El niño es alegre y le dan sonaja. Para López Obrador es una tentación irresistible tocar fibras nacionalistas y asumirse como defensor de la patria frente al intervencionismo norteamericano; es parte de la épica de su liderazgo que quiere dejar establecida en la historia oficial del régimen que está instaurando y un tema que suele dar réditos en popularidad, pues está arraigado en la sociedad mexicana aún cuando el discurso tenga resonancias de un mundo y una relación bilateral propias de épocas pasadas.
Sin embargo, ceder y subordinar toda consideración a las necesidades de la propaganda doméstica puede resultar contraproducente, sobre todo cuando significa exponerse a la opinión pública de Estados Unidos, donde no tiene la potencia para incidir con la influencia que lo hace internamente. Los congresistas republicanos aludidos por el presidente tienen todas las de ganar con la confrontación mediática a ese nivel porque los eleva y ser contrapunto de un jefe de Estado les da foco; lejos de preocuparse por los costos políticos, contribuye a fortalecer su base electoral.
Lo que se expone es la imagen del país en condiciones desfavorables porque, finalmente, el debate sacará inevitablemente a relucir el poder de los cárteles, la violencia incontenible y la corrupción a todos los niveles. No hay ninguna evidencia que pueda cambiar esa percepción en el público norteamericano, la supuesta moralización de la vida pública con el actual gobierno es demagogia sin asideros.
Al propio López Obrador le pareció adecuado usar el término “narcoestado” para descalificar al gobierno de Felipe Calderón, aprovechando el fallo de culpabilidad de García Luna, pero no tiene elementos para sostener que estamos mejor que entonces. Al contrario: la violencia se mantiene en sus niveles más elevados, el control territorial de los cárteles se ha extendido, su participación electoral se ha vuelto más notoria, sus giros se diversifican y el tráfico de sustancias prohibidas no ha tenido merma. El eslogan de “abrazos, no balazos” es lugar común para confirmar la permisibilidad con los criminales en el sexenio con más homicidios y personas desaparecidas.
Cuando el Congreso norteamericano certificaba a los países por su combate al narcotráfico, se solía rechazar el injerencismo con llamados a la unidad nacional. Ahora no, la polarización populista requiere poner a los adversarios políticos de lado de los extranjeros intervencionistas para poderlos señalar como “traidores a la patria”.
Poco importa que, hace solo un par de semanas, el presidente y sus voceros oficiosos celebraban la declaración de culpabilidad en Brooklyn y, de manera demencial, vincularon a los ciudadanos que desbordaron las plazas en defensa de la democracia con el ex secretario de seguridad. Si a fines de febrero acusaron a quienes se oponen a la arremetida desde el poder contra el INE de representar los intereses del narco, ahora los señalan de promover la intervención de tropas extranjeras contra los cárteles. Al estilo del Gran Hermano en la novela 1984 de George Orwell, la propaganda oficial da delirantes bandazos.
Pero la apropiación facciosa de la patria no es la única diferencia respecto a los tiempos de la unidad nacional frente al injerencismo de nuestros vecinos en la guerra contra las drogas. El daño que infringe el crimen organizado en la sociedad es mucho más grave en las últimas dos décadas que entonces y, por lo mismo, el patrioterismo del régimen no alcanza para detener la exigencia de enfrentar a los criminales con eficacia.
No es deseable que marines actúen en México, por soberanía y porque en ningún lugar se ha resuelto con militares el problema del narcotráfico, pero la pregunta es quién protege a los mexicanos. La estrategia de López Obrador es un fracaso esférico, por donde se le mire no ha funcionado. Enfatiza que su enfoque es atender las causas, ubicando las principales en la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes, pero en su gobierno se ha incrementado en millones de personas el número de pobres y la deserción escolar tras la pandemia no se ha revertido.
Cuando corrió la noticia de que cuatro ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados y el embajador Ken Salazar se entrevistó con el presidente López Obrador, aparecieron al día siguiente y, por si quedaba alguna duda de quien imparte “justicia” en Matamoros, el cártel involucrado entregó a los presuntos responsables de haberlos levantado, asesinando a dos de ellos. Eso no sucede con los mexicanos desaparecidos. El registro oficial es de 112 mil personas no localizadas desde 1964, de los cuales 41 mil 500 corresponden a este gobierno, más que en cualquier otro. A ellas y ellos solo los buscan sus madres, lo que a algunas les ha costado la vida.
La administración Biden ha rechazado la posibilidad de enviar tropas a combatir criminales en México y se opone a nombrar a los cárteles organizaciones terroristas, tal y como demandan legisladores radicales del Partido Republicano. Pero la respuesta airada y amenazante de López Obrador, amagando con hacer campaña electoral en su contra, contribuye a darle relevancia a dichas posiciones extremas y generar un clima de mayor presión hacia la Casa Blanca para que a su vez presione a las autoridades mexicanas, en un contexto en el que la descomposición, corrupción y complicidad de amplias esferas del Estado mexicano con los cárteles es inocultable.
Para ser justos hay que decir que el fracaso incluye al paradigma prohibicionista que lleva más de medio siglo apostando por acabar con las drogas ilegales, haciéndoles la guerra. Pero ni siquiera porque se dicen a sí mismos “progresistas” han cumplido con el mandato de la SCJN, emplazando a regular marihuana para uso personal, y eso que han tenido mayoría parlamentaria durante todo el sexenio.
Que López Obrador se envuelva en la bandera cual Juan Escutia para seguir en su campaña permanente y explote los sentimientos nacionalistas del pueblo mexicano no quita al elefante que tenemos sentado en la sala. Después de los últimos comicios es ineludible preguntarnos cómo evitar que la operación electoral de los cárteles defina al próximo presidente en los comicios de 2024. Es un asunto de Estado de la mayor importancia y el mandatario mexicano debiera convocar a instituciones, partidos y sociedad para tomar medidas que atajen esa posibilidad. Eso sería actuar responsablemente y la única explicación que habría para no hacerlo es que considere que los beneficios electorales son para su facción. ~
(ciudad de México, 1970) es político y licenciado en Filosofía.
