El venezolano Ricardo Hausmann (1956), economista experto en temas de desarrollo, es director del Laboratorio de Crecimiento del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y Rafik Hariri Professor of the Practice of International Political Economy. Se desempeñó como ministro de Planificación de Venezuela y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación (1992-1993) durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y, posteriormente, como economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (1994-2000). Ha recibido el Premio a la Economía 2023 de la Unión Europea y es el creador de términos consagrados en este campo del conocimiento, al estilo de “pecado original”, concepto que refiere a los casos en que un país se endeuda en el exterior con una moneda extranjera como el dólar y la deuda se encarece en caso de depreciación de la moneda nacional. La heterodoxia, un enfoque interdisciplinario de las políticas económicas enemigo de recetas de aplicación universal, ha marcado su prolífica carrera. En su obra convergen la macroeconomía, la microeconomía, la econometría, las finanzas, la sociología, la historia, la filosofía, la psicología, la física, e, incluso, la geometría fractal.
Ha sido acusado de “derechista” y “neoliberal” por el actual gobierno de Venezuela, al que ha cuestionado por haber provocado la peor crisis económica del hemisferio. Haussman rechaza estas dos acusaciones. En primer lugar, afirma que cada país cuenta con factores históricos, culturales y económicos propios que deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar alternativas de desarrollo; y, en segundo, insiste en la idea de que el Estado y el sector privado deben interactuar para que los países puedan prosperar, como en el caso de Albania, a cuyo gobierno asesoró. Para este experto, la clave de la superación de la pobreza en América Latina está en la inversión estratégica en tecnología acompañada de políticas públicas eficientes, que conecten a la población tanto a las redes productivas como a las cadenas de valor. Es firme partidario de las soluciones tecnológicas a problemas de vieja data: por ejemplo, tecnologías como el teléfono celular han servido en países africanos para la bancarización de la población y las células fotovoltaicas han llevado energía eléctrica a zonas remotas. Además, a diferencia de otros pensadores que preconizan que los países más pobres no deben privarse de los combustibles fósiles, Haussman apuesta al crecimiento con energías limpias.
¿Por qué las brechas sociodemográficas entre Estados Unidos y América Latina se han reducido y la tecnológica no?
Las brechas sociodemográficas entre Estados Unidos y Latinoamérica se han ido cerrando en varios terrenos: expectativa de vida, tasas de fertilidad, cobertura universitaria, participación femenina en el mercado laboral y urbanización. ¿En qué nos diferenciamos radicalmente? En el ingreso per cápita; tal diferencia ha crecido, sin ninguna tendencia a cerrarse. ¿Cómo es posible que se estrechen todas las brechas desde el punto de vista sociodemográfico y no la del ingreso? Porque la brecha tecnológica con Estados Unidos se ha estado ampliando y ha compensado el cierre de todas las demás. Entonces, la base del problema de América Latina es el bajo crecimiento económico, relacionado con la escasa incorporación de tecnología. Supuestamente esta incorporación iba a ocurrir naturalmente a medida que la cobertura educativa de la población aumentase, pero seguimos a la zaga. Estados Unidos ha estado inventando tecnología a una velocidad que ha excedido nuestra capacidad de adopción de la misma. Es como decir que el mundo está escribiendo libros más rápido de lo que los podemos leer cuando, en teoría, leer es más rápido que escribir. Adaptar, adoptar, imitar y copiar deberían ser más fácil que inventar. ¿Resultados? Si bien nuestras tasas de cobertura en educación universitaria no son tan diferentes a las de Estados Unidos, apenas tenemos el 2% de su tasa de creación de patentes y con tendencia a la baja.
Las políticas que permiten que los mercados funcionen pueden tener muchos beneficios; sin embargo, no son suficientes para facilitar la adopción tecnológica. Incluso en los países ricos ha habido un retorno a la política industrial con el fin de facilitar el desarrollo en esta materia. Nuestra región requiere de políticas similares porque el mundo de hoy funciona en cadenas de valor (actividades que abarcan desde el diseño del producto hasta su distribución al consumidor final) y no hay otra alternativa que participar en tales cadenas. La pregunta es: ¿qué rol se juega dentro de la cadena y cómo se puede expandir ese rol? Se puede ser el centro –el hub– de la cadena de valor o se puede ser el spoke, el satélite. China empezó haciendo joint ventures, alianzas con grandes empresas estadounidenses y de otros países occidentales. Después empezó a generar sus propias empresas: hoy en día BYD es la mayor compañía de automóviles eléctricos en el mundo. Por supuesto, China no llegó a ser el hub de la noche a la mañana; lo hizo participando en las cadenas de valor y renovando su rol dentro de ellas.
