El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios brasileños de 2022 fue la culminación de un giro a la izquierda en los gobiernos más importantes de América Latina, que comenzó con los ascensos de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina.
A este giro lo precedió una etapa en la cual, hacia finales de la década pasada, la coexistencia de gobiernos de derecha en países como Argentina, Chile, Colombia o Perú se tradujo en la creación del Grupo de Lima, foro multilateral destinado a buscar una salida a la crisis venezolana, que exigió la liberación de presos políticos, la realización de elecciones libres y el reconocimiento de una presidencia interina con legitimidad internacional.
Las medidas apoyadas por aquella ola conservadora regional resultaron estériles al momento de desahogar la situación venezolana –sanciones económicas y aislamiento internacional mediante–, agudizada después de la pandemia y en parte responsable del cada vez mayor descrédito del gobierno interino de Juan Guaidó, quien, asfixiado por el chavismo, abandonó su país tras un fallido intento por participar en las primarias opositoras rumbo a las elecciones generales de 2024.
El nuevo giro a la izquierdaterminó por desintegrar lo que pretendía, con el Grupo de Lima, constituirse como un bloque desde el cual proyectar una posición conjunta sobre Venezuela a través de la presión internacional. Contrario a ello, los así llamados progresistas de nuestra región han optado por un acercamiento dialogado con el chavismo, favorable a las negociaciones e, incluso, a la defensa de Maduro y el encubrimiento de las prácticas autoritarias de su gobierno.
El presidente brasileño ha encontrado la coyuntura propicia para llevar sus ambiciones regionales más allá de los espacios que le brinda el Sur global.
Expresión de esto han sido los acercamientos entre el régimen y la oposición en las mesas de diálogo facilitadas por México y respaldadas por actores regionales y extrarregionales entre los que destacan Noruega y Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro, otro miembro en el desfile de la nueva marea rosa, ha privilegiado desde inicios de su gobierno los encuentros con el chavismo, reactivando las relaciones diplomáticas entre vecinos y concursando en los acuerdos opositores sobre las próximas elecciones en Venezuela. Con ello, Petro no solamente aspira a ceder ante un líder del mismo club izquierdista, sino obtener alguna ventaja en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional –trascendental para su propuesta de “Paz total” y, quizá más importante, posicionarse a la cabeza del resucitado movimiento progresista latinoamericano, una vez que López Obrador dejó ir semejante oportunidad tras continuadas expresiones de desinterés y falta de pericia diplomática.
La suerte, sin embargo, no ha sonreído a Petro en este y otros asuntos. La pérdida de popularidad de su gobierno, vinculada a algunos errores en la negociación con el propio ELN, y los desacuerdos al interior de la coalición que lo llevó a la presidencia y mediante la cual pretendía concertar avances en sus ambiciosas reformas, han obligado al mandatario colombiano a recular en sus pretensiones regionales para dedicarse de lleno a la política doméstica.
Del otro lado del Atlántico
En este contexto, al no encontrar ya quien pueda disputarle la representación de América Latina y el Caribe ante el mundo, Luiz Inácio Lula da Silva ha emergido con más fuerza como líder del progresismo latinoamericano. El presidente brasileño ha encontrado la coyuntura propicia para llevar sus ambiciones regionales más allá de los espacios que le brinda el Sur global –como son los BRICS–, aprovechando el creciente interés que la Unión Europea encuentra en esta zona del orbe, indirectamente estimulada por Rusia y China en un doble eje: para contrarrestar la influencia de dichos países en nuestra región y para evitar la potencial dependencia de alguno de ellos en temas estratégicos –como, de hecho, ya sucedió en los albores de la invasión a Ucrania con el gas ruso–.
Los intereses fundamentales que la Unión Europea tiene en Latinoamérica y el Caribe son, en efecto, comerciales y energéticos. Al otro lado del Atlántico llaman la atención las reservas de litio que ostentan países como Bolivia o Argentina, cruciales en el avance de la agenda ecologista que Europa lidera a nivel global, orientada hacia la transición energética. El intercambio de otras materias primas también es parte de los objetivos de la UE en la región, con miras a “mantener sus industrias y el nivel de consumo de su población”.
Esta coyuntura ha sido favorable al activismo internacional de Lula, el cual pretende consolidar una nueva integración regional, desdeñada por el cicloderechista al que referimos anteriormente. Los representantes de este último, en efecto, dejaron en el olvido acuerdos como Mercosur y órganos multilaterales como la CELAC y Unasur –acaso por su estrecha relación con la marea rosa de inicios de siglo–, hoy espacios predilectos de la izquierda latinoamericana, cuya renovación es uno de los objetivos más importantes en la agenda del presidente brasileño.
Así, en meses anteriores, Da Silva buscó negociar un nuevo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en la comisión del organismo, lo cual estrecha los lazos diplomáticos birregionales por razones históricas. A pesar de ello, la recién clausurada cumbre entre la UE y la CELAC, considerada por muchos el punto álgido del renovado vínculo entre ambos lados del Atlántico, asestó un golpe a los anhelos comerciales de Lula, quizá por la negativa del brasileño a cumplir como es debido con las cláusulas ambientales europeas. La declaración final del evento se limita a decir, respecto al ansiado acuerdo, que ambas partes tomarán “nota de los trabajos en curso entre la UE y el Mercosur”.
