A dos meses del inicio de su presidencia, el capital simbólico de Gabriel Boric ya muestra signos de encogimiento. Cercado por el clima de inestabilidad regional y una agenda interna dominada por la Convención Constituyente y la crisis de la Araucanía, el presidente más joven de la historia de Chile ingresa así en la larga agonía de las democracias latinoamericanas, marcadas por el deterioro de los oficialismos.
Boric llegó a la presidencia de Chile luego de ser una de las más destacadas figuras de las revueltas de 2019, a partir de las cuales se sentaron las bases de un proceso de cambio social que, en los manuales de historia, será considerado como un hecho distintivo de la vida política chilena.
De ese estallido social emergen Boric y el plebiscito que daría como resultado la creación de una Convención Constitucional encargada de formular una nueva ley fundamental que reemplace a la actual, elaborada en 1980. Esta nueva carta magna está siendo redactada por convencionales constituyentes que están dominando la agenda política del país, pues las normativas que introduzcan serán decisivas en el nuevo orden normativo de Chile, en caso de que la nueva constitución sea aprobada en el plebiscito previsto para el 4 de septiembre de 2022, en el que la sociedad deberá elegir si aprueba o rechaza el nuevo texto constitucional. Vale agregar que, en esa oportunidad, y a diferencia del plebiscito del 2020, el voto será obligatorio.
En 1986, Arturo Marín Vicuña, cerebro del sistema binominal que regiría en Chile hasta la reforma de 2015, estrenada en 2017, que lo sustituiría por uno de tipo proporcional, pronunció una conferencia ante el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile que se volvería material de estudio.
En ella, Vicuña señala que, al existir en Chile una izquierda y una derecha, puede haber lugar para un centro derecha y un centro izquierda, y que, por ello mismo, “tanto la derecha como la izquierda son compatibles con el centro”.
Vicuña enfatiza, además, que la propiedad privada es el elemento decisivo a la hora de evaluar hasta qué punto un posicionamiento ideológico de izquierda transige con el centro pues, en la medida en que ese consentimiento para con la propiedad privada no caduque, sería plausible consensuar programas de gobierno.
El estallido social de 2019 desató numerosas fantasías en ese sentido. Militantes, agitadores sociales, políticos profesionales, consultores y periodistas previeron, con fundados temores, una potencial amenaza para la propiedad privada en el clima social que comenzaba a instalarse. Tanto la izquierda antisistema como ciertos sectores de la derecha tradicional veían en el descontento social la sintomatología de un proceso revolucionario. El triunfo del Apruebo en el plebiscito de 2020 profundizó esas percepciones y confirmó los pronósticos acerca de la consumación de un trastrocamiento irreversible en el plano social y en lo político.
Esa percepción, como toda que se alimenta de acontecimientos de densidad histórica como las propias revueltas de 2019, se basaba en elementos atendibles y reveladores. Uno de ellos, acaso el más notorio, era la claudicación del modelo económico, político y social establecido por Pinochet. Sin embargo, como toda percepción que se nutría también de fantasías (a veces ancladas en deseos), adolecía de un excesivo utopismo, en un caso, y de una equivocada lectura de las demandas sociales por parte de ambos (de la izquierda radical y la derecha tradicional).
El cambio que comenzaba a palparse entonces –y que se encuentra en pleno desarrollo hoy– no desemboca así en el final “previsto” por la izquierda ni por la derecha, por lo que esa transformación no deja leerse a través de claves analíticas convencionales. Esto se hace evidente en la complejidad que enfrenta todo diagnóstico que busque explicitar la situación que atraviesa la política chilena desde una lectura netamente revolucionaria, ya sea para fantasear con ella en un sentido utópico o suspicaz.
Luego de la elección de los convencionales constituyentes –la cual reveló una gran fragmentación del electorado, al tiempo que corroboró la baja participación electoral, una tendencia consolidada en Chile– el foco se trasladó a la elección presidencial, que vino a confirmar la dinámica que se había apoderado de la vida política chilena: una dinámica centrífuga. En efecto, la fragmentación fue la que permitió que en la segunda vuelta electoral compitieran figuras que, seis meses antes de la elección, nadie suponía probables de alcanzar esa instancia: José Antonio Kast y Gabriel Boric, el actual presidente.
Si bien los fenómenos de fragmentación e inestabilidad caracterizan hoy a casi todas las democracias del Cono Sur, en Chile estos factores se conjugan con el proceso constituyente nacido, como se ha mencionado, del escenario de cambio social que inició en 2019, el mismo del cual Boric emerge como figura.
