La respuesta breve es que sí, pero no la que impulsa el régimen y no en este momento. La iniciativa de López Obrador tiene como único objetivo desplazar a los jueces que están dispuestos a invalidar los actos ilícitos de los poderes ejecutivo y legislativo. No le interesa mejorar la calidad de la justicia, ni su acceso.
Dicho lo anterior, hay una serie de medidas mínimas, provenientes de la experiencia de otros países y del estudio de la ineficacia del sistema nacional, que debería tener una reforma que mejore la calidad del estado de derecho en México, que no solo involucra a los tribunales, sino a los legisladores, a la administración y a las policías y fiscalías.
1. Mejora regulatoria en las leyes
Al igual que las normas administrativas, la legislación debería estar sujeta a una revisión de su impacto regulatorio (es decir, del costo y cargas que implica una norma o regla). En la práctica esto implica que, como parte del proceso legislativo, debería existir un dictamen de impacto regulatorio que confirme que no es perjudicial. Esto ya sucede en otras partes del mundo.
2. Uniformidad legislativa en materias importantes y recodificación
Tanto el fondo como el procedimiento de las materias administrativa, penal, civil, y urbana deberían ser nacionales en lugar de estar dispersos en 32 sistemas locales diferentes, como ya sucede con la materia mercantil. Debería existir un solo sistema laboral y en materia de negocios. Esta simplificación legal pasa por recodificar y sistematizar materias que están dispersas por la pereza de los legisladores.
3. Sistema único de instancias entre estados y federación
Un asunto local debería estar regido por leyes nacionales, aplicadas por las autoridades y tribunales locales, siendo los tribunales federales instancias de apelación. El ciudadano siempre estaría frente a la misma ley y procedimiento, de manera que la mayoría de los asuntos concluyeran en una tercera instancia (sea de apelación, casación y amparo). La Corte Suprema solo debería atender los casos que atraiga por sí misma o por petición justificada (certiorari), aceptada a voluntad. Los procedimientos en todas las materias deben ser orales, con opción a la justicia digital en una sola plataforma nacional. La mediación debe ser obligatoria en todas las materias y sus resultados deben ser inatacables.
4. Carrera judicial única nacional
Todo abogado debería certificarse en una especialidad común para ser postulante, secretario, juez u oficial administrativo. Es mejor que los exámenes de barra, evita los favoritismos en la contratación de funcionarios judiciales y administrativos y garantiza un nivel uniforme de calidad de los abogados. En consecuencia, el servicio civil de carrera judicial debería ser único, nacional y permitir la movilidad entre gobiernos y tribunales locales y federales.
5. Simplificar el amparo
López Obrador, a pesar de su adoración por los Flores Magón, jamás hizo algo para llevar a la práctica esta exigencia de los fundadores del Partido Liberal Mexicano, demanda social que tiene más de un siglo. El trámite de un amparo debe ser muy sencillo, bastando con que el demandante mencione los hechos del caso y lo que pide, reuniendo tres características destacadas: a) que el juez corrija cualquier error o deficiencia de la argumentación de las partes (la verdad y la justicia por encima de las formas); b) cualquier asunto que llega al amparo debe ahí resolverse en definitiva ; y c) toda sentencia debe tener una parte donde se establezca el castigo que recibirá el funcionario que violó derechos humanos con el acto o conducta que el amparo invalidó.
6. División de poderes en el municipio y justicia de barandilla
El municipio mexicano es una especie de isla parlamentaria, con un monarca por trienio. Es una anomalía constitucional: no hay tres poderes como en los niveles local y federal, el alcalde es electo junto con una planilla de regidores que trabajan como órgano normativo, pero siempre sujetos al poder político del presidente municipal. Los jueces cívicos no son jueces de verdad, apenas son funcionarios administrativos que atienden conflictos menores, sin que sus decisiones sean las de un juzgado real, como los que tienen estados y federación. Por esto, deben separarse las elecciones y funciones de regidores y alcalde, haciendo de los jueces cívicos verdaderos funcionarios de un poder judicial municipal autónomo e independiente, que sirvan de primera instancia a todas las materias, con un procedimiento muy breve, oral y extremadamente sencillo y garantista.
7. Trámites uniformes y digitales en todos los niveles de gobierno
En Canadá la duración de la apertura de un negocio es un día. Es factible uniformar los trámites para abrir un comercio, obtener una licencia o cualquier respuesta administrativa. El órgano de mejora regulatoria debe ser totalmente autónomo del Ejecutivo y tener capacidad real para hacer valer sus decisiones.
8. La Auditoría Superior debe ser nacional y autónoma
La Secretaría de la Función Pública debe desaparecer, al igual que las contralorías locales, para que sus funciones sean absorbidas por una Auditoría Superior nacional, cuyas decisiones sean revisables por los tribunales administrativos.
9. Fin de los tribunales no judiciales
La exclusión de los tribunales administrativos de la lanzada obradorista contra los jueces tiene una explicación sencilla: nunca han sido contrapesos, sino aliados del ejecutivo. Creado por Lázaro Cárdenas, este tribunal imita el recelo francés al control judicial de los actos de la administración. La respuesta dada en ese país a esa muy específica animadversión fue que el ejecutivo se juzgara a sí mismo.
En México, ese arreglo importado por el cardenismo causó una peculiar actitud de respaldo y reverencia a los funcionarios ejecutivos, que persiste hasta nuestros días, a pesar de que formalmente los tribunales administrativos son órganos públicos autónomos desde el sexenio pasado. Esta falta de autonomía e independencia tiene su explicación en que en los hechos los ejecutivos siguen mandando sobre esos tribunales. En consecuencia, resulta usual que estos tribunales encuentren la forma de disculpar o justificar los actos del gobierno o de limitar la protección de los gobernados.
Como puede apreciarse, uno de los retos mayores de un auténtico estado de derecho es que los particulares puedan defenderse efectivamente del gobierno: si los tribunales administrativos tienden a ser proclives al ejecutivo, esa defensa es ilusoria.
Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe pasar a ser el Tribunal Administrativo del Poder Judicial de la Federación, con autonomía, recursos y facultades como los tiene el electoral. Lo mismo debe suceder en los niveles de gobierno local y municipal. El resto de las instancias de resolución de conflictos que actualmente no son judiciales, deben pasar a ese poder.
10. Mayor rendición de cuentas del ejecutivo
Ningún cargo por debajo de subsecretario debería entregarse a quien no tenga servicio civil de carrera. Debe existir una Junta de Gobierno o Consejo de la Administración, con representantes de los sectores privado, de la sociedad civil y la academia, a la que el presidente, secretarios y equivalentes de los estados rindan cuentas y sometan a consideración sus políticas. El presidente de la república y los ejecutivos equivalentes en los estados y municipios deben poder ser destituidos por la Corte Suprema por violación flagrante de la Constitución y ser consignados a un juez de distrito. Debe existir un solo servicio civil policial y una policía nacional de carácter preventivo, así como una bajo el mando del poder judicial que haga efectiva sus decisiones y órdenes.
Quedan varias medidas adicionales, pero con este mínimo se puede aspirar a que la sociedad tenga una justicia de mejor calidad, accesible y no meramente declarativa. Esta es la reforma que López Obrador jamás querría hacer, porque sí acabaría con la corrupción que usa de espantajo para acumular más poder. ~
