El 11 de febrero de 2022 marca un antes y un después en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Un punto de quiebre en el estilo de gobernar y de ejercer el poder del mandatario que a lo largo de tres años ha intentado hacer del ajuste de la realidad a su interpretación personal un filtro que utiliza con gracia para amigos y con desprecio para los enemigos.
En el ejercicio denominado “mañanera”, que debiera servir para informar con transparencia acerca de los actos de la administración pública, hemos observado al presidente de la República justificar delitos electorales como las entregas de dinero a sus hermanos Pío y Martín, que él mismo llamó “aportaciones al movimiento” y que no fueron reportadas al INE y al SAT, como lo estipulan los ordenamientos legales correspondientes; o darle visos de normalidad a la retención indebida de una parte de su salario a trabajadores del municipio de Texcoco por parte de la entonces presidenta municipal –hoy secretaria de Educación Pública–, Delfina Gómez, para destinarlos a Morena, el partido que el presidente fundó y del que aún es líder moral.
La sucesión de abusos y arbitrariedades en materia de salud, seguridad pública, paridad, electoral o derechos humanos que hemos presenciado parecían ya no ser sorpresa para nadie. Era como si la nación mexicana se hubiera acostumbrado a las violaciones a la ley, los agravios personales, los excesos en las facultades y las afirmaciones no verdaderas o mentirosas que han sido frecuentes en las 786 conferencias matutinas.
Pero algo se rompió en la sociedad mexicana este viernes 11. Y es que el presidente, a su vez, rompió todo límite legal, ético y de decencia durante su conferencia, al ordenar e iniciar públicamente desde el Estado la persecución de un ciudadano que libremente ha decidido dedicarse al periodismo y, en ejercicio del derecho a informar y ser informado, ha dado cuenta de diversos escándalos de posible corrupción al interior del gobierno del presidente López Obrador. El más reciente, como se sabe, es el posible conflicto de interés y tráfico de influencias del hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, su nuera, Carolyn Adams, y la empresa petrolera Baker Hughes, que tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con Pemex.
Se trata de un acto público de venganza personal, ejecutado con dinero público a través de la máxima tribuna de comunicación social del presidente, tal vez con intervención de otras dependencias gubernamentales que, como el presidente, están obligadas a guardar en la mayor confidencialidad los datos personales, privados, de los ciudadanos mexicanos. Además, en las circunstancias actuales de violencia que atraviesa el periodismo en México –57 periodistas han sido asesinados en lo que va del sexenio, cinco solo en 2022–, el acto constituye una amenaza grave y real a la integridad física no solo del periodista Carlos Loret de Mola, aludido directamente por el presidente, sino de toda su familia.
Si he mencionado la palabra “venganza” es por el hecho de que el presidente, lejos de responder informando con transparencia sobre los potenciales conflictos de interés en los que hubiera podido haber tenido intervención su nuera, como cabildera a favor de empresas petroleras, respecto de contratos y ampliaciones millonarias de los mismos, y sobre la relación de estos con la mansión en Houston propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes donde vivió el matrimonio López Adams, lo que hizo fue echar a andar el andamiaje estatal para intimidar a un periodista, exigiéndole que diera a conocer sus ingresos, en un ejercicio indebido de un derecho de réplica que no le corresponde, puesto que los hechos dados a conocer por Loret de Mola no atañen a la vida privada del presidente, sino al modo de vida de su hijo mayor.
Dicho con claridad, es irrelevante conocer los ingresos de un periodista, a menos de que se tengan indicios de que provienen de la comisión de actos ilícitos. En ese caso, los servidores públicos, incluyendo al presidente, que llegaran a tener conocimiento de estos actos, estarían obligados a denunciar por ley ante las autoridades, a efecto de que se inicien las investigaciones correspondientes.
Fuera de ese supuesto, un periodista es un profesional que, al no percibir un salario proveniente de recursos públicos, tampoco está obligado a hacer pública su situación patrimonial, la que debe hacer del conocimiento solo del Servicio de Administración Tributaria, como toda la población económicamente activa en México.