Autocracia y silencio
Las ansias de integración lulistas, empero, parecen colmarse en la articulación de una nueva posición regional conjunta, esta vez no solo respecto a Venezuela, sino también a Cuba y Nicaragua. De ahí que espacios de discusión –coordinados desde Itamaraty– entre mandatarios de la zona, como la Cumbre Sudamericana o el más reciente Foro de Sao Paulo, hayan tenido como telón de fondo la defensa de las autocracias regionales, bajo la tradicional retórica antiimperialista que exculpa a Maduro, Díaz-Canel y Ortega de cualquier responsabilidad en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en sus países, haciendo ver al recrudecimiento de la cuestión social posterior a la pandemia como obra de las sanciones económicas promovidas por el gobierno estadounidense.
Al respecto, son ya célebres entre la comunidad latinoamericana las palabras de Lula durante la Cumbre Sudamericana convocada por él mismo en mayo pasado, desde donde calificó a la crisis venezolana como una narrativa que, en cuanto tal, es susceptible de ser modificada por una de naturaleza benevolente con la dictadura chavista. También llamativos fueron los intentos del gobierno brasileño por suavizar una resolución que en la más reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos condenó las prácticas del régimen Ortega-Murillo hacia los opositores y la sociedad civil en general. Asimismo, la última reunión del Foro de Sao Paulo –albergada en Brasilia– tuvo como leitmotiv la condena del “bloqueo” y las “medidas coercitivas” norteamericanas que enfrenta el bloque más añejo de la comparsa iliberal latinoamericana.
La retórica victimista y filotiránica de este sector de la izquierda ha aprovechado, también, los nuevos espacios que la diplomacia europea hoy facilita a los cabecillas regionales. En julio pasado, los autodenominados progresistas de ambos lados del Atlántico se reunieron en el Parlamento Europeo con el objeto de configurar una agenda común en víspera de la Cumbre UE-CELAC. Tópico central del evento fue la defensa de los valores democráticos, considerados sustancia misma de la política exterior europea y principios comunes de toda la comunidad eurolatinoamericana.
Mínimas son las esperanzas que los demócratas de este lado del mundo podemos encontrar entre quienes lideran la política exterior regional.
En ese sentido, la reunión enfatizó la crisis de las democracias globales y la necesidad de su defensa. No obstante, al igual que en el último Foro de Sao Paulo, el diagnóstico fue parcial, atribuyendo la exclusiva responsabilidad de la fragilidad democrática al efervescente populismo de derechas. En tanto, protagonistas del encuentro, como el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y el fundador del grupo de Puebla, Marco Antonio Enríquez, defendieron no solamente a las autocracias de la zona, supuestamente acosadas por el “bloqueo norteamericano”, sino también a los aspirantes a dictador, considerando mera persecución política a procesos que buscan esclarecer situaciones como el autogolpe de Pedro Castillo en Perú.
Resistencias democráticas
Habría que preguntar si la misma preocupación que la Unión Europea muestra sobre el acuerdo con Mercosur, dada la reticencia de Lula por garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales, cabe respecto del relativismo democrático. Ese relativismo que ha permitido a la izquierda regional condenar sin ambages actitudes ciertamente antidemocráticas emanadas desde la extrema derecha, y guardar silencio respecto de sus correlatos –casi siempre maximizados– en los regímenes de Managua, Caracas y La Habana.
Es preocupante que el organismo se adhiera tácitamente a esta nueva posición conjunta de la izquierda regional hegemónica, quien pretende apropiarse del Unasur –bajo el auspicio de Lula– como espacio para favorecer, esta vez sí, sus narrativas. Al respecto, la indulgencia de Josep Borrell en su última visita a Cuba parece dejar constancia de un acercamiento más próximo a la realpolitik que a los principios democráticos de la EU, los cuales, a pesar de fungir como condicionantes en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la isla, han sido desactivados en favor de una supuesta solución deliberada a los problemas del régimen castrista.
Mínimas son, pues, las esperanzas que los demócratas de este lado del mundo podemos encontrar entre quienes lideran la política exterior regional. Sin embargo, resquicios de aquellas pueden ser todavía encontrados en las posiciones de Gabriel Boric y Luis Lacalle Pou frente a los excesos lulistas, demostrando, una vez más, que el talante liberal no es monopolio de ninguna ideología. Aunque en minoría frente a la embestida antidemocrática, los presidentes de Chile y Uruguay ejemplifican la defensa de los principios republicanos sobre los que América Latina se funda, exhibiendo, para dichos fines, la importancia de las instancias multilaterales. Gracias a sus intervenciones en contra de la apología del régimen de Maduro, maquinado por Lula desde la Cumbre Sudamericana, el sueño de Unasur como plataforma de protección autocrática no pudo ser –al menos todavía–, concretado. ~
Filósofo y analista político. Especializado en iliberalismo, populismo y polarización en Latinoamérica. Sus textos han aparecido en Literal, Dialektika y DemoAmlat. Su próximo libro será Viejas ideas. ¿Nuevos desafíos? Un estudio teórico sobre el ascenso del iliberalismo, publicado por Editorial Traveler (Madrid).
