Empecemos por el principio: Santiago Levy es, por mucho, el economista mexicano más completo de su generación. Con una muy sólida formación académica y una importante trayectoria como profesor, investigador y servidor público, Santiago Levy ha sido pieza fundamental en algunas de las decisiones económicas más importantes que se han tomado en el país en los últimos años. Destaca su papel como artífice, promotor y primer presidente de la Comisión Federal de Competencia en México, así como un importantísimo estudio por él realizado (“La pobreza extrema en México: una propuesta de política”, Estudios Económicos, 1991) que fue sustento y origen del mundialmente reconocido programa Progresa (acrónimo del Programa de Educación, Salud y Alimentación, hoy conocido como Oportunidades), el cual ha sido la base, a su vez, de muchos otros programas similares en diversas partes del mundo. En parte por estos logros, se explica que Santiago Levy sea hoy en día uno de los economistas mexicanos más reconocidos en el mundo y que actualmente funja como vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
En este nuevo libro, Santiago Levy nos muestra una vez más su rigor y capacidad analítica, así como su habilidad para encontrar y articular soluciones concretas a problemas específicos. El autor establece de manera muy precisa y coherente un marco teórico y analítico en el cual identifica los vínculos existentes entre la política fiscal (que se recarga fuertemente en los trabajadores y empresas del sector formal de la economía, encareciendo así la creación de este tipo de empleos), la política laboral (que da un tratamiento muy distinto al trabajo asalariado y al no asalariado y que, en la práctica, penaliza fuertemente al primero), la política social (que, al establecer programas de acceso libre como el Seguro Popular, podría generar incentivos para que ciertos trabajadores permanezcan o transiten hacia la informalidad), la baja productividad (típica de las empresas pequeñas e informales) y el bajo crecimiento económico que se ha observado en México en los últimos años (resultado, entre otras cosas, de la proliferación de empresas informales de baja productividad y sin incentivos para crecer).
Así, con base en un diagnóstico muy completo e integrado de algunos de los problemas económicos más importantes del país, Santiago Levy nos conduce, lenta pero sostenidamente, a través de una sólida argumentación teórica, apoyada con una cierta evidencia empírica, a lo largo de los diversos temas que se abordan en el libro: las instituciones laborales y los programas sociales, la formalidad e informalidad económica, la valoración de los programas sociales por los trabajadores, la relación entre programas sociales y pobreza, la movilidad laboral, los programas sociales y la productividad, la productividad y la ilegalidad, la inversión y la informalidad, los programas sociales y las cuentas fiscales y, finalmente, una propuesta que combina elementos de política social y económica que, de acuerdo al autor, podrían aumentar en forma simultánea el bienestar y el crecimiento económico. Desafortunadamente para los lectores no especialistas, a partir del capítulo 3 del libro el tono y la cadencia del trabajo se tornan a ratos demasiado complejos y abundantes en tecnicismos y, aunque el autor trata casi siempre de reforzar la intuición económica detrás de sus argumentos, no siempre lo consigue.
Así, después de una larga exposición sobre los temas antes mencionados, los resultados de su análisis llevan a Levy a plantear una propuesta básica de reforma de la política social y económica que conduciría al otorgamiento de una serie de derechos sociales a todos los trabajadores (seguros de salud, vida e invalidez, así como una pensión por retiro), algunos derechos sociales exclusivos para trabajadores asalariados (seguro de riesgos de trabajo e indemnizaciones por despido) y una gama de prestaciones sociales (que no derechos) para todos los trabajadores, sean asalariados o no (créditos para vivienda, guarderías, centros deportivos y culturales, etcétera). Dado que una reforma de esta naturaleza implicaría un importante aumento en el gasto público, Levy propone financiarla mediante la eliminación de los regímenes especiales del iva (es decir, mediante la eliminación, entre otras cosas, de las tasas que exentan del pago de este impuesto a alimentos y medicinas). Con los recursos recabados, Levy propone no solo financiar el paquete de derechos sociales antes mencionado, sino que además esto permitiría mantener un programa social como Oportunidades y realizar una transferencia directa por un monto fijo a todos los trabajadores que permitiría compensarlos por los costos de la generalización del iva. De acuerdo a las estimaciones de Levy, esta compensación, al quedar definida en montos absolutos y ser igual para todos los trabajadores, sería eminentemente redistributiva, ya que los trabajadores de menores ingresos recibirían más de lo que pagarían adicionalmente por concepto de iva, mientras que lo contrario ocurriría con los trabajadores de mayores ingresos. Esta es, en síntesis, la famosa Propuesta Levy que ya ha sido adoptada tanto por reconocidos intelectuales como por algunos políticos y que se ha empezado a discutir en distintos medios académicos y de política pública.