Sin indicios de delito, el que un presidente dé a conocer los ingresos de un periodista, o de cualquier otra persona, es un acto intimidatorio que tiende a legitimar la agresión a este periodista. Por otro lado, puede configurar un delito cometido por el propio presidente, por la divulgación, expresamente prohibida en la ley, de información personal al resguardo de las autoridades, como lo sería en este caso el propio SAT, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 69 del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, es preciso hacer énfasis en que, de manera conveniente, López Obrador dijo que la supuesta relación de ingresos que exhibió la mañana del 11 de febrero le fue entregada por un “ciudadano”, sin que revelara su nombre ni las circunstancias de la entrega. El presidente no goza del beneficio de protección de fuentes de información del que sí gozan los periodistas. Por el contrario, es un mandato constitucional, establecido en el artículo 6º de la Carta Magna, que el presidente informe con total transparencia la fuente de la que obtuvo toda la información relativa a los supuestos ingresos de un particular, en este caso, un periodista. Si los datos revelados no provienen del SAT, el presidente estaría cometiendo el delito de revelación de secretos, previsto y sancionado con pena privativa de libertad que va de uno a cinco años en el artículo 211 del Código Penal Federal.
Si lo anterior no fuera suficiente, el titular del Ejecutivo expuso que solicitaría a organismos como el INAI (que está facultado únicamente para ordenar transparentar ingresos y patrimonio de servidores públicos, no de profesionistas que ejercen sus actividades desde el ámbito de lo privado) o el propio SAT que verificaran dicha información, y anunció que pronto daría a conocer las supuestas propiedades del comunicador, en total violación al artículo 16 constitucional, que establece la garantía a favor de todos los particulares de no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Por último, al margen de si la información dada a conocer por el presidente proviene de una dependencia administrativa como el SAT o de un particular, Andrés Manuel López Obrador violó lo establecido en los artículos 6, 31 y relativos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece la obligación del Estado –y por ende, todos los servidores públicos, de todas las jerarquías, incluido el titular del Ejecutivo– de garantizar la privacidad de los individuos. Tal obligación solo puede ser limitada por razones de seguridad nacional, mantener el orden público, la seguridad y la salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El mandato que tiene el presidente de preservar el orden público lo ejerce a través de la aplicación exacta de la ley y su debido cumplimiento, desde la Constitución hasta diversas leyes como la de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el Código Fiscal, Penal.
Es decir, vimos a Carlos Loret de Mola convertirse oficialmente en el blanco del abuso de poder del régimen del presidente López Obrador. Y por si quedaban dudas de su comisión flagrante de delitos, López Obrador reincidió en las mismas conductas en contra del mismo periodista en la conferencia mañanera del lunes 14 de febrero. En un despliegue de prepotencia y arbitrariedad, amenazó además con hacer extensiva esta conducta abusiva en contra de otros de sus críticos en los días por venir.
Pero si la ira del presidente ha actuado en contra de su propio discurso y todo aquello que lo sostenía como un referente de honestidad, entre la sociedad civil mexicana parece haber sucedido lo opuesto. En el amplio conocimiento ancestral mexicano que se resume en los refranes populares, aquel que dice “cuando el cielo está más oscuro es cuando está a punto de amanecer” parece ser el corolario adecuado al “viernes negro” del presidente. Después de poco más de tres años de ser atacados en su modo de vida; en sus elecciones académicas; en sus justas exigencias de justicia por los desaparecidos y las asesinadas, de salud a través de vacunas, quimioterapias y medicamentos para infantes y adolescentes, de todo aquello que expresa el invaluable ejercicio del derecho a la libertad, mexicanos y mexicanas encontraron un punto común para el diálogo en la clara amenaza del poder a su derecho a la libre expresión y la vulneración de todo lo que constituye su privacidad. Un punto de quiebre puede ser también, después de todo, un punto de partida.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
