Han transcurrido cuatro días de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio en Venezuela y más de 60 horas desde que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y excontralor de la República, Elvis Amoroso, anunció que con el 80% de las actas escrutadas los resultados daban por ganador a Nicolás Maduro.
Sin embargo, las actas de escrutinio con la información de los resultados no han sido mostradas, cotejadas ni publicadas en la página web del CNE, que lleva ese mismo tiempo fuera de sistema. Tampoco hubo boletín con la información del 20% restante de los resultados. En consecuencia no hay detalles oficiales y desagregados sobre mesas y centros de votación, y no han entregado el disco compacto con los resultados de la votación a cada candidato, como indica la ley. En cambio, de acuerdo con declaraciones oficiales, el website del poder electoral sufre un “fuerte hackeo” desde Macedonia del Norte.
Por su parte, el martes 30 de julio, en una multitudinaria concentración en la ciudad de Caracas, frente a la sede de Naciones Unidas, la lideresa María Corina Machado, en compañía de Edmundo González Urrutia, actualizó las cifras que ya habían adelantado la tarde del lunes y declaró que ya tenían más del 80% de las actas computadas del CNE que respaldan la victoria de González Urrutia con más de 7 millones de votos. Esa información se encuentra en una página web diseñada por el equipo opositor y que permite que cualquier ciudadano consulte la información de su mesa de votación.
El lunes 29 el país amaneció callado y con la energía solitaria que caracteriza fechas como el 1 de enero. Pero lo que fue ocurriendo después generó un viraje en el ánimo de los venezolanos: Amoroso, sin mostrar datos electorales ni publicar el boletín con el resto de los resultados, proclamó a Maduro presidente.
En horas de la tarde, de forma espontánea, miles de venezolanos salieron a protestar y a mostrar su descontento con esta decisión. El reclamo tiene sustento en las actas que el CNE no ha publicado y que la oposición recopiló a través de sus testigos de mesa.
Las manifestaciones iniciaron en diferentes estados del país como Aragua, Nueva Esparta, Zulia, Lara, Apure, Táchira, Bolívar, Mérida, Anzoátegui, Barinas, Miranda, Portuguesa y La Guaira desde el mediodía del lunes 29. Incluso, en municipios de Miranda como Paz Castillo, Independencia y Cristóbal Rojas, que se caracterizaban por ser afectos al chavismo, los ciudadanos suman dos días protestando. Para el martes 30 de julio la organización Laboratorio de Paz contabilizó 210 manifestaciones en el territorio nacional. Esta cifra aumentó a 300, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que documentó que al menos 115 de estas manifestaciones fueron reprimidas de forma violenta.
En la capital, civiles armados y cuerpos de seguridad del Estado amedrentaron a manifestantes en el centro de Caracas, en las cercanías de Miraflores donde se encuentra el Palacio Presidencial. Ha habido cacerolazos, concentraciones, cierre de la autopista Caracas-La Guaira, han quitado vallas y material de propaganda alusivo a Nicolás Maduro; mientras que en Falcón, Guárico y La Guaira tumbaron las estatuas del fallecido expresidente Hugo Chávez.
En Falcón, por ejemplo, la periodista Irene Revilla reportó que civiles armados atacaron a las personas que estaban protestando el martes, y durante la noche la Guardia Nacional disparó perdigones al aire mientras que las comunidades protestaron desde los techos y ventanas tocando cacerolas. Mientras que en Sucre, el gobernador de esta entidad oriental ordenó extender el llamado Plan República (despliegue de funcionarios de seguridad) para mantener la paz.
De acuerdo con el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, la represión de las manifestaciones ha dejado un saldo de 20 personas asesinadas, entre ellos dos adolescentes de 15 y 16 años, respectivamente. Mientras que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó el miércoles de la detención de 1,062 personas en el marco de las protestas ciudadanas.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que en el país hay un golpe de Estado en curso “fraguado por la extrema derecha y el imperialismo”.
Al tiempo que en el país se protesta, ha aumentado la persecución de la dirigencia opositora. El martes 30 de julio un presunto grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la policía política del gobierno, detuvo de forma arbitraria a Freddy Superlano, líder del partido Voluntad Popular que apoya a Machado.
Mientras que Pedro Urruchurtu, del equipo de María Corina Machado y Edmundo González, que se encuentra asilado junto a otros miembros del partido Vente Venezuela en la embajada de Argentina en Venezuela, denunció que trabajadores de Corpoelec (la compañía de electricidad del Estado) cortaron el suministro eléctrico de la embajada y funcionarios de seguridad se mantenían apostados y fotografiando en las inmediaciones de la sede.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y jefe de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, pidió cárcel para los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, al tiempo que los acusó de ser “responsables de una conspiración fascista”.
