Para José Rubinstein
La idea de ampliar los cauces de participación ciudadana a través de una consulta popular sobre la Reforma Energética suena muy bien. Lástima que sea falsa. Es falso, en principio, que se quiera recabar la opinión del pueblo sobre el destino de nuestra industria petrolera. Se trata, más bien, del siguiente capítulo de la obra de demolición institucional que viene escenificando desde hace tiempo el Frente Amplio Progresista: reventar el sistema, poner de rodillas al gobierno de Calderón, exigir su renuncia y tomar el poder. Como Tejero en España, primero intentaron clausurar el Congreso. La estrategia no les funcionó porque la sociedad se negó a secundar sus propósitos. Ahora pretenden llevar a cabo una consulta imposible (como han demostrado, con argumentos legales suficientes, el ex procurador Daniel Cabeza de Vaca y José Woldenberg), sin ningún efecto vinculante, organizada por gobiernos perredistas (los mismos que, tres meses después de haber realizado sus fraudulentas elecciones internas, han sido incapaces de determinar un ganador) y en la que, presumiblemente, sólo votarán sus fieles.
En vez de lanzarnos como sociedad al ejercicio suicida de “mandar al diablo nuestras instituciones” (en este caso concreto, al Congreso y su carácter representativo), convendría fortalecerlas, valiéndonos de los métodos democráticos que consigna la Constitución. Mi modesta proposición es la siguiente: invitemos a los ciudadanos a que manifiesten su parecer sobre la Reforma y hagan llegar esa opinión a sus representantes en el Congreso. Debemos exigir que los legisladores actúen de manera consecuente; debemos romper, de una vez por todas, la vergonzosa tradición de los votos de bancada. Los legisladores no se deben a sus partidos sino a los ciudadanos que los elegimos. Reclamemos entonces que los legisladores lleven al Congreso la opinión de quienes los eligieron.
Instrumentar esta propuesta no es complicado. Existen sitios en internet (como el del IFE, el de las Cámaras legislativas y Lupa Ciudadana) a través de los cuales el ciudadano puede obtener fácilmente los datos de los legisladores para entrar en comunicación con ellos. Pero como es obvio que no todos tienen acceso a internet, bastará que el IFE publique en cada uno de los 300 distritos del país (con la profusión que caracteriza a los procesos electorales) la dirección, el correo electrónico, el fax y los teléfonos de oficina, casa, celular, etc… de los congresistas respectivos. A través de una campaña intensiva en los medios masivos de comunicación, la ciudadanía puede entender el mensaje y participar de manera entusiasta en este ejercicio inédito. Si a la postre los ciudadanos se percatan de que sus legisladores reflejaron su parecer, refrendarán su confianza en las elecciones intermedias del 2009. Si descubren que traicionaron la opinión mayoritaria en su distrito, sabrán corregir su voto en los próximos comicios.
¿Sabe usted quién es su diputado? Probablemente no, y no lo culpo. Luego de pedirnos nuestro voto, jamás los volvemos a ver. Nos enteramos, eso sí, de sus viajes, de sus prebendas, de sus pleitos. En la escala de aprecio social, los legisladores están por debajo de los policías, lo cual es mucho decir. ¿Conviene entonces, como exigía el FAP, clausurar el Congreso y pasar a un tipo de democracia directa en la que un líder iluminado pide en la plaza pública que “el pueblo” alce la mano unánime para refrendar sus propuestas? Por supuesto que no. Lo que en verdad conviene al país es fortalecer nuestra incipiente democracia representativa. Empecemos por ese principio elemental: promovamos que nuestros ciudadanos llamen a cuentas a sus representantes, promovamos que nuestros representantes nos representen.
– Enrique Krauze
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.
