¡La industria petrolera ha tenido un mayo muy extraño!
Comencemos con las grandes pérdidas sin precedentes. El 26 de mayo, un tribunal holandés dictaminó que Royal Dutch Shell necesitaba reducir sus emisiones de carbono totales para 2030 en un 45 por ciento con respecto a sus niveles de 2019. Eso incluye no solo las emisiones tabuladas de la compañía, sino también las de sus proveedores y los productos suyos que son utilizados y quemados por sus clientes. La demanda contra Shell, presentada por siete grupos ecologistas y más de 17 mil ciudadanos holandeses, alegaba que la compañía petrolera violó la Convención Europea de Derechos Humanos al obstruir conscientemente el proceso de transición de los combustibles fósiles, y decía que la empresa necesitaba adoptar un enfoque alternativo a sus actuales compromisos de cero emisiones netas de carbono. El tribunal inferior de La Haya estuvo de acuerdo y dictaminó que las políticas existentes de Shell para reducir los gases de efecto invernadero eran demasiado ambiguas y que la empresa necesitaba hacer un cambio de planes donde se presentaran de manera más detallada.
A pesar de que el veredicto solo tiene validez en los Países Bajos, es histórico por dos razones: es la primera vez que se le ordena a Shell que cambie sus reglas climáticas actuales después de una demanda ambiental, y es la primera vez que una empresa recibe la orden de poner sus operaciones en concordancia con el Acuerdo de París. Además, refuerza un fallo que emitió la Corte Suprema holandesa a finales de 2019, en el que determinó que el gobierno de los Países Bajos necesitaba reducir considerablemente sus emisiones para mantenerse en línea con sus obligaciones de derechos humanos. Ambas decisiones judiciales concuerdan con un fallo de finales de abril, en el que el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que El paquete climático de ese país para 2019 fue en parte inconstitucional porque no realizaba lo suficiente para implementar medidas de reducción de emisiones hasta después de 2030.
El mismo día del fallo de Shell, dos compañías petroleras con sede en Estados Unidos fueron sacudidas por sus accionistas. Dos miembros de Engine No. 1, un pequeño fondo activista que tiene una mínima cantidad de acciones de ExxonMobil, ganó elecciones para ocupar asientos en el consejo directivo de la empresa de energía. Un inversionista más de Engine podría ganar un asiento en el consejo, dependiendo de cómo se mueva el conteo de los votos restantes, lo que podría darle al fondo el dominio sobre una cuarta parte del consejo de Exxon. Las victorias fueron vistas como un revés para el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, quien había estado tratando de calmar la inquietud de los inversionistas sobre las políticas climáticas de la compañía, aparentemente con poco éxito. Al igual que importantes fondos de inversión como BlackRock y Engine No. 1, que está respaldado por pensiones del estado de Nueva York, “los accionistas también aprobaron medidas pidiendo a Exxon que aporte más información sobre sus esfuerzos medioambientales y de cabildeo” el 26 de mayo, según Reuters. Además de eso, el 61 por ciento de los inversionistas de Chevron votaron a favor de una propuesta del inversionista activista holandés Follow This para obligar a la corporación a reducir sus emisiones. A principios de este mes, ConocoPhillips y Phillips 66 tuvieron votaciones similares en sus consejos directivos para adoptar resoluciones de reducción de carbono también presentadas por Follow This.
Estos avances son muy importantes para los activistas en contra de los combustibles fósiles. Son algunos de los primeros momentos en que accionistas y jueces internacionales han presionado fuertemente a las empresas de energía para lograr que reduzcan de manera demostrable, cuantitativa y rápida sus desmesuradas huellas de carbono. Además, abrirán vías para otras demandas climáticas de acción colectiva internacional y darán fuerza al floreciente movimiento de inversiones verdes. Esto podría marcar un viraje para las empresas, desde los pronunciamientos amplios y ambiguos sobre el cambio climático hacia el establecimiento concreto de cronogramas, metas y números concretos.
Pero eso dependerá de que esta tendencia se encienda o se apague.
