Todos los populismos coinciden en su falta de honestidad: prometen recetas simplificadoras ante realidades sociales complejas. Es una estrategia, no una torpeza. Por grande que sea el esfuerzo mediático no es una maniobra indemne. Tiene consecuencias y fecha de caducidad. Lo peor que se puede hacer en estos casos es fingir que aquello que se prometió en la oposición sigue siendo vinculante en el gobierno. Ya es una mala señal que esto enfade, pero todavía es mucho peor que se vislumbre la tendencia de muchas formaciones políticas a tomar a la ciudadanía como si fuera menor de edad.
Ahora ha vuelto a pasar con la futura Ley Trans. El proyecto sigue en el aire y con ello la polémica renueva una temporada más. Si bien el gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) se comprometió, como recoge su acuerdo programático, a aprobar la Ley Trans, el asunto se sumerge en la ambigüedad y continúa dilatándose en el tiempo.
En las últimas semanas, fuentes del Ministerio de Igualdad han manifestado a varios medios que los derechos de las personas trans pasan por la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género. Semejantes declaraciones pueden entenderse en un doble sentido. Por un lado, son una respuesta elegante al argumentario de la Secretaría de Igualdad del PSOE, que rechaza, entre otras cuestiones, la autodeterminación de género por carecer de “entidad jurídica”.
Por otro lado, se pretende poner en valor el bloque programático del gobierno. No obstante, esta última cuestión es bastante tramposa. En lo que respecta al paquete de medidas a favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad no se señala en ninguna ocasión que esto incluya reconocer la autodeterminación de género.
Asimismo, el Ministerio de Igualdad ha puesto ahora en marcha una mesa de trabajo para consensuar el proyecto de Ley Trans. La iniciativa, lejos de ser bien recibida, ha despertado muchas desconfianzas en la Federación Plataforma Trans, responsable del borrador.
Hay que recordar que, pese a que la propuesta de Ley Trans decayó al disolverse las Cortes, el texto fue registrado el 23 de febrero de 2018 por el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea. Entonces, la formación morada estaba en la oposición e Irene Montero, actual ministra de Igualdad, señalaba como “histórico” el registro de dicha proposición de ley. Por eso ahora suena verdaderamente extraño que, con la cartera de Igualdad y al tratarse de un texto de sobra conocido, quiera consensuar, valga la redundancia, lo que ya estaba consensuado.
En un principio, el populismo característico de Podemos supo canalizar muy bien el descontento y el malestar del colectivo trans en España. Teniendo en cuenta la represión, la tortura y la criminalización que habían sufrido las personas trans durante el franquismo el texto venía a reparar una deuda histórica. Era, en cierto sentido, responder a un anhelo de democracia. Pero la cosa no quedaba ahí. El hecho de ser los padrinos del anteproyecto de Ley Trans constituía un nuevo instrumento electoral al alcance de la ciudadanía. Podemos disputaba al PSOE el estatus de partido LGTBI friendly y se convertía en la antítesis de aquellos sectores conservadores que defendían “los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, que no te engañen”.
Obviamente, sus alianzas con el movimiento trans, al igual que con otros movimientos sociales, le sirvieron para reforzar su proyecto político. Estas alianzas, de carácter instrumentalista, vendían una imagen de partido y anticipaban una nueva puerta giratoria: miembros de Unidas Podemos que antes eran la cabeza visible de asociaciones LGTBI se postulaban para formar parte del equipo de gobierno. Este es el caso, por ejemplo, de Boti Rodrigo, actual directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que fue anteriormente presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELGTB). Sin embargo, una vez en el poder, el partido que decía ser la voz de la gente y del cambio, muestra su particular hipocresía. Y ya se sabe, ninguna hipocresía sirve para convencer.
Quiero añadir que, a diferencia de lo que sostiene la formación de Abascal, la hipocresía de Unidas Podemos no se basa en un odio o rechazo a las personas trans. Estoy convencida de que Irene Montero y Boti Rodrigo creen en la necesidad de una ley específica que garantice la libre autodeterminación de la identidad sexual. La cuestión es que el proyecto de Ley Trans es inviable jurídicamente por motivos de forma y fondo, pero también un asunto incómodo que divide al gobierno de coalición. ¿Por qué retrasar la revisión por parte de los servicios jurídicos? ¿Se quiere evitar en el Ejecutivo un enfrentamiento directo con la vicepresidenta, Carmen Calvo, la cual firmó contra la autodeterminación de género, principio en el que se sustenta la Ley Trans? Al no llevar la ley a trámite, ¿está evitando Irene Montero que el PSOE vote abiertamente en contra a cambio de ceder en otros intereses?
Varias voces trans insisten en que es un texto con un importante “blindaje científico y social”, pero no es del todo cierto. Para empezar el texto no alude a ningún estudio científico. Además, basta con leer el preámbulo del anteproyecto de ley para darse cuenta de sus ambigüedades terminológicas y sus incoherencias técnico-jurídicas. Es un texto que necesita mejorar e, indudablemente, esa mejora pasa por rebajar algunos aspectos y precisar otros, por ejemplo, el cupo laboral trans en el sector público y los incentivos de contratación en el sector privado, el delito de odio por transfobia o qué se entiende por ‘perspectiva trans’, entre otras cuestiones. Sin duda, plantear esto no debe ser nada fácil para el equipo de Montero, que lleva años jugando con las expectativas de un colectivo.
No sé si Unidas Podemos, cuando registró el anteproyecto de Ley Trans en 2018, ignoraba estas cuestiones o por el contrario, conocedores de estas, no tuvieron ningún pudor en registrar la propuesta. Sea como sea, las vueltas que está dando con respecto a este tema ahora que está en el gobierno son incomprensibles. De hecho, llama poderosamente la atención que mientras que la Ley de Igualdad LGTBI impulsada por la FELGTB ha sido enviada al trámite de consulta pública, la Ley Trans sigue aplazándose.
Al respecto, no debería pasar desapercibido que ni siquiera cuentan con un calendario concreto para la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros. Es lógico que el colectivo trans no se fíe. Ahora le corresponde a Montero sustituir la palabrería que busca ganar tiempo por acciones reales. Los discursos en los que exhibe un empático sentimiento hacia la población trans son ya un mero ejercicio de propaganda. Su perfil como ministra defensora de la “diversidad” está en horas bajas. Es bastante improbable que rechace la Ley Trans y ponga impedimentos para dialogar con el colectivo. Pero sí existen muchas posibilidades de que la cartera de Montero vaya a marear el asunto hasta agotar la legislatura. ¿Es este inmovilismo una muestra de que ya no sirve para lo que debería?
Loola Pérez es graduada en filosofía, sexóloga y autora de Maldita feminista (Seix Barral, 2020).
