Toda política de seguridad, particularmente en lo que toca al uso de la fuerza, debe ser diseñada y puede ser evaluada a partir de tres niveles: el estratégico, el operativo y el táctico.
Lo que sucedió ayer en Culiacán –la captura, las balaceras y la rendición gubernamental– desnuda el fracaso de esta administración en todos esos niveles.
En primer lugar, en el ámbito estratégico, puso en evidencia los riesgos de la premisa de la que partieron: que reducir al mínimo la confrontación con los criminales y la represión de sus actividades traerá la anhelada paz. Pasamos del uso indiscriminado de la fuerza coercitiva al laissez faire criminal.
Existe un punto medio, el del uso estratégico de la fuerza, que puede ser más efectivo para restringir las actividades criminales y reducir la violencia. Lo anterior significa hacer predecible la acción coercitiva del Estado frente al crimen organizado. Es decir, marcar parámetros de cero tolerancia ante hechos específicos; líneas que de cruzarse activan el uso de la fuerza estatal para reprimir la actividad criminal.
Lo de ayer era una buena oportunidad para mandar una señal al crimen organizado: desestabilizar una ciudad, como se hizo con Culiacán, es inadmisible y el costo es enfrentar toda la fuerza coercitiva del Estado. No solo se dejó pasar esa oportunidad, sino que se mandó un mensaje por demás perverso: se puede extorsionar al gobierno.
La cadena de errores continúa en el ámbito operativo, es decir, en los planes de despliegue y capacidad de fuerza pública. A nivel federal, los esfuerzos se han centrado en aumentar la presencia militar a través de la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, ayer quedó claro que no existían capacidades suficientes para enfrentar al cártel de Sinaloa.
Según los datos más actuales, en ese estado han sido desplegados 1,788 integrantes de la GN. Lo anterior significa un índice de elementos por habitante más bajo que el que se definió para Oaxaca o Chiapas. La planeación operativa de las fuerzas federales se quedó corta en tierra de cárteles.
Finalmente, fue el ámbito táctico la gota que derramó el vaso. Pese a las versiones iniciales del gabinete de Seguridad, todo indica que fue un operativo previamente planeado para capturar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el cual se salió de control. La explicación del gobierno es que fue un acto descoordinado: una unidad de elementos de la GN y el Ejército realizaron la operación supuestamente sin avisar a los mandos superiores.
Si dicho operativo no fue incidental, es increíble que se haya decidido ejecutarlo a plena luz del día, sin la participación de cuerpos especiales como los de la Marina, sin movilización previa de tropas en los alrededores y sin un monitoreo permanente del gabinete, al más alto nivel.
Vale la pena preguntarse: ¿por qué la GN realiza una incursión de ese calado de manera arbitraria si su objetivo es únicamente disuasivo? ¿No existe un protocolo ante detenciones de objetivos prioritarios para prevenir bloqueos, sabotajes y ataques a la población? ¿Dónde está la capacitación de los elementos de seguridad para extraer con prontitud a un detenido de este calibre? Caramba, estamos hablando de Sinaloa.
Todo lo que sucedió ayer, de principio a fin, es alarmante. Un absoluto desastre. La imagen de las fuerzas federales ha quedado profundamente dañada. La del país, ante el mundo, es de humillación. El gobierno se mostró arrinconado e inoperante.
Muchos hemos advertido que la administración obradorista flaquea en cuanto a su política de seguridad. Nunca fue clara su estrategia ni los criterios con los que actúan. Se dijo que, en un área tan delicada, el resultado de la falta de planeación y profesionalismo podía ser trágico.
Se acabaron las advertencias. La realidad alcanzó a este gobierno de la forma más peligrosa y patética. La humillación es casi tan grande como el temor que impera entre los ciudadanos. El crimen organizado sabe que el gobierno sabe arrodillarse. De aquí en adelante, será cuesta arriba. O corrigen o será este el punto de inflexión que marque su debacle.
Politólogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.
