La autoridad electoral y uno de los centros públicos de investigación más importantes del país coinciden en la agenda pública. El INE vive lo que los organismos constitucionales autónomos; el CIDE, lo de gran parte de las instituciones académicas. El común denominador es que son blancos de la corriente política que se pretende transformadora. Las formas son similares: se les endosan adjetivos acompañados de señalamientos por gastos excesivos; se busca tener injerencia en el manejo de sus recursos, imponer formas de pensar y de operación; se modifican las normas para lograr objetivos y se utiliza la acción penal como amenaza.
Quien ganó las elecciones presidenciales de 2018 ha tratado de debilitar a la autoridad electoral, lo mismo que a otros organismos autónomos: Banxico, IFT, INAI e INEGI. Los contrapesos al poder causan molestia. Se acusa al INE de solicitar presupuestos elevados sin ver que sus atribuciones han aumentado y que todos los años hay elecciones, al menos, locales. Este sexenio se han activado sus más recientes funciones con la organización de la consulta popular y de la revocación de mandato.
En agosto de 2021, se llevó a cabo la consulta popular respecto de los expresidentes. Ante la falta de recursos para su organización, el INE instaló la mitad de las casillas en relación con instaladas en las elecciones legislativas de junio de ese año. En respuesta, se le acusó de boicotear el ejercicio.
Luego, en septiembre, se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato. En esta se estableció que el INE debe instalar el mismo número de casillas que en el proceso electoral anterior. Pero en el presupuesto para 2022, el INE no recibió los recursos necesarios para ello. Por eso, la autoridad electoral determinó suspender el procedimiento hasta resolver la falta de recursos. El presidente de la Cámara de Diputados presentó una demanda penal en contra de los consejeros electorales que votaron esa determinación. Se perseguía así una opinión distinta a la oficial con la máxima acción judicial posible. Y la semana pasada el gobierno federal presentó un plan –que solo revela su desconocimiento del funcionamiento del instituto– para que el INE saque, de sus propios recursos, los necesarios para la revocación. Parte de ellos están en los fideicomisos que le permiten sostener una de sus máximas responsabilidades: expedir la credencial de elector.
De forma paralela, desde el ejecutivo se ha tildado a diversas instituciones educativas de ser neoliberales. Se reprochó a la UNAM no ser la incubadora del movimiento #YoSoy132 (que se originó, como se recordará, en la Universidad Iberoamericana). Desde el Conacyt se inició una cruzada en contra de los centros públicos de investigación.
El modus operandi es similar. En noviembre de 2020, un decreto presidencial extinguió varios fideicomisos, incluidos los de Conacyt, que eran transparentes y auditables y permitían dar continuidad a proyectos académicos. En septiembre de 2021, la acusación en contra de 31 investigadores y académicos por uso indebido de recursos, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada, cimbró a la comunidad científica.
En esa arena, la batalla con más eco la ha sostenido el CIDE. Su comunidad estudiantil y académica ha evitado que el director impuesto por Conacyt pueda ejercer su cargo. Los estatutos del CIDE fueron violados porque su Consejo Directivo no ratificó la propuesta. Sin embargo, el 14 de enero pasado fue citada la Asamblea General de Asociados para reformar el Estatuto General del CIDE y, justamente, eliminar facultades del Consejo para concentrarlas en el propio Conacyt.
Pero hay luz tanto para el INE como para el CIDE. Las sentencias de la SCJN y del TEPJF han dado claridad al primero para continuar con la revocación de mandato, con los recursos con los que cuenta y sin afectar el ejercicio de sus obligaciones y los derechos laborales. Además, la Secretaría de Hacienda deberá fundar y motivar la determinación que tome ante una solicitud de ampliación presupuestal. Por su parte, la asamblea del CIDE fue pospuesta porque uno de sus integrantes manifestó que no fue citado a tiempo. Más allá de lo formal, la presión de la comunidad del Centro tuvo resonancia.
En los comienzos de la segunda mitad del sexenio, la transformación tiene tintes de imposición. A pesar de la asfixia financiera, el INE busca hacer efectivo el ejercicio de un derecho democrático que se legisló a capricho. El CIDE lucha por su autonomía ante la obstinación del Conacyt para concentrar la toma de decisiones y conducir lo científico con una ideología particular, a pesar de que la aprobación de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación sigue pendiente. La afrenta al INE es a la democracia y la del CIDE, a la ciencia y tecnología. No son hechos aislados, sino reflejos de la visión política del grupo en el poder. Defenderlos es defender el estado de derecho.
es politólogo egresado del CIDE y funcionario público en el Instituto Nacional Electoral.
