La cancelación del aeropuerto de Texcoco es el referente de las decisiones económicas destructivas de la administración del presidente López Obrador. Implicó una pérdida (writedown) de 9 mil millones de dólares y lastimó la credibilidad del equipo económico en México y el mundo de una forma permanente. Bajo estos parámetros, era difícil que algo más fuera tan escandaloso. Y no era por falta de contendientes: la saga de los gasoductos y la arbitraria cancelación de los permisos para la planta cervecera de Constellation Brands también generaron profundos daños reputacionales y son estropicios que durarán por años.
La cancelación del NAIM había puesto la barra muy alta. Pero el reciente blitzkrieg regulatorio orquestado por la Secretaría de Energía durante las últimas dos semanas va que vuela para superarla. Es un esfuerzo descarado para que el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad, su empresa eléctrica, invadan los espacios competitivos del sector eléctrico. Tanto el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) como la “política de confiabilidad”, ambos impuestos por la Secretaría de Energía, pretenden encarecer y obstaculizar la operación de centrales privadas. Crean una serie de facultades subjetivas y arbitrarias para las autoridades cuyo objetivo es muy claro: en vez de que despachen electricidad las plantas privadas que la ofrecen más barata, quieren que las plantas del gobierno tengan preferencia.
Esto es una espada de Damocles permanente, lista para dejarse caer selectivamente por la Secretaría de Energía y su ecosistema de organismos, ahora subordinados. La SENER no ha cancelado contratos o suspendido permisos de generación de forma directa; ese no es el problema por más que el presidente quiera distraer con el argumento. El problema es que el universo de actores afectados es extraordinariamente amplio en un momento en el que la hacienda pública no tiene cómo indemnizarlos. Y aun si lo hiciera, ¿quién querría operar bajo constante amenaza?
En la industria eléctrica, tan extensa y diversa, acusar y atropellar para luego negociar un traspaso o un pago, aunque sea de forma diferida –como se hizo con el aeropuerto– difícilmente funcionará. Es cierto que para cancelar el aeropuerto hubo una indemnización compleja y multimillonaria de al menos unos 100 mil millones de pesos. Pero la lista de inversionistas y contratistas primarios era acotada y estaba volcada sobre un solo proyecto. En el caso de los gasoductos sólo había cuatro operadores; en el de Constellation Brands apenas era uno.
La lista de inversionistas afectados con la campaña eléctrica de SENER, por contraste, es casi interminable. Para empezar, hay que contar a los operadores de las más de 700 plantas de generación privada, que representan algunas decenas de miles de millones de dólares de inversión. Esto incluye desde los pioneros productores independientes de energía (PIEs) que venden su electricidad directamente a la Comisión Federal de Electricidad, y las plantas del modelo de autoabastecimiento, a través de las cuales un privado puede generar la energía de su consorcio asociado, hasta los ganadores de las subastas históricas de largo plazo, que pusieron a nuestro país en el mapa de los líderes de crecimiento en energías renovables. En conjunto, representan inversionistas de todos tamaños, incluyendo a los trabajadores mexicanos que tienen su dinero invertido ahí a través de sus ahorros para el retiro.
Pero el daño no es solo para los operadores y sus accionistas. También hay que incluir a todos los que han participado en la estructura de lo que se conoce como project finance: banca comercial, banca de desarrollo nacional de México y otros países y banca de desarrollo multilateral.
Sin una cancelación explícita, como la del aeropuerto o la de Constellation Brands, se crea una incertidumbre que lastima a prestamistas de una forma muy particular, pues quedan en una posición vulnerable desde la cual es especialmente difícil reclamar. Bajo este contexto, no es una sorpresa que haya habido una reacción tan rápida y amplia de la comunidad internacional: desde la advertencia del embajador de Estados Unidos en México hasta las cartas de la embajada de Canadá y la representación diplomática de la Unión Europea.
Si los inversionistas, accionistas o prestamistas buscan mandar la factura de los posibles daños de inmediato, no hay cómo pagarles. Contrario al caso del aeropuerto, las finanzas públicas esta vez ofrecerán poco alivio. Ni la logística organizacional ni los fondos alcanzan ya para compensar todo el daño. Como el secretario Herrera reconoció recientemente, estamos en un momento en el que la hacienda pública está apretada, esforzándose para hacer que el dinero disponible rinda.
Pero, como bien predica el presidente, no todo es dinero. El atropello de SENER, otra vez en contraste con el caso del aeropuerto, va a vulnerar la salud de los mexicanos que tienen la poca fortuna de vivir cerca de alguna planta contaminante de la CFE. A los megawatts-hora de las turbinas, paneles y plantas eficientes de ciclo combinado de los privados que la SENER desplace no los van a sustituir sus pares en la CFE que ya se despachan competitivamente y permanecen altamente utilizados. Los van a sustituir los megawatts-hora de plantas con tecnologías más ineficientes, que también tienden a ser mucho más contaminantes, como el combustóleo y el carbón.
Desde la perspectiva económica, el momento no podría haber sido menos oportuno. Con el pleito comercial entre China y Estados Unidos, el regreso de las cadenas productivas a sus regiones de origen, y la entrada en vigor del TMEC, posicionar un renovado compromiso mexicano con el Estado de Derecho era la mejor apuesta para aprovechar la coyuntura y poder reconstruir lo perdido, tanto por la pandemia como por las decisiones equivocadas del pasado. Ni el partidario más obcecado puede negar que necesitamos, desesperadamente, nueva inversión. Es momento de atraer a los inversionistas y fortalecer nuestros lazos con nuestros principales socios comerciales. Pero con esta decisión los estamos ahuyentando.
Si después de toda esta evidencia el escándalo del aeropuerto aún no cede su lugar como punto de referencia en la larga lista de decisiones destructivas, hay un argumento más: siempre es la última gota la que derrama el vaso.
Es Managing Director de FTI Consulting en México y columnista en El Economista en temas de energía y asuntos públicos.
