Desde que asumió el poder, López Obrador ha tenido una tensa relación con los medios de comunicación. Conservadora, fifí, chayotera, mal portada, neoliberal, son algunos de los adjetivos que el presidente ha usado para referirse a la prensa que, sin importar su ideología política, critica sus planes de gobierno. El último desencuentro ocurrió el 31 de octubre, durante la conferencia matutina donde se le preguntó por el informe del operativo en Culiacán que se dio a conocer un día antes. Después de señalar que los medios manipularon la información del operativo, que actuaron con “amarillismo” y “en función de intereses creados”, recordó una frase de Gustavo A. Madero: “Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”. Un día después, el presidente dijo que no pretendió comparar a los periodistas con ningún animal porque le tiene respeto a los perros. “Yo nunca les voy a faltar el respeto, nunca, y lo más importante, nunca va a haber censura”.
La prensa crítica e independiente no nació el 1 de diciembre de 2018, como el presidente dio a entender al repetir la frase de Madero. Desde hace muchos años, los periodistas han luchado por la libertad de expresión y el derecho a informar, han cumplido con su papel de cuestionar las decisiones de diferentes gobiernos y han denunciado casos de corrupción e injusticia cometidos por funcionarios públicos. Pero por cumplir con su deber, ahora se han convertido en el blanco de los ataques del presidente.
Las conferencias matutinas son un ejercicio inusual de diálogo entre el presidente y los representantes de los medios de comunicación. Aunque su objetivo es la transparencia, algunos reporteros que las cubren han señalado un plan por parte de ciertos corresponsales para no poner en aprietos al presidente y no salirse de la agenda que él plantea. Pero el jueves, ni los reporteros ni el equipo del presidente pudieron evitar que se le preguntara sobre el operativo fallido de dos semanas antes. Tras las preguntas de varios, López Obrador se mostró molesto e impaciente. “Bueno, ya, ya, es que están muy excitados. Vamos mejor mañana a seguirle, si les parece”, dijo antes de concluir la conferencia. A Luis Cardona, director del portal Diario19.com, se le retiró su acreditación después de que le preguntó al presidente por el manejo de la información en el caso Culiacán. A las seis de la tarde de ese día, Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación de Presidencia, le devolvió la acreditación y le aseguró que podría seguir cubriendo las conferencias matutinas. Este hubiera sido el primer caso en este sexenio en que a un reportero se le negara el acceso a Palacio Nacional.
La disputa entre la prensa y el presidente llegó a la esfera digital. Segundos después de la conferencia del 31 de octubre, cuentas de reporteros y medios de comunicación fueron atacadas con insultos y amenazas por supuestos bots. El lunes 4 de noviembre, en un intento por deslindar a su gobierno de responsabilidades, López Obrador presentó una investigación donde se señalaba al hijo de un expresidente y a miembros de la oposición como los responsables de esos ataques. Una investigación realizada por Signa Lab del ITESO reveló que el número de nodos de donde provinieron los ataques era mayor al presentado por el presidente en su conferencia. De tal manera que el presidente ha manipulado información para desviar la atención sobre el origen de los ataques, que podrían ser cuentas de usuarios afines a él.
Por otro lado, el viernes 1 de noviembre se difundió en redes sociales un oficio firmado por Juan Ramón Flores Gutiérrez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, donde le pedía a los funcionarios no dar entrevistas a ningún medio si no han sido aprobadas por él. Hasta el momento, nadie ha desmentido esta información. Esto implica que el trabajo de los reporteros estará limitado y la única fuente será la propia SEP, restringiendo así la cantidad de información a la que los ciudadanos tendrán acceso.
El ejercicio libre del periodismo es una tarea de alto riesgo. Desde el año 2000, 132 periodistas han sido asesinados, once de ellos tan solo en los primeros meses del sexenio de López Obrador. El gobierno federal no ha presionado a los gobiernos locales para esclarecer los asesinatos ni ha ofrecido garantías de protección a periodistas amenazados. La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como la falta de confidencialidad y recursos para la ejecución óptima del programa. La organización no gubernamental Article 19 ha señalado que es deber del Estado garantizar el ejercicio periodístico y otorgar protección a los periodistas: “En caso de controversia, los funcionarios de gobierno deben replicar con argumentos y pruebas, no con descalificaciones y estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo la labor periodística y que inhiban el debate social sobre el ejercicio del poder público”.
El papel de la prensa es informar, preguntar, criticar e ir tras la verdad. Como le recordó el reportero de Proceso, Arturo Rodríguez al presidente en el mes de julio “no es papel de los medios portarse bien”. Mientras estuvo en la oposición, López Obrador no cuestionó a los medios de comunicación, pero parece que no le gusta ser el objeto de sus indagatorias. No es asunto menor que compare a los periodistas con perros y que espere que lo traten de manera benévola solo por el cargo que ocupa. En una democracia, la libertad de prensa es un requisito indispensable. El presidente no debe ponerla en riesgo.