Tras estos señalamientos, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, ofreció en nombre de su gobierno asilo político a Machado y González Urrutia. La lideresa agradeció el apoyo pero destacó que su lucha por Venezuela debe continuar desde el territorio nacional.
Por su parte, en un Consejo de Estado y de Defensa de la Nación, Maduro habló en contra de supuestas campañas en redes sociales, acusó a los comanditos de Machado de conspiración para generar violencia y ordenó un plan especial para que las fuerzas de seguridad del Estado hagan patrullaje en las calles y comunidades. Los comanditos son las organizaciones ciudadanas de base para acompañar el proceso electoral en tareas de logística, propaganda y vigilancia de los resultados. No obstante, no mencionó nada acerca de las actas de escrutinio que debe publicar el CNE.
En el panorama internacional continúan las solicitudes de Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Italia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Canadá y la Unión Europea al poder electoral venezolano para que publique los resultados de la votación y despeje las dudas sobre la veracidad de lo que anunció Amoroso.
La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un comunicado en el que aseveró que “la forma más vil de represión era impedirle a un pueblo soluciones a través de elecciones”. Mientras que el gobierno de Perú reconoció a González Urrutia como presidente.
Por su parte, el Centro Carter, veedor internacional invitado y aceptado por el gobierno de Maduro para observar y acompañar el proceso electoral, publicó un comunicado en el que aseveró: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Además, destacaron la parcialidad de autoridades del poder electoral y la no publicación de los resultados.
Incluso aliados regionales e ideológicos del gobierno de Maduro, como los presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva de Brasil, y Gustavo Petro de Colombia, se han pronunciado con moderación para pedir resultados transparentes y verificables en las elecciones venezolanas. Estos mandatarios también son conscientes de que la falta de transparencia y auditabilidad de las elecciones en Venezuela pueden aumentar la crisis migratoria en la región que ya mantiene a más de 7.7 millones de venezolanos fuera de su país, de acuerdo con cifras de ACNUR.
De hecho, Petro publicó en la red social X la mañana del 31 de julio que “las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias”. Invitó al gobierno de Maduro a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos.
Pero la tarde del miércoles, el Consejo Permanente de la OEA no logró obtener los 18 votos para aprobar una resolución sobre las elecciones venezolanas. Hubo 17 votos a favor, 12 abstenciones y cinco ausencias. Brasil y Colombia se abstuvieron. México no asistió.
La cancillería del gobierno colombiano publicó un nuevo comunicado a propósito de la abstención en la OEA en el que argumentan que Venezuela no pertenece a este organismo desde 2019, por lo que consideran que ese foro no es el escenario adecuado para abordar los temas relativos al país suramericano. También destacaron que, en las últimas horas, Colombia ha mantenido diálogos permanentes con Brasil y México para crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política en Venezuela.
El gobierno de Brasil asumió el 1 de agosto la representación diplomática de Argentina en Caracas, luego de que la cancillería venezolana ordenara la salida de los diplomáticos argentinos del país. Además, se comprometieron a mantener la protección de los seis opositores del equipo de Machado y González Urrutia que se encuentran asilados.
Un día antes, la tarde del miércoles 31 de julio, Maduro acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e interpuso un recurso de amparo ante la Sala Electoral de ese organismo. Aseguró que “está listo para presentar el 100% de las actas electorales que certifican su triunfo”.
Ese mismo día, en una rueda de prensa, Maduro respondió que si no habían publicado las actas es porque “el CNE estaba bajo ataque y le habían destruido todo el sistema desde el punto de vista cibernético”. También aseguró que “el TSJ tendrá santa palabra”, indica Efecto Cocuyo.
Por su parte, sobre la persecución del liderazgo opositor, Maduro volvió a reiterar que Machado y González Urrutia deberían “estar tras las rejas”. Mientras que Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y número dos del chavismo, dio luces sobre el paradero de Freddy Superlano durante la emisión de su programa “Con el mazo dando” la noche del 31 de julio: “Está detenido y hablando muy bien, es bilingüe”, reseñó El Nacional.
Todavía hoy, 1 de agosto, el CNE venezolano no ha publicado las actas de escrutinio ni ha dado los resultados del segundo boletín. Esta situación de incertidumbre es recogida en el comunicado conjunto de los gobiernos de izquierda de Brasil, Colombia y México, una exhortación a resolver pacíficamente la controversia con la publicación de los resultados.
María Corina Machado le ha comunicado al país que debe resguardarse porque es víctima de persecución. El exilio no es una alternativa para la lideresa, que enfrenta un grave peligro en estos momentos.
Desde Caracas, Venezuela
es periodista.
