En América Latina –y México no es la excepción– nos hemos acostumbrado a realidades inaceptables con respecto a la educación. En la región, seis de cada diez estudiantes de primaria no comprenden lo que leen. Siete de cada diez no logran resolver operaciones matemáticas básicas. Estas cifras, que debieran escandalizarnos, se han vuelto parte del paisaje, como advierte Valtencir Mendes, jefe de la oficina de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Para Mendes, estas cifras se repiten como diagnóstico, pero rara vez se traducen en estrategias sostenidas de política pública para revertirlas: estamos, me dijo, ante una “crisis silenciosa”. Y como toda crisis que no grita, corre el riesgo de volverse costumbre.

El problema no es solo lo mal que estamos, sino que hayamos dejado de escandalizarnos.

¿Evaluar para qué?

La evaluación educativa, bien entendida, no es una imposición tecnocrática ni una herramienta para señalar culpables. Es, o debería ser, una brújula. Nos permite ver qué no está funcionando, identificar prioridades, y construir políticas que respondan a las desigualdades estructurales del sistema educativo. En un contexto donde millones de estudiantes no logran aprendizajes básicos, evaluar –y hacerlo bien– es un acto de justicia.

América Latina ha avanzado en la construcción de una cultura propia de evaluación educativa. El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), coordinado por la UNESCO, ha permitido que los países de la región participen en las pruebas de aprendizajes que realiza el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), cocreadas regionalmente y adaptadas a nuestros contextos.

Pero desde 2019, México decidió caminar en sentido contrario. No solo no pagó la cuota necesaria para contar con un análisis-país de sus resultados cuando se aplicó ERCE 2019, sino que no participará en la edición ERCE 2025. Esta ausencia no solo nos deja a oscuras en la medición de aprendizajes luego de la pandemia de covid-19, sino que nos saca del diálogo con la región.

La centralidad de los docentes en la lectura de la evaluación

Ninguna política de mejora educativa será posible sin docentes bien formados, acompañados, valorados y, sin duda, reflexivos. El magisterio necesita saber qué está funcionando en su enseñanza, qué aprendizajes están logrando sus estudiantes y qué prácticas deben repensarse. La evaluación estandarizada de aprendizajes puede contribuir a esa reflexión. La evaluación compartida con ellos puede ser una herramienta poderosa para fomentar la reflexión profesional y mejorar su práctica. Lo que necesitamos no es más control, sino más inteligencia pedagógica.

México no debe renunciar a contar con un modelo de evaluación educativa que abarque aprendizajes, pero también docentes, escuelas y políticas públicas, que ofrezca retroalimentación útil y permita generar, en el caso de los docentes, trayectorias de desarrollo profesional que confíen en su juicio pedagógico. La evaluación educativa no debe imponerse como vigilancia, sino asumirse como una herramienta para la mejora colectiva. Una educación sin evaluación implica navegar sin un mapa.

No basta con buenos deseos: necesitamos instituciones

En una visita de inmersión al sistema de evaluación educativa en Chile, he podido constatar que la experiencia de dicho país es una muestra de que es posible construir instituciones de evaluación sólidas, que den continuidad más allá de los gobiernos. En México, el desmantelamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019 dejó un vacío técnico y simbólico. De acuerdo con Xavier Vanni, académico del CIAE de la Universidad de Chile, se trató de un hecho muy sorpresivo para la comunidad de evaluadores internacionales, pues se le consideraba un referente regional del que otros países buscaban aprender.

La creación posterior de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) intentó llenar ese espacio, aunque con un mandato limitado y sin autonomía constitucional. Sin embargo, su existencia también ha llegado a su fin: en 2025, como parte de la reforma que eliminó varios órganos autónomos y desconcentrados, Mejoredu fue formalmente desaparecida.

Hoy México carece de una instancia nacional, sólida y con capacidad técnica para evaluar aprendizajes, escuelas, docentes, programas y políticas. No hay una entidad encargada de garantizar que el derecho a aprender sea observado, diagnosticado y protegido con información confiable. Este vacío institucional no es un problema técnico: puede leerse como una renuncia política al seguimiento del derecho a la educación.

Urge una nueva política de evaluación

México necesita reconstruir con urgencia una política nacional de evaluación educativa, con visión de largo plazo, legitimidad social y capacidad técnica. No se trata de replicar el modelo del pasado, sino de diseñar un sistema más útil, más cercano a las escuelas y más articulado con el magisterio.

Al interior de la SEP se puede construir una unidad de evaluación educativa que se apoye en universidades y organizaciones de la sociedad civil, y que mantenga un vínculo estrecho con las escuelas, especialmente con las y los docentes. Un sistema de evaluación que tenga como fin la generación de evidencia para el diseño de intervenciones de política educativa basadas en datos e información.

Es claro que evaluar no es suficiente, pero dejar de hacerlo es rendirse. México necesita recuperar una política pública de evaluación con sentido, con propósito y con credibilidad. Porque lo que no se conoce, no se mejora. Y lo que no se mejora, se perpetúa.

Este no es un llamado a emprender una batalla para la generación de estadísticas o rankings. Es un SOS por el derecho a aprender. Por la dignidad de niñas, niños y jóvenes que merecen una escuela donde se les enseñe a leer, a pensar, a imaginar un futuro mejor.

No se trata solo de datos. Se trata de voluntad. Y, sobre todo, de no seguir acostumbrándonos. ~