La relación entre México y Estados Unidos bajo un segundo mandato de Donald Trump es incierta. En el mejor de los casos, podría repetirse la dinámica del primer gobierno, en el que muchas de sus promesas quedaron sin cumplirse por barreras legales, la oposición del Congreso y la falta de eficiencia de su administración. No parece muy probable, toda vez que Trump asumirá el poder con el control del Senado e incluso quizás la Cámara de Representantes, y con una mayoría conservadora en la Suprema Corte, lo que le permitirá hacer avanzar su agenda sin mucha oposición en el corto plazo, más allá de los gobernadores y las cortes federales. Además, el presidente republicano interpreta su triunfo como un mandato y buscará implementar sus propuestas más radicales en la primera mitad del período. Por supuesto, en política nada es para siempre; si los demócratas recuperan la mayoría de la Cámara de Representantes en 2026 es muy probable que el poder de Trump esté sustancialmente limitado hasta el final de su presidencia, pero eso solo será posible tras dos años de un gobierno republicano desenfrenado.
Así que México se enfrenta con un presidente estadounidense con mayor poder que en 2017 y la administración de Claudia Sheinbaum debe prepararse para el desafío. Una ventaja es la presencia en el gabinete de figuras como Marcelo Ebrard, quien cuenta con la experiencia de negociar previamente con la administración de Trump. Su familiaridad con las formas de operar del equipo republicano podría facilitar la comunicación y el acceso del gobierno al círculo cercano de la oficina oval. Sin embargo, la experiencia pasada no garantiza el éxito. Si Trump se enfoca en temas recurrentes de su campaña, como los aranceles, un estricto control migratorio y recortes de impuestos, cabe esperar cambios negativos para México.
La agenda migratoria de la nueva administración se ha centrado en la promesa de iniciar deportaciones masivas, aunque su implementación será complicada. Según el American Immigration Council, deportar a 11 millones de personas sin residencia legal costaría al menos 315 mil millones de dólares y requeriría contratar entre 220,000 y 409,000 empleados adicionales, un esfuerzo que parece difícil en el corto plazo. No obstante, Trump podría controlar los flujos migratorios mediante órdenes ejecutivas, como lo hizo en 2017 con su muslim ban, y esta vez la administración podría prepararse mejor para evitar la intervención judicial. Además, algunos legisladores republicanos ya han sugerido que reforzar la seguridad fronteriza será una prioridad legislativa, lo cual apunta a un endurecimiento de la política migratoria. La elección de Tom Homan a cargo de la frontera es un claro indicio de la posible radicalización en este sentido.
Es probable que Trump imponga nuevas exigencias al gobierno mexicano para reducir el flujo de personas que quieren afincarse en Estados Unidos. Trump ha mencionado la posibilidad de imponer un arancel del 25% a productos del país vecino si no refuerza su política migratoria. Esta táctica funcionó en 2019, cuando el gobierno federal amplió el programa “Quédate en México” tras una tensa negociación. Aunque los aranceles impactarían principalmente a los consumidores estadounidenses y la economía mexicana podría resistir inicialmente, la experiencia muestra que el principal socio comercial de Estados Unidos ha cedido antes a este tipo de presiones e implementado cambios significativos en su política migratoria, asumiendo, de facto, un rol de tercer país seguro.
Los aranceles a productos mexicanos podrían derivarse no solo de una negociación fallida en el tema migratorio, sino también de la nueva estrategia económica de la administración republicana. Durante su campaña, Trump prometió un arancel universal del 10% a las importaciones e, inclusive, un gravamen del 200% a los vehículos importados desde México. Cualquiera de estas medidas afectaría gravemente al comercio bilateral. Aunque ambos países sufrirán, el impacto inicial recaerá con mayor fuerza sobre México dado que el 80% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos. Además, si a los aranceles le sumamos las fluctuaciones en el tipo de cambio –que continúan desde la elección–, la posible disminución de inversiones y el colapso de la narrativa de México como destino para el nearshoring, el panorama económico para el país no es alentador.
Trump ha planteado, además, dos temas adicionales: el despliegue de militares estadounidenses en territorio mexicano para combatir a los cárteles y la renegociación del TMEC. En cuanto al primero, es improbable que el Ejecutivo ordene incursiones militares, dado que su administración priorizará reducir el involucramiento de Estados Unidos en conflictos externos. La prioridad para Trump es acelerar el fin de los conflictos en Gaza y Ucrania, y es altamente probable que, cuando concluyan, el presidente busque avanzar hacia una política más aislacionista.
Respecto al T-MEC, cuya próxima revisión está programada para julio de 2026, se abre la posibilidad de que Estados Unidos busque implementar cambios y hasta una renegociación total del tratado. Existen rumores de que Trump considera a Robert Lighthizer, ex negociador del T-MEC, para liderar la estrategia comercial estadounidense. Si esto sucede, es probable que Trump inicie la presión hacia México utilizando los mecanismos previstos en el tratado, de manera gradual pero constante, obteniendo concesiones en el proceso. Hace unos meses, Trump amenazó a la empresa John Deere con imponer aranceles si continuaba con su plan de trasladar la producción de ciertos rubros a México. Aunque el T-MEC garantiza a las empresas la capacidad de fabricar y exportar sin altos costos, las amenazas desde el podio presidencial a las compañías estadounidenses que trasladen sus operaciones a México podrían disuadir aún más a los actores interesados en la cooperación comercial entre ambos países. Finalmente, cuestiones como la reforma energética, el uso del maíz transgénico y la reforma judicial colocan a México en una posición debilitada en la mesa de negociación, lo que permitirá a Estados Unidos utilizar diversas controversias comerciales en torno al T-MEC para justificar sus presiones a México y extraer concesiones más sustanciales en la próxima revisión.
Desde la llegada de Trump a la presidencia en 2017, la relación entre México y Estados Unidos se ha ido lentamente fracturando. Tras ocho años en los que Trump ha vinculado a México con la migración ilegal, el narcotráfico y el crimen, la idea de un bloque de América del Norte se desvanece. Una encuesta reciente del Pew Research Center muestra que 60% de los estadounidenses tienen una visión negativa de México y solo el 22% de los republicanos ve a nuestro país de forma favorable. Aunque las cámaras de comercio, centros de estudio y ONG han buscado fortalecer la relación bilateral, la idea de México como aliado estratégico de Estados Unidos cada vez se aleja más de la Casa Blanca y el Capitolio. Si bien la relación entre México y Estados Unidos continuará sosteniéndose por su vínculo comercial, tal vez sea momento de una reconfiguración y actualización de nuestras suposiciones y entendimiento sobre esta relación. Es preciso repensar lo que se tiene en vistas de un nuevo camino de cooperación bilateral que vaya más allá de Trump o del siguiente presidente. ~
especialista en política estadounidense y en la relación México-Estados Unidos. Licenciado en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Ciencia Política (George Washington University). Estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Michigan.
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