El 27 de octubre, los partidos independentistas en el Parlament de Cataluña votaron, sin la presencia de la oposición y sin la aprobación de los letrados de la cámara, mediante votación secreta y con una urna, trampeando no solo la Constitución Española sino el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la independencia de Cataluña. Es necesario recordar que los partidos independentistas obtuvieron un 47% de los votos en las elecciones de 2015; por lo tanto, los representantes de menos de la mitad de Cataluña votaron (70 votos de 135 de la cámara; un 30% de la población total) la proclamación de una república catalana que nace muerta, sin reconocimiento internacional y sobre todo con la otra mitad de la población en contra.
El pleno fue similar al de los días 6 y 7 de septiembre, cuando los independentistas votaron de la misma manera, saltándose las reglas del parlamento y de su Estatuto, y contra los derechos parlamentarios de la oposición, las leyes de transitoriedad jurídica y la ley del referéndum. La primera de estas, que establece las normas y reglas para la transición hacia la independencia, se puso en marcha tras la proclamación solemne de la república catalana.
La diferencia con los días 6 y 7 de septiembre es que esta vez sí hubo una prensa internacional atenta. Tras el golpe antidemocrático de septiembre apenas hubo reacciones, no hubo protestas ni denuncias como sí hubo tras la intervención policial del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero el 27O el mundo estaba mirando. Y vio también los actos solemnes que siguieron a la declaración: los alcaldes independentistas agitando sus varas y gritando “Llibertat!”, todos los diputados independentistas cantando junto a los alcaldes “Els segadors”, Oriol Junqueras hablando de valores cristianos y la “igualdad a los ojos de Dios” mientras varias diputadas de la CUP se miran y sonríen maliciosamente, la bandera de la ONU en una de las escaleras del Parlament… Es un acto autoritario revestido de falsa legalidad, realizado por una mayoría independentista que sufre de un voluntarismo patológico, y envuelto en una solemnidad hortera y a veces siniestra.
El independentismo salió a la calle a celebrar frente al Parlament. Se lanzaron petardos y se cantó y bailó y lloró. También se reunieron miles de personas en otras ciudades catalanas. Simultáneamente a la proclamación de la república en el Parlament, el Senado debatía la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fue aprobado con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Los 214 votos a favor son de PSOE, Ciudadanos y el PP, los 47 en contra son de Unidos Podemos y sus confluencias, ERC, el PNV y el PDeCAT. A las 20:15 de la tarde Mariano Rajoy intervino, tras un consejo de ministros extraordinario, para anunciar las medidas del artículo 155, que se publicaron en el BOE de madrugada y ya están en vigor. Rajoy anunció la “disolución del Parlament, convocatoria de elecciones el 21 de diciembre, cese del Govern en pleno y de varios altos cargos y cierre de embajadas”, como explica Eva Belmonte en la web El BOE nuestro de cada día:
A partir de ahora, los ministerios se harán cargo de las diferentes consellerias y Rajoy sustituirá en sus funciones al president Puigdemont, aunque delega estas funciones en Soraya Sáenz de Santamaría. Será, además, el Consejo de Ministros quien sustituya al Consell de Govern. El texto incluye un anexo en el que especifica qué competencias se queda cada ministerio. Un ejemplo: Hacienda y Función Pública, la cartera de Cristóbal Montoro, se encargará de la Agencia Tributaria catalana y la política fiscal; y el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, de la supervisión del proceso electoral.
También se cesa al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se cierran las oficinas de Presidència y Vicepresidència del Govern, el DiploCAT, el Consejo Asesor para la Transición Nacional y un organismo que no mencionó Rajoy en su intervención: la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, que se creó tras la intervención policial de la policía para evitar el referéndum el 1 de octubre.
La respuesta del Gobierno, que llevaba días valorando la magnitud del 155 y pidiendo unas elecciones autonómicas, difícilmente puede cuestionarse de momento. El jueves 26, Carles Puigdemont iba a anunciar supuestamente unas elecciones autonómicas; la presión de la calle y la presión interna de los independentistas más radicales le hicieron cambiar de opinión. Cobardemente, delegó en el parlamento la proclamación unilateral de independencia. Y cobardemente, los diputados que durante años llevan hablando de represión y de épica, y se recrean en su revolución lúdica y sin peligro, votaron en secreto y con urna para no sufrir represión y “torturas” (hasta ese nivel llegó la diputada de la CUP Anna Gabriel).
El 155 deja mucho margen de maniobra. De momento, la intención es restaurar la legalidad. Difícilmente un Estado democrático y soberano puede reaccionar de otra manera para impedir una secesión ilegal e ilegítima de uno de sus territorios. Y difícilmente cualquier democracia puede aceptar algo que va en contra no solo de todo el territorio soberano sino además en contra de la mitad de la población de la que se arroga representación total. Los independentistas representan a un 30% de la población catalana y obtuvieron un 47% de los votos. Ninguna democracia puede aceptar una violación tan radical de la democracia parlamentaria, pero es que incluso va en contra de cualquier concepción democrática más allá de la parlamentaria, sea plebiscitaria o asamblearia: es un intento de tomar la parte por el todo, de eliminar derechos a la mitad de la población. Una izquierda independentista que hace años hablaba de mejorar la democracia, de ampliar los márgenes de participación ciudadana, que defendía un régimen electoral más proporcional, ahora acepta una interpretación torticera de la democracia, en la que todo lo que está dentro del procés es democrático, todo lo que está fuera del procés no lo es.
Lo que ocurra a partir de ahora, salvo que el Estado actúe de manera desproporcionada o se deje llevar por las voces más extremistas que hablan de ilegalización de partidos políticos, será responsabilidad exclusiva de los partidos independentistas. Serán ellos quienes tengan que gestionar la enorme frustración de los miles de independentistas que salieron el 27 a la calle a celebrar la república cuando la independencia se revele como lo que es: un proyecto inviable, antidemocrático y que polariza radicalmente una sociedad ya muy dividida desde hace años.
Al día siguiente de la declaración, Puigdemont ha hecho una intervención, pregrabada, en la que no se ha dado por aludido y ha pedido “paciencia, perseverancia y perspectiva”. Ha insistido también en algo muy común en el procés: el pacifismo. El independentismo usa el pacifismo para justificar todas sus acciones. Como el procés es una rebelión pacífica, nada se le puede reprochar. También ha dicho que es momento de moderación y democracia: a todos los líderes autoritarios les gusta decir que son demócratas.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
