Los recientes escándalos de Duarte, Padrés y Borge han evidenciado, una vez más, el desmesurado poder que tienen los mandatarios estatales y la opacidad con la que manejan los recursos públicos. Un combate cabal de la corrupción tendría que sancionar esas faltas, sin depender de la voluntad de los actores políticos de las entidades. Este número examina cuáles son las dinámicas locales que protegen la discrecionalidad y describe los retos prácticos a los que se enfrentan quienes encabezan las instancias anticorrupción.