Usted ha dicho que el bajo crecimiento en América Latina es a menudo el resultado de una forma particular de exclusión; por ejemplo, la falta de acceso a una distribución eficiente del agua potable, al servicio eléctrico y a las vías de transporte y comunicación del país.
Con el covid-19 descubrimos que lo que hacíamos en la oficina lo podemos hacer desde casa. Eso ha permitido que se hagan muchas cosas de manera remota y que la gente pueda conectarse con muchas oportunidades de empleo sin tener que usar el sistema de transporte, siempre y cuando tengan acceso al mundo digital. Ahora bien, este tipo de oportunidades han estado más centradas en trabajos más calificados y por lo tanto han beneficiado al sector con mayores niveles de educación. En cambio, para otros sectores de la población es importante la inserción en las redes productivas –el conjunto de conocimientos, habilidades y tecnologías que tienen las personas, equipos de trabajo y las empresas en una región–, no solo desde el punto de vista de la participación en el mercado laboral, sino también desde la perspectiva de las redes de transporte, servicios públicos y telecomunicaciones.
Uno de los problemas típicos de América Latina es que la política habitacional ha estado centrada en la construcción de viviendas con unas condiciones mínimas de calidad, localizadas en lugares muy remotos donde la tierra es muy barata. La razón del bajo costo es que se trata de zonas desconectadas; en consecuencia, la gente tiene que enfrentar unos trayectos al trabajo que toman horas, viéndose forzada a buscar otras alternativas como el trabajo informal, lo que ahonda la diferencia de ingreso. Las políticas orientadas al desarrollo tecnológico transforman el entorno al crear una red de servicios públicos necesarios para que la población pueda desenvolverse económicamente. Hay una diferencia importante entre políticas de redistribución y políticas de inclusión: la redistribución es en cierto sentido paliativa y la inclusión es curativa.
América Latina tiene una productividad particularmente baja para estándares internacionales, situación que se refleja en los índices de pobreza. ¿Usted cree que un retorno a la política industrial puede levantar esas tasas de productividad e incidir en el cambio de tales índices?
Las altas tasas de productividad reducen la pobreza en el contexto de una visión integral del desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo acuñó el término “políticas de desarrollo productivo”, me parece para quitarse el estigma de las políticas industriales de viejo cuño. En todo caso, un buen ejemplo en este sentido serían las políticas de Estados Unidos a favor de las industrias verdes o de los semiconductores. Seguramente en América Latina tales políticas no contarán con el mismo diseño ni el mismo presupuesto, pero pueden llevarse a cabo en otra escala. Solo este tipo de medidas podría resolver otro drama de América Latina: la gigantesca diferencia espacial de ingresos. Si se toma el caso de México, Nuevo León es seis veces más rico que Chiapas; tales diferencias de ingresos entre un mismo país no se ven a menudo. En Chiapas, Tuxtla Gutiérrez –que es la capital– y Tapachula son ocho veces más ricos que los municipios más pobres como Motozintla u Ocosingo. Cuando se trata de explicar por qué hay esas gigantescas diferencias de ingreso en México, se suele apelar a argumentos como la existencia de zonas rurales, la población indígena o menores tasas de educación. No: la razón estriba en un menor desarrollo tecnológico y de generación de conocimiento, unidos a una deficiente provisión de bienes públicos. Se suma a este cuadro los costos demasiado altos, desde el punto de vista jurídico y fiscal, para las empresas pequeñas que pretendan formalizarse; no hay que olvidar que estas constituyen una importante fuente de empleo en una época de pérdida de puestos de trabajo.
“Hay una diferencia importante entre políticas de redistribución y políticas de inclusión: la redistribución es en cierto sentido paliativa y la inclusión es curativa.”
¿Podría extenderse respecto al caso de Chiapas?
Llevé a cabo un estudio en el que analizamos el caso de los chiapanecos, nacidos y educados en Chiapas, que se fueron a trabajar a otro sitio en México. Los comparamos con los mexicanos no chiapanecos que también emigraron fuera de su estado y lo que encontramos fue que los chiapanecos en Chiapas ganan alrededor de la mitad de un mexicano promedio y los chiapanecos que se van de su estado ganan lo mismo que otro mexicano que también emigró fuera del suyo. El problema no son los chiapanecos, el problema es Chiapas. Es decir, no se trata de invertir en la persona sino de invertir en el lugar, en vista de la ausencia de las redes productivas. Un chiapaneco en un sitio donde están las redes necesarias es perfectamente productivo. Entonces quizás la desigualdad más importante de América Latina no es la desigualdad de ingreso, el hecho de que a unos les toque un porcentaje grande del ingreso y a otros uno muy pequeño. Siempre imaginamos el ingreso como si fuera un pastel con tajadas muy grandes o muy pequeñas; en realidad, se hornean pasteles de tamaños distintos. Hay una gigantesca desigualdad en la productividad y detrás de esa gigantesca desigualdad en la productividad está la desigualdad tecnológica y una baja socialización del conocimiento necesario para el mejoramiento de la sociedad y de la economía.
