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Trampantojos políticos

Aunque ha anunciado grandes transformaciones, el gobierno de López Obrador se ha dedicado a armar trampantojos, ardides burdos que generan profundos efectos desorganizadores. La consulta del 1 de agosto es uno de ellos.
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El gobierno populista mexicano, que ha anunciado grandes transformaciones, se ha dedicado más bien a armar toda clase de trampantojos, meras ilusiones que engañan con efectos fingidos. Pero el resultado está muy lejos de ser una atractiva obra de arte como las de Piranesi o Escher. Los trampantojos políticos de López Obrador son obras mal hechas, ardides burdos que, en el mejor de los casos, son simplemente molestos, y en los peores casos generan profundos efectos desorganizadores.

Después de las elecciones del 6 de junio, el presidente decidió producir un efecto sorprendente al practicar una limpia en su gabinete y en su entorno: ha despedido a la secretaria de la Función Pública, ha sustituido al secretario de Hacienda y se ha desecho del máximo operador de programas sociales. Los ha sustituido por personajes tan grises como los anteriores, creando un efecto más técnico que político: un trampantojo para ocultar las deficiencias que provocaron el retroceso de Morena en la Cámara de Diputados y en la Ciudad de México. Posiblemente vendrán más cambios.

Otro típico trampantojo es la consulta a la ciudadanía del próximo 1 de agosto. Su origen está en una propuesta hecha por el presidente para preguntar a los votantes si debían investigarse y sancionarse los presuntos delitos cometidos por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde el comienzo reinó la ambigüedad, pues López Obrador aclaró que él no estaba de acuerdo con aplicar la ley a los expresidentes, porque no quería venganza.

La Suprema Corte de Justicia, al evaluar la constitucionalidad de esta pregunta, decidió cambiarla para adaptarla a la legalidad. Debió haberla desechado, pero la mayoría de los jueces no se atrevió a hacerlo. Por seis votos a favor y cinco en contra se aceptó adaptar la pregunta. La adaptación, que quitó los nombres de los expresidentes, resultó ridícula y grotesca, pero es la que se va a usar para la consulta del 1 de agosto de 2021. La nueva pregunta es fraudulenta y tan absurda, amplia y vaga que en ella cabe cualquier proceso de esclarecimiento realizado por cualquier instancia y de cualquier decisión política tomada por cualquier actor político en cualquier momento del pasado. Un curioso trampantojo que se podría traducir a una especie de algoritmo: ¿Estás de acuerdo en que alguien haga algo para ver si algunos políticos hicieron algo que haya ocasionado algunas víctimas en algún momento del pasado? Para que la ciudadanía responda a esta estúpida pregunta, el INE gastará más de 500 millones de pesos. Es obvio que hay que denunciar este fraude político impulsado por el presidente y abstenerse de votar semejante tontería. México, con este trampantojo, se convierte en el único país del mundo donde se consulta a sus ciudadanos si debe aplicarse la ley. Se está degradando el importante derecho de la ciudadanía a ser consultada.

Los partidarios del presidente y los dirigentes de Morena están haciendo campaña como si la pregunta inicial no hubiese sido radicalmente modificada por la Suprema Corte. Es muy probable que la participación ciudadana en esta consulta no exceda al 40% de la lista nominal de electores, que es el requisito legal para que los resultados sean vinculantes. Pero supongamos que sí se llega a una participación amplia y que triunfa el sí. ¿Qué hará el gobierno? La pregunta no indica otra cosa diferente a lo que ya se sabe de antemano: que debe aplicarse la ley. Pero el presidente interpretará el resultado a su gusto para no se sabe qué otro trampantojo. Y tenemos que prepararnos para los muchos trampantojos que vendrán.