La respuesta es simple: porque los principios básicos de la democracia liberal exigen que aquellos que contribuyen a una sociedad y viven bajo sus leyes participen en la toma de decisiones de tal sociedad. Para los migrantes de hoy estos principios son relevantes en la sociedad a la que llegan y en aquella que dejan porque pueden mantener vínculos significativos con ambas. Para los más avezados (sobre todo entre los migrantes de primera generación) las nuevas tecnologías de comunicación hacen posible pertenecer a más de una sociedad. La respuesta es menos simple desde el punto de vista de las democracias afectadas por la migración porque la posibilidad de pertenencias múltiples desafía la forma tradicional de entender la ciudadanía democrática y, particularmente, el que siempre ha sido el más fundamental de sus privilegios: el derecho a votar.
Por razones de conveniencia administrativa la pertenencia oficial a un Estado-nación se otorga al nacer, ya sea por el mero hecho de hacerlo dentro de sus fronteras o por nacer de padres que son miembros de dicho Estado, bajo la expectativa de que cualquiera de esos accidentes conducirá al desarrollo de un vínculo significativo con la comunidad política. Alternativamente, la pertenencia a un Estado puede elegirse cuando un migrante solicita ser naturalizado. Sin embargo, en un mundo caracterizado no sólo por la movilidad sino por la posibilidad de mantener vínculos a múltiples comunidades políticas, las líneas de la pertenencia oficial (la ciudadanía y los derechos que acarrea) ya no coinciden con la población residente, ni con la población dentro del territorio del Estado. ¿Quiénes tienen derecho a ser representados como miembros, dónde y en qué medida?
Para las sociedades de emigración es fundamental decidir si los ciudadanos que han emigrado conservan una conexión a su país de origen tan significativa como para justificar su participación en la política y hasta qué nivel. Para las sociedades de inmigración es fundamental decidir a partir de cuándo los inmigrantes pertenecen a la sociedad en una medida equivalente a la de los residentes nacionales como para extenderles el derecho a participar en la toma de decisiones políticas. ¿Es necesario y suficiente ser un nacional para demandar el derecho ciudadano a la representación política?
La pregunta era absurda hace unas cinco décadas, cuando se asumía la identidad entre ciudadanía y nacionalidad y se aspiraba su coincidencia con las fronteras del Estado-nación. Ya no lo es ahora: en muchos países democráticos los derechos de la ciudadanía ya se han disociado del estatus de nacionalidad y del territorio del Estado-nación. Alrededor de 120 países han extendido el derecho de voto a sus ciudadanos residentes en el extranjero, predominantemente al nivel de elecciones nacionales. Más de 50 países han extendido el derecho a votar a inmigrantes residentes no naturalizados, en su mayoría a nivel de elecciones locales. En varios países los debates sobre extender o no el derecho a votar a los migrantes han provocado profundas redefiniciones de la ciudadanía del Estado –por ejemplo, facilitando la naturalización o permitiendo la ciudadanía múltiple.
A primera vista, pues, parece que los derechos de los emigrantes y de los inmigrantes ensanchan la ciudadanía democrática allende las fronteras territoriales y el estatus de nacionalidad en niveles que reflejan las expectativas sobre la posibilidad de participación de inmigrantes y emigrantes. Se espera que los inmigrantes adquieran, después de un tiempo razonable de residencia, el derecho a decidir y participar en los asuntos que les atañen en la misma medida que a los ciudadanos residentes (el nivel local). Asimsmo, se espera que los emigrantes mantengan un nivel de información general sobre la política de su país de origen y, mientras conserven su ciudadanía de origen, conserven también el derecho a decidir sobre el destino político general en la misma forma que los ciudadanos residentes (el nivel nacional).
Las discusiones peliagudas comienzan con los casos que rebasan estas expectativas. Los casos de sobre-inclusión son especialmente controvertidos. Por ejemplo, desde una perspectiva liberal y democrática es cuestionable que quienes no son migrantes sino sólo descendientes de migrantes tengan derecho a votar en el país de sus ancestros, especialmente si no han vivido ni planean vivir en aquel país. ¿Por qué? Porque los ciudadanos residentes de un país que permite votar a los nietos de sus emigrantes (como es el caso de Italia) podrían tener que vivir bajo un gobierno elegido por quienes no viven bajo sus leyes, ni las conocen. Un ejemplo de sobre-inclusión respecto a los inmigrantes es un requisito muy bajo de residencia para votar (como es el caso de Nueva Zelanda) porque puede significar que los inmigrantes recién llegados adquieran derecho a decidir sin tener idea de las consecuencias de su decisión en el sistema político. Así pues, no hay una receta universal, pero el principio orientador para la inclusión democrática es bastante claro: deben participar en la toma de decisiones de una sociedad aquellos cuyo vínculo con esa sociedad es tan fuerte que se puede esperar que decidan responsablemente.
Obviamente hay muchas otras formas de participación política aparte del voto y es posible que, por razones que van desde la marginación social hasta la dificultad administrativa, votar no figure entre las prioridades de los migrantes. Sin embargo, que los migrantes que contribuyen a una sociedad tengan el derecho a votar es fundamental porque las elecciones secretas y universales son el único mecanismo político formal que reconoce por igual a todos sus participantes. Independientemente de fórmulas electorales, el derecho a votar tiene el potencial para nivelar a los ciudadanos migrantes frente a los ciudadanos sedentarios y para enfatizar no lo que les diferencia, sino lo que tienen en común: el interés en el destino de una comunidad política. Por ello las discusiones sobre el voto de los migrantes incumben a cualquier democracia que conviva con la realidad de la migración.
es candidata al doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Bremen. Le apasiona investigar la relación entre políticas de ciudadanía y de migración en regímenes democráticos.