Aparte de las políticas de inclusión que ha mencionado, usted siempre insiste en que para superar la pobreza es indispensable el capital humano, dentro de un marco de acción que requiere tanto del Estado como del sector privado.
El Estado y el sector privado son complementarios, no pueden sustituirse el uno al otro. Si una persona se compra un automóvil requiere de vialidad, además de reglamentos, señales y policías de tránsito, carreteras, etc. Cada tecnología vive en un espacio de bienes públicos. En Hermosillo, México, están tratando de participar en el desarrollo de chips que está ocurriendo en Arizona a través del CHIPS Act de Estados Unidos. Los gobiernos locales, estatal y federal tienen que invertir en infraestructura para que esa inversión colabore con el desarrollo de la región. Pero los gobiernos no ven la tecnología como un aspecto estratégico como lo ve el gobierno estadounidense, que se gasta su buen dinero en tecnologías biomédicas, de defensa, de energía, y de telecomunicaciones, además de apoyar el sistema universitario y de investigación en estos rubros. Nosotros la tendríamos más fácil porque lo que necesitamos no es reinventar la rueda sino facilitar la adopción. Pero no está en el radar; por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue anunciar una gran reducción de sueldos de los empleados públicos más calificados porque él se bajó el sueldo como presidente y dijo que todos tenían que ganar menos que él. Ahí hubo una estampida de mucho talento humano.
Un gobierno responsable requiere de la gente más preparada, la cual tiene opciones en la vida. Si se le paga menos de lo que estas personas creen que pueden obtener, entonces el Estado los pierde. Un Estado que se proponga proveer seguridad, justicia y bienes públicos está obligado a atraer a la burocracia el talento que necesita y eso es exactamente lo contrario de lo que hizo la administración actual. Otro caso: lo que sucedió en Venezuela con Petróleos de Venezuela (PDVSA). El Estado no quiso reconocer las reglas meritocráticas de la empresa. Los empleados se fueron a huelga en el año 2002 y el gobierno expulsó a 20,000 de 34,000 trabajadores, empezando por los de mayor jerarquía. Eso llevó a una pérdida gigantesca de capital humano con el consiguiente colapso de la industria petrolera. Básicamente es lo mismo que terminó ocurriendo con muchas de las nacionalizaciones que se hicieron en Venezuela a partir de la victoria de Hugo Chávez en 1998; el gobierno creyó que al ser el Estado el administrador de la renta petrolera podía manejar la producción, pero se necesita el know how, el saber hacer. Tú no puedes expropiar el cerebro de la gente –los involucras o los pierdes– y ese desprecio por el know how le ha terminado saliendo costosísimo a muchos gobiernos de América Latina, especialmente a los gobiernos de izquierdas.
Según el Banco Mundial, el programa Bolsa Familia del gobierno de Lula da Silva –que hace transferencias directas a familias vulnerables a condición de que sus hijos asistan a la escuela y hagan los programas de vacunación– llevó a una reducción de la mitad de la pobreza en Brasil. ¿Debería replicarse este programa en otros países o se deben pensar ya en modelos nuevos?
Los programas de transferencia condicionada se inventaron en América Latina. México creó el programa Progresa, que ha sobrevivido a pesar de los cambios de gobierno con distintos nombres (Prospera, Becas del Bienestar). Se trata de políticas orientadas a la distribución, no a la inclusión. Esto no quiere decir que yo esté en contra de los programas redistributivos, pero quisiera ver un menú más completo de intervenciones y que después podamos decidir cuáles nos traerán más prosperidad. Es obvio que la existencia de niños malnutridos es un costo para toda la sociedad; sería un crimen tolerarlo porque un niño malnutrido va a tener deficiencias cognoscitivas, una desventaja muy grande de cara al mercado laboral y a la educación. La tarea, en una región con gigantes desigualdades de productividad, debería ser incluir los programas redistributivos en una estrategia más completa de inclusión social productiva. ~
es un periodista y politólogo venezolano graduado de la Universidad de Boston. Ha escrito para varios medios internacionales y actualmente es editor en Caracas Chronicles.