Hay al menos tres dimensiones en las que difiero parcialmente del análisis de Santiago Levy: primero, en su premisa de que los trabajadores “eligen” en qué mercado trabajar, en el formal o en el informal, ya que alguna evidencia empírica sugiere que los trabajadores del sector informal por lo general ganan menos (no más) que sus contrapartes en el sector formal, por lo que es más probable que los trabajadores que no encuentran trabajo en la formalidad opten, como un mecanismo de escape, por trabajar en la informalidad; segundo, en su argumento, en ocasiones implícito, de que una reforma integral se justifica básicamente como un mecanismo para aumentar la productividad de la economía en su conjunto y no como un tema meramente ético y de justicia social que esté basado en el principio de garantizar ciertos derechos sociales exigibles para toda la población; y, tercero, en su idea fundamental de que la forma más apropiada de financiar la nueva reforma sea única o primordialmente a partir de una generalización del impuesto al consumo (iva), ya que considero que, en un país con una desigualdad tan grande como el nuestro (en donde el 10% más rico de la población concentra más del 40% del ingreso), no deberíamos descartar los impuestos directos (isr) como una forma adicional de financiamiento, sobre todo considerando que en este otro tipo
de impuestos también hay múltiples exenciones y un cierto margen para hacerlo aún más progresivo. A la propuesta de Levy también se le pueden modificar o agregar algunos otros aspectos fundamentales, como podría ser, por ejemplo, la necesidad de incorporar un esquema específico de seguro de desempleo que, además de fungir como un mecanismo de protección social, podría ayudar como un elemento de política contracíclica que permitiría atenuar los efectos negativos de las recesiones. En todo caso, las diferencias mencionadas son fundamentalmente de grado y no de fondo y no me llevan a cuestionar en lo general la propuesta de Levy. En última instancia, se trata de elementos que habría que incorporar a la discusión futura sobre una reforma de esta naturaleza.
Así pues, independientemente de los desacuerdos o diferencias que se puedan tener con las premisas o las conclusiones de este trabajo, su gran virtud es que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de salirnos y alejarnos de la discusión de las reformas económicas individuales o aisladas (que, por lo demás, casi siempre conducen a una confrontación ideológica estéril) y nos invita a pensar en términos de una gran reforma integral que corrija en forma simultánea varias distorsiones existentes en nuestra economía y que, al mismo tiempo, nos permita construir una muy necesaria red de seguridad y protección social en el país. En ese sentido, el trabajo de Santiago Levy nos enseña que las mentadas y anheladas reformas estructurales que requiere el país son en realidad solo una: una gran reforma Laboral-Fiscal-Social, que vaya más o menos en las líneas esbozadas por el autor. Cualquier otra forma de abordar el tema muy posiblemente estará condenada al fracaso desde su discusión misma o, en caso de aprobarse, en su implementación, ya que el alcance e impacto de cualquier reforma aislada sería mínimo comparado con lo que podría lograrse con una reforma integral. Y el habernos convencido de esto es, por sí mismo, la contribución más importante de este interesante trabajo de Santiago Levy. ~
Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México y Profesor Visitante en la Universidad de Chicago.