Estos procesos políticos cuya raíz es el estallido social han tomado velocidades muy dispares: Boric, presidente, hijo del 2019, y la Convención Constitucional, también hija del 2019, se enfrentan a desafíos que cambian constantemente el margen de acción de cada uno. Boric, de un lado, descubre las limitaciones del poder presidencial en un país permeado por cambios que él mismo promovió. La constituyente, por su parte, busca debilitar más a la figura presidencial, dando mayor peso a la Cámara de Diputados mediante un cambio de modelo que elimina el Senado e introduce una cámara que representaría a las Regiones, e intenta avanzar en reformas que por momentos se alejan mucho de los problemas concretos que enfrenta la sociedad, problemas que, vale aclarar, podrían encararse mediante distintos tipos de reformas de los códigos ya existentes o con nuevas políticas públicas. En ese sentido, la Convención Constitucional también comienza a ser puesta en tela de juicio por los electores, por lo que no resultaría extraño que el nuevo texto terminara por ser rechazado en el plebiscito de salida.
Ambas dinámicas se ven atravesadas por el dislocamiento de sus respectivas legitimidades. Si Boric accedió a la presidencia, fundamentalmente, por haber sido el “tapón” que impedía el arribo de José Antonio Kast (quien ganó la primera vuelta en las elecciones, un dato que no debiera descuidarse), la Convención se instaló para darle curso a exigencias que el sistema político chileno no lograba canalizar y que la sociedad entendió que podían ser encauzadas a través de un proceso constituyente. En el desciframiento de esas exigencias sociales afinca la gran incógnita que deben resolver Boric y los convencionales constituyentes. Estas demandas no parecen reflejar las fantasías de la izquierda antisistema ni las pesadillas de la derecha tradicional sectores que daban por sentado que esas demandas ponían en jaque a la propiedad privada y que, por lo tanto, el centro político en Chile sería una quimera, en línea con el análisis de Vicuña.
Sin duda, el centro político en Chile ha sufrido un enorme daño, pero no porque todos los requerimientos sociales se hubieran articulado alrededor del anticapitalismo, sino por razones tal vez opuestas, que sin embargo no han sido suficientemente atendidas por los actores de la política tradicional
Hoy, el mayor problema de la política chilena, y por añadidura de Gabriel Boric, reside en la fortaleza que adquirió una dinámica social en la que las fuerzas de compensación del sistema político, compuestas tradicionalmente por un centro izquierda y un centro derecha, han comenzado a declinar, para dar lugar a un conjunto de fuerzas sociales que operan en direcciones muy distintas, suprimiendo ese espacio de convergencia hacia un centro en donde ambas fuerzas solían catalizar las necesidades sociales. El centroizquierda, usualmente representado por la Concertación, perdió su capacidad de representar las demandas de mejoras sociales y redistribución del ingreso; la derecha, por su parte, dejó de dialogar con esos sectores medios que aspiraban a una ascendente movilidad social mediante la formación universitaria, la disciplina y el respeto por las instituciones.
Desde 2019 se configuró un esquema de actores sociales que si bien no es de “empate hegemónico”, conduce al sistema político mediante zigzagueos que desorientan cualquier análisis convencional debido a su imprevisibilidad. La incertidumbre es ubicua en las proyecciones que circulan entre inversores y agencias de riesgo. La política se vuelve inestable y la sociedad desconfía de sus instituciones.
De este modo, un presidente que lleva dos meses en el cargo ya enfrenta crecientes niveles de rechazo, pues aquellos que votaron por él solo como un “tapón” no dejan de considerarlo una alternativa second best, devaluada, mientras que los electores y socios políticos que esperaban de él un programa de reformas anticapitalista tampoco se sienten cabalmente representados, y consideran, con el talante de la fantasía irrealizada, que el presidente no porta con “el verdadero espíritu de 2019”. De a poco, se abre una batalla por el capital simbólico del estallido social, un factor que profundiza la incertidumbre y que puede complicar aún más a Gabriel Boric, por su necesaria ligazón con el 2019.
Ahora bien, ¿cuán relevantes son las demandas anticapitalistas en Chile? Si se observan los resultados electorales, es dable identificar que se trata de una minoría intensa, pero minoría al fin, que se siente comprometida con estas demandas. Pero analizando el mismo mapa de preferencias electorales, también es lícito deducir que el modelo prohijado por Pinochet ha tocado fondo.
La búsqueda de una mayor incorporación al consumo (más capitalismo, en fin), acompañada de la necesidad de desincentivar cierto elitismo a nivel educativo y laboral, así como un marcado reclamo en torno del orden y la seguridad, parecieran conformar ese espectro abigarrado de demandas que desorienta a los abordajes tradicionales y que la dirigencia chilena no ha logrado captar ni satisfacer.
En este contexto, Boric se ve obligado a forjar una enrevesada alquimia de representación que le permita condensar en su figura una paradoja que bordea la ironía, ya que debe hacer un fino equilibrio entre exigencias realistas, demandas muy heterogéneas, que van desde la derecha al centro izquierda, y simbologías mixtas. A decir de un ilustre chileno: “la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas”.
es politólogo, consultor y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
