España es un territorio grande y diverso. Una de sus diferencias estriba en el nivel de renta por comunidades autónomas (CCAA): Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón Baleares y La Rioja están por encima del promedio, y el resto por debajo. La diferencia entre la más rica y la más pobre es muy elevada (61 puntos en un promedio nacional de 100); sin embargo, los ciudadanos de todas ellas tienen derecho a disponer de, entre otras cosas, servicios públicos fundamentales iguales (sanidad, educación y servicios sociales). Este objetivo sería imposible en las CCAA con menos renta si no dispusieran de una ayuda adicional a sus ingresos propios recibida desde una administración común, el Estado. Esos ingresos del Estado también permiten pagar las pensiones en aquellos territorios con déficit (gasto superior a sus ingresos por cotizaciones sociales), que son casi todas las CCAA.  

Para cumplir con su función de nivelación, es decir para garantizar la suficiencia y equidad de esas prestaciones, el Estado dispone de una parte de la recaudación de los impuestos de toda España, con excepción de País Vasco y Navarra. Esta anomalía, que habría que corregir, se pretende ampliar con un modelo singular de financiación para Cataluña, la cuarta región más rica de España (índice 114 sobre 100), con la característica muy determinante en magnitud, debido a su impacto (18 % de la renta de todo el Estado).

Se ha anunciado que el próximo lunes se iniciará la primera etapa del nuevo proceso, el traspaso a Cataluña del IRPF e IVA de las pymes. Se presenta como un avance más del autogobierno, pero en la práctica significa que Cataluña recaudará inicialmente en torno a 20.000 millones adicionales que antes entraban en la caja del Estado. Los firmantes lo presentan como el primer paso del traspaso del resto de los impuestos hasta ahora en el sistema común (lo que queda de IVA, Impuestos Especiales e Impuesto de Sociedades), que implicaría ingresos superiores a 35.000 millones de euros al año para Cataluña y de pérdida del Estado.

La doblez de los negociadores para ocultar el fondo de la operación puede acompañar este traspaso con una devolución de Cataluña al Estado de una parte de esta cantidad en concepto de servicios que el Estado paga en Cataluña y de su aportación solidaria al resto de España. Vamos a suponer que con esta transacción se mantuviera inicialmente la actual aportación neta de Cataluña, aunque sea muy difícil de entender su empeño por un cambio radical de modelo para quedarse igual. Aquí es donde tenemos que echar mano de la experiencia con País Vasco y Navarra, que nos demuestra una progresiva disminución de esa aportación hasta convertirla en simbólica (lo que explica un índice 220 y 180 respectivamente en su financiación por habitante sobre el promedio nacional 100), mientras que el resto de España le paga su abultado déficit en pensiones (superior a 5.000 millones y 800 millones respectivamente). Un chollo en todos los sentidos, aunque tengamos que soportar un victimismo de los partidos vascos sin base real ninguna.

Una evolución similar del modelo singular para Cataluña es muy creíble a la vista de la necesidad de los votos de los partidos catalanes, incluido el PSC, para configurar gobierno a nivel estatal (como se puede apreciar en la actualidad). Ya se sabe, la política hace increíbles compañeros de cama. En resumen, la posibilidad más alta es que el Estado se quede sin más de 35.000 millones de euros y, además, pague con los ingresos del resto el déficit en pensiones en Cataluña (superior a 5.000 millones de euros al año). Una pregunta surge de forma inmediata, ¿en estas nuevas condiciones cómo va el Estado a desarrollar su tarea de nivelación en las comunidades autónomas con menos renta?

La oferta del gobierno de España al resto de las CCAA de asumir un modelo similar al de Cataluña es más que tramposa, las menos ricas perderían dinero, y si la asume Madrid la desaparición del Estado sería inmediata. Nos enfrentamos, por tanto, a un cambio radical del modelo de Estado descentralizado para pasar a uno confederal asimétrico donde tres de los cuatro territorios más ricos se quedan con su dinero (superior al promedio), se les paga el déficit en pensiones (cada vez más alto) y el resto de los territorios se tendrá que buscar la vida para subsistir con servicios públicos de peor calidad. Un verdadero atentado a la equidad en España porque la posibilidad de redistribuir renta hacia los territorios más pobres se vería muy seriamente limitada (siendo muy benevolente el término).

El proceso de conseguir una financiación singular para Cataluña se ha iniciado. Es una pieza clave dentro de lo que el president de la Generalitat, Sr. Illa, publicita como “Nosotros trabajamos para resolver el secesionismo en Catalunya mientras otros trabajan para incentivarlo”. A la vista de las declaraciones de los partidos que componen el gobierno de España, comparten esta falsa reflexión dicotómica: o asumes el concierto o alimentas a los independentistas. Todos ellos forman parte de la operación obviando el permisivo efecto sobre la solidaridad en el estado. Algunos analistas dicen que lo hacen para comprar su permanencia en el gobierno, pero cabe una posibilidad más triste, que consideren este modelo asimétrico e injusto como solución al problema territorial español. Tengo que reconocer que no me sorprendería nada esta creencia. Me pregunto qué van a contar a sus votantes estos partidos que se autodenominan de izquierdas, cuando al final del proceso tengan que reducir el gasto en sus territorios porque no pueden sostener por sí solos el actual nivel de prestaciones recogido en las normas básicas de convivencia (incluida la Constitución española).

El actual sistema de financiación autonómica tiene deficiencias, no es lógico que CCAA con menor aportación por habitante (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias, Castilla y León, Asturias y Galicia) obtengan una ratio superior de financiación por habitante a quienes sí lo hacen, pero la solución es equilibrar a todas en el promedio (donde se encuentran Cataluña y Madrid), no ampliar a Cataluña el inmenso privilegio de País Vasco y Navarra. En vez de trabajar en este sentido, se plantea una tropelía excelsa. La opción elegida por el gobierno de España (y sus adláteres) es la peor de las posibles para la mayoría de la población española tanto si sale como si no lo hace (será el germen de un nuevo procés).

El nivel de agotamiento es mayúsculo por los continuos conflictos apoyados en justificaciones basadas únicamente en no reconocer un territorio común por ser más ricos. A la vista de la propuesta planteada, en términos financieros y de igualdad en el trato, sería mejor y más clara la opción de la independencia acompañada de dos premisas, que quien quiera ejercitarla pague la parte de la deuda que les corresponde por su participación en el PIB español (18% de 1,6 billones de euros en el caso de Cataluña) y asuman las obligaciones del sistema de pensiones. Con estas condiciones se puede realizar un referéndum en toda España con muchas posibilidades de obtener un resultado muy favorable. Es bastante triste llegar a una solución de estas características, en especial, por las personas que no apoyan la idea de la independencia en esos territorios, pero el panorama se despejaría y desaparecería una parte importante de las justificaciones para no abordar las reformas estructurales que necesita nuestro país para crecer más con una distribución de la renta razonable.