Las drásticas medidas aprobadas por el Gobierno de España con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo suponen un paso imprescindible para poder contener la propagación de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Pese a ser necesarias desde un punto de vista sanitario, la contundencia de estas restricciones, en particular del confinamiento de la población en sus hogares para extremar el distanciamiento social, pronto generó preocupación por su eventual impacto económico.
Es comprensible, porque las decisiones adoptadas suponen un riesgo real de que la economía española pueda entrar en colapso. Haciendo una analogía con la fisiología del cuerpo humano, podemos comparar el flujo de la economía con el sistema circulatorio. Para el normal funcionamiento del cuerpo, es crucial que el riego sanguíneo llegue de manera constante a cada órgano y capilarmente hasta cada célula. Cuando el flujo se detiene, los tejidos poco a poco mueren y, si no se produce una pronta recuperación, la muerte llega a todo el organismo.
Este es el primer riesgo frente al que tenemos que protegernos: que la crisis de liquidez acabe derivando en una crisis económica. El confinamiento implica la paralización de la actividad de empresas y trabajadores, lo que supone una caída de sus ingresos que puede dificultar el pago de sus obligaciones, provocando una cadena de impagos, quiebras y despidos que acabe por destruir una parte de la capacidad productiva. Para evitarlo debemos ser capaces de criogenizar la economía, esto es, reducir al mínimo posible su actividad, pero sin que entre en colapso.
Lograr este objetivo no es sencillo, porque en escenarios de tanta incertidumbre como el actual también existe un riesgo de contagio económico. Pensemos en otra analogía, en este caso, en un pánico bancario. Un banco puede estar en condiciones de funcionar con normalidad, pero si todos los clientes retiran el dinero al mismo tiempo, aunque sea simplemente por miedo, el banco quebrará. La quiebra de ese banco no solo provocará, sino que confirmará, el miedo de los clientes de otros bancos, que correrán a su vez a retirar sus ahorros, haciendo que estos también quiebren. Y cuantos más quiebren, más difícil será garantizar la liquidez del sistema, acercándose progresivamente al colapso.
Para frenar esta dinámica, es necesario que exista el convencimiento de que se tomarán todas las medidas necesarias, que serán suficientes y que funcionarán. Eso fue lo que logró Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, cuando en 2012, en el momento más álgido de la última crisis económica, declaró que: “El Banco Central Europeo está preparado para hacer todo lo que haga falta para preservar el euro. Y créanme, será suficiente”.
En definitiva, si queremos tener éxito en la lucha contra el virus, necesitamos transmitir que la economía cuenta con una “garantía ilimitada” que permita protegerla durante esta crisis; que convenza a todos los trabajadores de que las medidas sanitarias que se hayan de adoptar no pondrán en riesgo su empleo ni mermarán sus salarios; a todas las empresas y autónomos, que podrán hacer frente con normalidad a sus pagos y sus deudas y que ninguna de sus facturas quedará sin cobrar, por muy dura que sea la caída de sus ingresos; y a toda la población, que el Estado, como garante de último recurso, hará todo lo que esté en su mano para mantener el sistema.
Por fortuna, parece que cada vez más países empiezan a ser conscientes de la necesidad de este esfuerzo para paliar el impacto económico del virus. Así parece haberlo entendido Alemania, que hace unos días anunció 500.000 millones de euros para mantener el flujo de su economía mientras dure la amenaza del coronavirus; Francia, que ayer comprometió 300.000 millones con la misma finalidad; Estados Unidos, cuyo presidente ha solicitado formalmente al Congreso que disponga 850.000 millones de dólares; y también España, que hoy mismo acaba de anunciar la movilización de 200.000 millones, el 16% del PIB, la más importante de nuestro país en la historia reciente española, quizá de toda su historia.
En el caso de España, de forma muy similar al resto de países, esta cantidad ingente de recursos se dirigirá principalmente a financiar actuaciones en dos frentes. El primero busca asegurar en todo lo posible la protección del empleo mientras se mantengan las medidas extraordinarias en el ámbito sanitario. Así, se facilita la adopción de mecanismos de ajuste de la jornada, la implantación del teletrabajo y la conciliación para el cuidado de familiares.
También se flexibiliza el recurso a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como alternativa al despido, reconociendo a los trabajadores afectados la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia previo y sin que esta concesión cuente para el reconocimiento de futuras prestaciones, y bonificando las cotizaciones durante su vigencia para que las empresas no tengan que soportar ningún coste laboral. Por último, se ofrece un apoyo a los autónomos afectados por el virus, que podrán acceder a la protección por cese de actividad.
El segundo frente es el de la liquidez, con medidas dirigidas a garantizar el movimiento del flujo de la economía. En este sentido, se ha anunciado la disposición de 100.000 millones en avales y garantías públicas, que se espera puedan arrastrar entre 50 y 100 mil millones más procedentes del sector privado.
Aunque todavía es pronto para hacer ninguna valoración, al menos hasta que conozcamos los detalles de estas medidas, lo cierto es que el paquete anunciado responde, tanto por su naturaleza como por su magnitud, a ese concepto de “garantía ilimitada” que necesitamos en estos momentos. Aún es difícil saber si será suficiente, pero podemos estar convencidos de estar avanzando en la dirección correcta.
Es cierto que estas medidas comportan un coste elevado, pero no tomarlas cuanto antes, o no hacerlo con la suficiente contundencia, podría anular su efectividad y extender o profundizar los efectos de esta crisis, suponiendo a la larga un coste mucho mayor. A fin de cuentas, como recientemente afirmaba Olivier Blanchard, quien fuese economista jefe del FMI durante la última crisis económica, el mundo está de facto en guerra contra el coronavirus y, como demuestra la historia, en la guerra el déficit público no importa. Y así es. En este momento, nuestro único objetivo es y debe ser vencer al virus, y, por eso, es fundamental que la economía española aguante el golpe y se mantenga lo más indemne posible para la recuperación posterior. De lo demás, ya nos preocuparemos llegado el momento.
Ramón Mateo es economista.
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