“…el público es arrullado en una somnolencia peligrosa, por papilla alimentada con cuchara y falsedades palpables, muchas de las cuales son divulgadas por grupos de presión y de interés especial…”
Jean Paul Getty
El sábado 7 de mayo, un Airbus A320 de la aerolínea mexicana Volaris solicitó permiso para aterrizar a la torre de control del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). El vuelo procedente de Mazatlán había transcurrido normalmente, como lo había hecho cientos de veces antes. Sin embargo, esa noche, al aproximarse al AICM con la autorización de la torre de control, se encontró con otro avión de la misma compañía que obstruía la pista en donde debía aterrizar. El piloto tuvo que abortar el aterrizaje, haciendo una maniobra en aviación conocida como “ida al aire”, que, de acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es rara pero relativamente normal como parte de los procedimientos de seguridad aérea.
Un video del suceso, tomado en la oscuridad, poco explicaba al espectador lo que estaba ocurriendo. Pero a partir de su difusión se publicaron múltiples notas y opiniones en medios. Como muchos otros temas técnicos durante este gobierno, este sirvió para que tirios y troyanos se enfrentaran en la arena política. Medios nacionales e internacionales retomaron el incidente y recapitularon la historia reciente que comienza con la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y llega a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía (AIFA) en marzo de 2022. La opinión era casi unánime: el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, para acoger el tráfico aéreo simultáneo al AICM y el AIFA, estaba incrementando los riesgos a la seguridad aérea.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas (IFALPA, por sus siglas en inglés) publicaron desplegados, y nuevos reportes de idas al aire en el AICM ganaron notoriedad. La IFALPA incluso señaló que los controladores aéreos “han recibido poca capacitación y apoyo sobre cómo operar esta nueva configuración en el espacio aéreo.”
La industria, con sus grupos de presión, intentó confundir al gobierno. El resultado fue adverso.
El trasfondo
Esta vorágine mediática culminó en la remoción del director general del Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Víctor Hernández, y la intervención del presidente y el secretario de Gobernación para ordenar el sector. El trasfondo era más complejo de lo que se pintaba.
Días antes de que se dieran a conocer los eventos en el AICM, el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), Rogelio Jiménez Pons, había anunciado que próximamente se publicaría un decreto para disminuir las operaciones en el AICM y la saturación del espacio aéreo. La idea era enviar al AIFA el 20% de las operaciones del AICM, incluyendo operaciones “de carga, charters, vuelos excesivos y nuevas aerolíneas”. El anuncio, por supuesto, no cayó muy bien para algunos operadores de transporte aéreo, de por sí golpeados por la pandemia y la degradación de la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
El AICM ha sido por años una de las joyas de la corona del transporte aéreo y, las posiciones de despegue y aterrizaje –los llamados slots– son altamente codiciados por aerolíneas nacionales e internacionales para realizar sus operaciones desde el principal aeropuerto del país. Para aerolíneas como Aeroméxico, que tiene su base central de operaciones, o hub, en el AICM, se trata de un emplazamiento estratégico para su operación y expansión.
De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el AICM tuvo como origen, de enero a abril de 2022, al 29.7% de todos los pasajeros domésticos (el primer lugar nacional) y el 26.6% de los pasajeros internacionales.
El Estado se impone al mercado
Después de la renuncia del director general de SENEAM y la intervención del presidente de la República a través de sus conferencias mañaneras, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, citó a los principales directivos de las aerolíneas nacionales en México. El lunes 9 de mayo, directivos y representantes de Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobus, además de funcionarios de la SCT, así como de la AFAC, se reunieron en la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con fuentes presenciales, los representantes de la industria escucharon atentamente y se limitaron a hacer algunas precisiones. Algunas aerolíneas siguieron la línea histórica de no involucrarse en política. Otra, en la mente del gobierno por su reciente activismo, solo podía escuchar. Estaba en el ambiente la molestia del gobierno por los recientes “episodios” y filtraciones periodísticas de los incidentes de aviación. La narrativa que se empujó fue casi un estado de emergencia.
El secretario López presidió la reunión. Con la mera convocatoria a la poderosa sede de política interna se mandaba el mensaje de que el espectáculo mediático debía terminar y el gobierno metería mano en el mercado para cumplir sus deseos. Aunque no gustara, el AIFA –que no lograba arrancar del todo– había llegado para quedarse, y las aerolíneas debían acatar las instrucciones del gobierno. Ya no serían 20% de las operaciones del AICM, sino el 25% que se movería al AIFA. Fotos oficiales de la reunión muestran la preocupación y caras largas de algunos representantes de la industria.
A sugerencia de una de las presentes, se ordenó entonces que las aerolíneas de carga, charters y aerolíneas que tuvieran adeudos con el AICM o el gobierno tendrían que mudarse al AIFA inmediatamente. Además, las nuevas rutas desde el AIFA de las aerolíneas presentes en Gobernación serían anunciadas después de una valoración interna.
Y se impuso la política
Quizá lo más revelador de esta nueva exigencia de volar desde el AIFA está en las declaraciones recientes de los representantes de las aerolíneas. No podían esconder que el gobierno las obligó, sin mayor intervención del mercado, a mudar operaciones al nuevo aeropuerto. Aeroméxico anunció el 19 de mayo que añadiría cinco nuevas rutas desde el AIFA. En una entrevista de prensa publicada el 23 de mayo, su director de Comunicación señaló al respecto que “Ya iremos viendo las cifras de cómo se irá comportando esta convivencia de los dos aeropuertos (el AICM y el AIFA), pero sin afectar la oferta y la conectividad que se tiene en el AICM.” Además, dijo que “con una baja operación de las compañías que estamos ahí, hay gente [a la] que [el AIFA] le está funcionando por el área de influencia y las vías de acceso”.
Por su parte, el 24 de mayo Volaris anunció en conferencia de prensa que, en julio de este año, empezarán a volar diez nuevas rutas desde el AIFA. Ante la pregunta de si las nuevas rutas eran en respuesta a la presión del gobierno o una decisión de negocios, su director general, Enrique Beltranena, dijo: “las dos cosas”; “se encontró una oportunidad de negocio viable y rentable en esas terminales … y (se) colabora en la descentralización de los aeropuertos…”.
Así, la jugada que buscaba confundir y detener la intención de mudar operaciones al AIFA fue frenada por el deseo político del presidente y su secretario de Gobernación. La jugada tradicional de los grupos de presión afines le salió mal y únicamente aceleró la mudanza.
Las idas al aire fueron una jugada que dejó al mercado en el aire.
El tiempo dirá si, con el juego político de la industria y el gobierno, el AIFA despega.
es abogado y maestro en administración pública. Fue director general de la CANAERO durante la cancelación del NAIM. Especialista en asuntos públicos y regulación. Escribe semanalmente en Excélsior.
