Hace exactamente un año parecía que la economía mundial corría el peligro de un colapso como no había ocurrido desde la Gran Depresión. Ese riesgo parece haber sido conjurado. Pero, como en el caso de un enfermo que vio de cerca la muerte, la cura deja frecuentemente secuelas delicadas. El regreso a la normalidad puede ser lento y la terapia de recuperación es, frecuentemente, un reto para la paciencia y la disciplina del enfermo.
Resumiendo mucho, el sistema financiero mundial estuvo al borde del colapso, éste fue rescatado por los gobiernos de muchos países industrializados, y ahora son éstos los que están quebrando. El problema fiscal es sustancial y su potencial solución (no es un hecho que se resolverá) tendrá que ser el resultado de varias décadas de sacrificio.
Esta crisis fiscal sólo exacerba una situación que ya era grave, porque –siendo simplista nuevamente– ya íbamos a pagar por excesos pasados: los gobiernos anteriores hicieron compromisos insensatos que algún día, cuando ellos ya estuvieran fuera del escenario, se volverían insostenibles. Ese día, finalmente, se acerca.
En mi opinión, esta situación pondrá de manifiesto las enormes limitaciones políticas y la grotesca falta de liderazgo que prevalece en el mundo, donde los políticos de hoy, lejos de tomar al toro por los cuernos y enfrentar a la sociedad para que comprenda la gravedad de la situación, quieren recurrir a las mismas soluciones negligentes de sus predecesores. Obama, por ejemplo, ante la inminente quiebra de programas gubernamentales como Medicare, propone sacar recursos de éste para fondear con esos recursos su legado potencial: la reforma al sistema de salud.
En medio de una encarnizada lucha legislativa en la cual senado y congreso han ofrecido sus propuestas, Obama propone adoptar las medidas más populistas de ambas versiones con el objeto de facilitar su aprobación. ¿El resultado? Un monumento a la irresponsabilidad fiscal que costará cien mil millones de dólares más que la opción del senado, que era la más cara de las dos. ¿Cómo pagarla? No nos preocupemos de esos “detalles” ahora. Dejemos que llueva sobre mojado. La propuesta impone un costo fiscal adicional de un billón (millón de millones) de dólares más y el nuevo impuesto con el que se financiaría (el llamado impuesto a los planes “Cadillac”) se pospone hasta 2018. Seguramente, los congresistas de ese entonces estarán deleitados de asumir el costo político que tratan hoy de evitar sus colegas del congreso de 2010.
La Oficina Presupuestal del Congreso, CBO (por sus siglas en inglés) pronostica que el presupuesto de Estados Unidos nunca volverá a balancearse, lo cual es escandaloso considerando que éste logró “balancearse” en la época de Bill Clinton (aunque esa conquista es cuestionable, dado que el presupuesto deja fuera el costo de “entitlements”, es decir, programas donde el gobierno se compromete a gastar, como Medicare, Medicaid, el Seguro Social, etcétera).
Ante la emergencia, los senadores estadounidenses decidieron reunirse a discutir, de una vez por todas, una amplia reforma fiscal. Para definir la agenda, la primera pregunta fue si una potencial reforma al Seguro Social sería parte del debate, y en una votación se manifestaron por 97 votos a cero en contra de hacerlo.
En un país en el que tres cuartas partes del presupuesto irá a parar a los “entitlements”, para cubrir el costo de la deuda que ha emitido el gobierno (el cual sólo puede subir conforme lo hagan las tasas de interés y la Reserva Federal revierta su colosal compra de bonos gubernamentales), y en gasto militar, asumir que sólo una cuarta parte del gasto total puede ser discutido es kafkiano. ¿A qué se dedicará esa solemne comisión legislativa, a tratar de comprar clips más baratos?
En un mundo en el que, por motivos políticos, el gasto público es intocable, la única alternativa es tratar de cerrar el déficit incrementando el cobro de impuestos.