Porque no es que mayo haya estado lleno de buenas noticias para el medio ambiente. El 27 de mayo, un juez australiano dictaminó que el ministro de medio ambiente del país tiene el “deber de cuidado” de considerar los efectos nocivos para los niños derivados del aumento de las emisiones de carbono al aprobar nuevos proyectos de energía. Sin embargo, dejó en manos del ministro la decisión final sobre la expansión de un proyecto de explotación de carbón. El 14 de mayo, el parlamento español aprobó una ley que prohíbe todos los permisos nuevos de combustibles fósiles, prohibiendo las ventas de vehículos de combustibles fósiles para 2040, ordenando detener toda la producción actual de combustibles fósiles para 2042 y que 74 por ciento de la electricidad del país provenga de fuentes de energía renovable para 2040. Pero solo se compromete a una reducción de emisiones del 23 por ciento con respecto a los niveles de 1990 para 2030, lo que es mucho menos significativo de lo que sería una reducción del 23 por ciento con respecto a los niveles de 2020, y es una tasa más baja que las prometidas recientemente por otros países europeos.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos no está cumpliendo su parte del trato. El 17 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda de 2018 presentada por la ciudad de Baltimore contra compañías de energía sucia por dañarla, al comercializar combustibles fósiles y ocultar sus daños. (El juez Samuel Alito tiene acciones en algunas de las empresas involucradas en la demanda y, por lo tanto, se recusó; la juez Amy Coney Barrett tiene vínculos familiares desde hace mucho tiempo con la industria petrolera, pero no se recusó en este caso). Ahora el caso volverá a los Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos. Los jueces no determinaron si las empresas de energía tienen el deber de compensar a las ciudades por los daños climáticos, sino que se centraron en la ruta que siguió el litigio: en los tribunales estatales frente a los tribunales federales. Las empresas en la demanda, incluidas ExxonMobil, Shell y BP, prefieren los tribunales federales, porque sus fallos tienden a ser más favorables para la industria; la ciudad de Baltimore prefiere los tribunales estatales, ya que los fallos de los tribunales locales tienden a ser más favorables para los litigantes más pequeños.
Luego, el 21 de mayo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dictaminó que el tan batallado oleoducto Dakota Access Pipeline podría continuar operando mientras se somete a una revisión ambiental del Army Corps of Engineers. El punto de la opinión, sin embargo, era que el gobierno federal, a través del Corps, podría haber ordenado el cierre del oleoducto hace meses si hubiera querido, pero en cambio dejó que la decisión recayera en los jueces federales, que sintieron que legalmente carecían de autoridad para determinar los daños reales causados por la tubería. Mientras tanto, el 26 de mayo la administración Biden presentó un escrito al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Alaska, en defensa de una iniciativa de la administración Trump que permitía a ConocoPhillips perforar en busca de petróleo y gas en el estado, como parte de un proyecto que produciría más de 100,000 barriles de petróleo al día durante las próximas tres décadas. Sin embargo, el actual gobierno estadounidense aún no ha dado su opinión sobre el gasoducto Line 3, aprobado por Trump y objeto de grandes protestas en Minnesota (cuyo gobierno estatal rechazó hacer una investigación adicional), o sobre la lucha por el gasoducto de la Línea 5 de Michigan, cuyo constructor, la empresa canadiense Enbridge, ha desobedecido la orden de noviembre de la gobernadora Gretchen Whitmer de cerrar la línea.
Todo esto demuestra un marcado contraste tanto con las promesas en torno a las energías limpias de Joe Biden, como con las medidas que otras naciones han adoptado para detener por completo nuevos programas de combustibles fósiles.
Los activistas del calentamiento global deberían celebrar las victorias recientes sobre las compañías de combustibles fósiles, pero aún está por verse si estas realmente marcan una nueva dirección para la industria del petróleo y el gas. Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, todavía está retrasando una acción nacional firme, permitiendo que los tribunales reboten los casos y dejando que sean las organizaciones de inversión ecológica, todavía principiantes, las que exijan responsabilidad a las empresas. Eso podría ser una mala señal incluso para los países que han tomado medidas más decisivas, todos los cuales son mucho más pequeños y no emiten tantos gases de efecto invernadero como Estados Unidos.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es editor en Slate.
