.
En efecto, la estrategia subyacente se parece más a las del régimen hegemónico del PRI que a las de los gobiernos sin mayoría observados entre 1997 y 2018. Aún cuando PRI, PAN y PRD, los tres partidos tradicionales, golpearon al IFE/INE de diversas maneras en las primeras décadas de la democracia electoral –como con la renovación del Consejo en 2007 y 2014, reformas cortoplacistas de las reglas electorales y las criticas constantes a su actuación, etc.–, estas intervenciones tuvieron que ser negociadas y acordadas entre varios partidos, lo cual limitaba su alcance. Sin embargo, dada la abrumadora victoria de Morena en 2018 y sus mayorías legislativas, estamos frente a un escenario en que un solo partido podría debilitar al INE y al sistema electoral sin negociar con la oposición. De prosperar esta iniciativa, junto con la próxima designación de cuatro nuevos consejeros en 2020, el partido en el poder tendría una influencia desmedida sobre el árbitro electoral nacional que, por definición, debe de estar por encima de los intereses de cualquier partido o gobierno.
Puede ser útil usar una analogía vial para explicar el papel que juegan los árbitros electorales y los partidos políticos en una democracia. El INE puede ser considerado como un agente de tránsito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como los jueces de última instancia, mientras que los partidos serían los conductores –quienes, a su vez, redactaron las reglas de tránsito. Cuando un partido se pasa una luz roja, un agente de tránsito debería estar cerca para ponerles una multa o infracción. Si tanto los agentes como los jueces son independientes y autónomos de los conductores –y están listos para sancionarlos por cualquier falta–, éstos tendrían menos incentivos para cometer más faltas, a sabiendas que provocarían una sanción o castigo proporcional por parte de las autoridades, lo cual puede ser más costoso que la ventaja de hacer trampa en el corto plazo.
Por ende, aún cuando el sistema de agentes de tránsito y jueces electorales puede ser relativamente oneroso, su independencia y autonomía es crucial. Sin ellas, los partidos tendrían fuertes incentivos para no cumplir con las reglas del juego electoral que ellos mismos redactaron y prometieron cumplir.
Exceder los topes de gasto de campaña, comprar votos, usar electoralmente programas sociales o adquirir espacios mediáticos pueden ayudar a un partido o candidato a ganar una elección si no hay sanciones creíbles o costosas. Si todos los partidos hacen lo mismo, estas ventajas indebidas pierden fuerza relativa; sin embargo, ningún partido puede dejar de hacer trampa por temor a que los demás sí lo hagan. Para evitar este dilema, hay que contar con árbitros electorales autónomos e independientes y no interrumpir o cambiar las reglas de su designación una vez que están en el cargo. Si éstos hacen bien su trabajo, los partidos tienen pocos incentivos para violar las reglas del juego: contaríamos con menos caos vial, elecciones más libres y justas. Si los árbitros electorales son capturados por el partido en el gobierno, la democracia se debilita de manera ineludible.
Si los árbitros electorales han visto debilitada o golpeada su autonomía en el pasado, ¿por qué importa tanto ahora que lo haga un partido dominante en un gobierno unificado? En primer lugar, porque manda la señal de que Morena en realidad no es diferente a los demás partidos que dominaron el sistema de partidos por más de veinte años, y que preferirán debilitar aún más a los árbitros electorales antes que fortalecerlos o consolidarlos. En segundo, porque el INE ha construido una autonomía relativa considerable a pesar de las presiones partidistas recurrentes. Sin embargo, si este nuevo ataque prospera, no queda claro cuánto más podrían resistir frente a la aparente intención de captura, velada o expresa, por parte del presidente o su partido. En tercer lugar, esta iniciativa puede interpretarse como una señal de que los líderes del nuevo partido en el poder no aprendieron las lecciones del declive de los otros partidos. Al no permitir la entrada de nuevos actores y una mayor competencia durante los primeros años de la transición democrática, los partidos tradicionales se protegieron en contra del castigo potencial del electorado ante sus malos gobiernos. Su actual debilidad y desfortunio se debe, en parte, a su afán por cerrar espacios a nuevos partidos políticos, candidaturas independientes y a los mismos votantes.
Sin embargo, si la sociedad y el electorado rechazaron a los partidos políticos tradicionales, podrían tambien rechazar a un nuevo partido que, de manera entre cínica y arbitraria, intente cambiar las reglas e instituciones electorales para conseguir una ventaja indebida. El riesgo de que el nuevo partido en el poder capture por completo al árbitro a través de estrategias disimuladas, como la de rotar la presidencia del INE al contentillo de cada legislatura, es que en el futuro cercano las y los votantes pierdan la libertad de poder castigar a los malos gobernantes, misma que ha llevado años construir. Debilitar al INE como árbitro independiente y autónomo debilita a nuestra democracia.
es profesora-investigadora del CIDE.
