La ley de amnistía es el caso más descarado de corrupción de la historia de la democracia española. Es, además, una matrioska de la corrupción: instaura la arbitrariedad y la desigualdad, aprueba la malversación, el abuso de poder, la apropiación de lo público para fines privados. La transacción es clara: impunidad por investidura. Unos políticos aceptan borrar los delitos de otros políticos a fin de seguir en el poder, y toda discusión de esta medida empieza y acaba ahí. Unas acciones se castigan y otras se perdonan según quién las cometa: es un trato privilegiado a una casta. Esa casta se amnistía a sí misma: los delincuentes participan en la redacción de la ley, chantajean, firman las enmiendas. El PSOE, como ha dicho Germán Teruel, es colaborador necesario. Ninguno de los dos partidos de la coalición de gobierno llevaba la amnistía en su programa electoral; según el PSOE de la campaña no era constitucional. El Estado de derecho pide perdón a los delincuentes; la democracia pide perdón a quienes atentaron contra la democracia y dicen que lo volverán a hacer. No hay consenso social que sostenga la medida. El cuarto y el quinto partidos de una comunidad autónoma se convierten en los únicos representantes de una Cataluña eterna. Las modificaciones de la ley a la medida de Puigdemont que, parafraseando a Christopher Marlowe, perdona a los mil Koldos tratan de evitar la actuación de la justicia y de eludir a jueces concretos. Celebramos que los magnánimos delincuentes hayan aceptado que se les libre de consecuencias penales. Se apela a la reconciliación pero la medida se hace contra más de la mitad de los votantes. Se intentan cortocircuitar las cuestiones prejudiciales y el debate sobre el terrorismo con una triquiñuela. Decidimos que no importa la injerencia rusa. Se pretende amnistiar la malversación cuando esta no haya conducido al “enriquecimiento personal”: se elimina el reproche penal a personas que desviaron el dinero de los impuestos de los ciudadanos para atentar contra los derechos de los ciudadanos. Se alarga el plazo que cubre la ley para evitar una investigación del Tribunal de Cuentas. Se perdonan 9,5 millones de euros en multas. La motivación de la amnistía es conocida: todo el claqué sobre la reconciliación es farfolla. Las mentiras del preámbulo de la ley, las apelaciones a la Comisión de Venecia en las enmiendas y las sonrojantes declaraciones de Bolaños, las palabras de un presidente que puso un océano de por medio para escapar a las preguntas o las justificaciones de los comentaristas que repiten la línea de Moncloa son solo elementos ornamentales de un obsceno ejercicio de metacorrupción. @gascondaniel
Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.