Pero ese proceso no es trivial por varios motivos. Primero, en países como Grecia o México el tamaño de la economía informal presenta un gran problema. Eso lleva a que al causante cautivo se le crucifique antes que se decida asumir el costo político de incrementar la base de contribuyentes. El segundo reto es convencer a los políticos de que a la larga sólo hacen sentido los impuestos generales parejos y de fácil cobro, los llamados flat taxes.
Olvidémonos por un momento de la demagogia que nos dice que “los ricos deben pagar impuestos y los pobres no”. Suena lógico y romántico. Sin embargo, es poco realista y peligroso.
Poco realista porque hay que darnos cuenta de que los complicadísimos códigos fiscales, que parecen enturbiarse más todos los días, son una mina de oro para abogados y contadores fiscalistas que, por un jugoso pago de por medio, encuentran siempre forma de minimizar y diferir impuestos. Siendo objetivos, acaba siendo la clase media –con menos recursos a su alcance– la que paga porcentajes altos como proporción de su ingresos.
Segundo, la carga fiscal es soportada cada vez por menos causantes. Sí, esa condición es el reflejo de una polarización en los ingresos (en Estados Unidos, al principio de los ochenta el presidente de una gran corporación ganaba 27 veces más que un empleado promedio, hoy en día gana 270 veces más), pero es alarmante que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, más de 25% de la recaudación fiscal proviene de los 30 individuos que más pagan. A nivel nacional, el 1% que más gana paga 40% de la recaudación nacional de impuesto sobre la renta, y el 50% que menos gana paga 3%.
En mi opinión, lo alarmante es que 60% de los contribuyentes no pagarán impuesto alguno, o pagarán a lo mucho 5% de su ingreso total. Y es justo esta condición la que lleva a que la gran mayoría no se preocupe de que el problema presupuestal se cierre por la parte del gasto. Si no es mi dinero el que está gastando el gobierno, privilegiaré que gasten más cada día. Esa mentalidad ha provocado un incremento descomunal en el tamaño de las burocracias, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.
Como dice el analista George Will, el mayor error que cometió el presidente Lincoln fue crear el Departamento de Agricultura. Cualquier sentido que haya podido tener esta dependencia en el siglo XIX, cuando la población era principalmente rural, no lo tiene hoy, cuando la población es urbana, los ingresos que provienen del campo son históricamente altos y Estados Unidos se alimenta de sobra, exporta sus excedentes a precios récord; aún así, los agricultores siguen recibiendo subsidios. Cuando ese departamento se formó, tenía un empleado por cada 227 mil agricultores, hoy hay uno por cada 19. En tono de burla, Will dice que el otro día vio a un empleado del Departamento que caminaba llorando desolado por las calles de Washington. Cuando el analista se acercó a preguntar la razón de su desdicha, resultó que el agricultor que le tocaba a ese empleado había muerto.
En un país donde la mayoría no paga impuestos y espera recibir las generosas ofrendas del Estado, el pueblo estará eventualmente desmotivado para esforzarse y se acostumbrará simplemente a estirar la mano para pedir, volviéndose “clientes” de los políticos en un quid pro quo peligroso que acaba matando cualquier espíritu empresarial en donde el riesgo de invertir vale cada vez menos la pena, pues uno acaba trabajando para el Estado.
Como el mismo Will dice, la regla que debe aplicarse es la del “lunes y martes”: uno debe llegar a trabajar el lunes, sabiendo que ese día es para el gobierno, quizá pequeña parte del martes en el caso de quienes más tienen, pero de ahí en adelante el trabajo es para uno.
Nadie lava un coche alquilado. El pueblo sólo exigirá eficiencia en el gasto público si percibe que el gobierno se está gastando el dinero que es de ellos; en la medida en que sea de otro, mientras más gaste, mejor.
Considerando que el 100% de los asientos del congreso estadounidense están en juego en las elecciones de este noviembre, no es sorprendente que la irresponsabilidad fiscal esté llegando a límites extremos.
Es columnista en el periódico Reforma.
