La semana pasada, antes de que el senador Ricardo Monreal presentara ante el Senado las diversas reformas al sistema de procuración de justicia que le envió el gobierno a nombre del fiscal Alejandro Gertz Manero, se filtraron algunos párrafos que pertenecían, supuestamente, a esa serie de modificaciones. Por ello, la presentación fue pospuesta para el 1 de febrero. No está claro si los párrafos filtrados son reales o apócrifos, pero dieron la vuelta al mundo como un nuevo boceto autoritario más de este gobierno, y encendieron las alarmas en la academia, la sociedad civil y el ámbito judicial. El exministro José Ramón Cossio tuiteó: “Fue razonable que se haya pospuesto la presentación de las iniciativas de reforma penal. Muchos de los elementos de los documentos que circularon en redes eran claramente inconstitucionales o inconvencionales.” En su artículo “Regresión autoritaria”, Ana Laura Magaloni, quien formó parte de la terna para ocupar un asiento en la Suprema Corte hace un par de meses, escribió que en “el paquete de iniciativas se contempla, por ejemplo, el arraigo para todo tipo de delitos o la posibilidad de que pruebas recabadas ilícitamente puedan ser válidas en juicio. Ello es propio de regímenes autoritarios.”
Los párrafos filtrados indican la intención de reformar la Constitución, el poder Judicial, la Ley de Amparo, así como de crear un Código Penal Nacional y la Ley de la Fiscalía. Acaso las dos reformas que más preocupación generaron fueron la que reinstituye la figura del arraigo –lo que podría en los hechos significar el fin de la presunción de inocencia–, y la admisión de pruebas recabadas ilegalmente. En cuanto a la segunda, por ejemplo, la ley actual dice que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, será nula.” El documento filtrado propone, en cambio, que “los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en como fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en sus vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente, o su descubrimiento hubiere sido inevitable.” Otra propuesta que generó nerviosismo es la que permitiría cualquier intervención de comunicación privada en materia electoral o fiscal. “Exclusivamente, la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.” La ley actual prohíbe que esto sea en materia electoral y fiscal; los documentos filtrados ya no mencionan esa prohibición. Finalmente, se restringe severamente el acceso a las audiencias en juicios, lo que limita la transparencia, el ejercicio periodístico y el acceso a la información.
Todo esto se suma a las medidas crecientemente autoritarias en materia judicial que ha promovido este gobierno: desde la prisión preventiva oficiosa para delitos como la corrupción –bastando para ello una mera acusación–, hasta la ley de extinción de dominio. El cuadro general es uno de autoritarismo penal que, señala Magaloni, México había superado desde 2008.
Es pertinente preguntarse por qué se filtraron los documentos. Una de las posibilidades es que la filtración de los documentos funcione como una especie de globo sonda, para medir la reacción de la sociedad y modificar las iniciativas en función de esta. Si las propuestas son bien recibidas o pasan desapercibidas, se continúa con el proyecto intacto. Si son rechazadas, como en este caso, se hacen modificaciones.
Otra posibilidad es que se busque pervertir desde antes la discusión pública. En este punto, la oposición y la sociedad civil sólo cuentan con los documentos filtrados para preparar sus refutaciones. Y puesto que nadie sabe si son reales o no, seguirán trabajando con algo etéreo.
Una tercera posibilidad es seguir la estrategia del niño castigado. Imaginemos a un padre dispuesto a castigar a su hijo porque alega que se ha portado mal. “Te castigaré un mes”, le dice. “¿Un mes, papá? No, por favor”, reprocha el niño. “Bueno, está bien, sólo te castigaré 20 días”, cierra el padre. Al final, el castigo es menor al originalmente propuesto, pero el padre se sale con la suya y el niño incluso lo agradece. Algo así puede estar intentando el gobierno: proponer reformas desmedidas para que, ante la reacción, las que finalmente se pongan sobre la mesa resulten más aceptables, aunque sean indeseables de todas formas. Un guion similar se siguió con la creación de la Guardia Nacional.
En cualquier caso –y ése es el problema al momento– no sabemos cuál será la reforma cuya aprobación deberá discutir el Senado. Debemos esperar. No obstante, si se trata de algo cercano a los documentos filtrados, estaremos en terreno peligroso. La breve historia de este gobierno no sugiere otra cosa. La propuesta deberá analizarse con cuidado, discutirse a profundidad y responderse con firmeza.
