La elección de Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resultó sorpresiva. A pesar de tener en la terna a Ana Laura Magaloni, una candidata que poseía las credenciales, la trayectoria, la independencia y el respaldo de la comunidad académica, los senadores eligieron como nueva ministra a Ríos-Farjat, quien durante un año fungió como jefa del SAT y ahora estará en la Corte hasta 2034. Con su llegada a la SCJN, López Obrador está más cerca de contar con un máximo órgano del poder judicial favorable a su proyecto.
El 3 de octubre, el ahora exministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo sin explicar sus motivos. Al día siguiente, el presidente López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera, instancia de la Secretaría de Hacienda, había iniciado una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Aún no se conocen los resultados de dicha investigación, pero su salida le dio la oportunidad a López Obrador de colocar en el tribunal a alguien afín a su proyecto.
Ríos-Farjat no solo es cercana al presidente, sino a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. Antes de llegar al SAT, la abogada trabajó en Vector Casa de Bolsa, compañía de Romo, y dio clases en la Universidad Metropolitana de Monterrey, de la cual Romo es presidente honorario. Para que pudiera ocupar la jefatura del SAT, el 5 de diciembre de 2018 se modificó la ley. Ya no era necesario que su jefa contara con experiencia en administración, aduanas y recaudación de impuestos, sino que bastaba con tener estudios en materia fiscal y aduanera. En los diez meses en que estuvo al frente de la oficina de recaudación de impuestos, se recaudaron 74 mil millones menos de lo contemplado en la Ley de Ingresos. No se sabe aún quién llegará a ocupar su lugar en el SAT, pero la abogada estará adscrita a la Segunda Sala, especializada en asuntos administrativos y laborales. Para evitar el conflicto de interés por haber estado a cargo del SAT, tendrá que declararse impedida para resolver en los casos de materia fiscal.
En su primer año de gobierno, López Obrador ya ha designado a tres nuevos ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien llegó para ocupar la silla vacante del ministro en retiro José Ramón Cossío; Yasmín Esquivel Mossa, cuya elección estuvo envuelta en la controversia por ser esposa del empresario –y contratista predilecto de López Obrador– José María Riobóo, en el lugar que dejó Margarita Luna Ramos y, ahora, Ríos-Farjat. Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar se ha pronunciado a favor de la política de austeridad y el combate a la corrupción que promueve la administración lopezobradorista.
De tal manera, hasta este momento, el proyecto del presidente contaría con el respaldo de cuatro de once ministros en el tribunal superior. Este número podría cambiar si los ministros forman un grupo y convencen a los demás de apoyar sus posturas políticas. Por lo pronto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, propuesta por Enrique Peña Nieto en 2015, se ha mostrado ambivalente respecto al proyecto político encabezado por López Obrador. En mayo, la ministra apoyó la Ley de Remuneraciones que obliga a los funcionarios públicos a no percibir un sueldo mayor al del presidente, pero en junio desechó una controversia presentada por la Consejería Jurídica sobre la designación de los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción.
En 2021, López Obrador enviará una nueva terna para reemplazar al ministro Fernando Franco González Salas, quien concluirá su periodo dentro de la Corte. Ello significa que para la mitad de su gestión, López Obrador contará con al menos cinco ministros que podrán estar a favor de los cambios constitucionales que proponga.
Por si esto fuera poco, el Consejo de la Judicatura Federal se renovó recientemente con la llegada de Bernardo Bátiz, Loretta Ortíz y Verónica de Gyves, tres personas cercanas a López Obrador. Así, la autonomía del poder judicial queda limitada.
A diferencia de la sombría elección que le dio la titularidad de la CNDH a Rosario Piedra Ibarra, en esta ocasión no hubo un problema con el conteo de los votos. Ríos-Farjat ganó con una holgada mayoría y contó con el apoyo de varios senadores de los partidos de oposición. Sin embargo, eso no significa que el proceso haya sido irreprochable. De acuerdo con la investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa, se trata de una “simulación”, pues el presidente presenta ternas con candidatos cercanos a su movimiento, no hay un debate real en torno a sus perfiles y al final eligen a quien tiene el espaldarazo presidencial. “[La oposición en el Senado] hizo lo que le convenía a los senadores y no lo que México necesitaba en términos de defender la autonomía del poder judicial”, afirmó Pérez Correa.
Mientras no se modifique el proceso de selección de los aspirantes a la Corte, no podrá evitarse que el presidente elija a funcionarios del gobierno o a militantes de su partido político. Aunque la ley indica que los senadores deben elegir al candidato cuyo perfil sea idóneo para el puesto, terminan eligiendo aquel que es más cercano al Ejecutivo, lo cual diezma la capacidad del tribunal para convertirse en un contrapeso. En abril, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para ampliar la corte a dieciséis ministros y crear una Tercera Sala, especializada en corrupción. De esta manera, López Obrador nombraría a cinco nuevos ministros y gozaría de un poder judicial leal. La discusión de esta propuesta está prevista para el siguiente periodo de sesiones del Senado.
Las afinidades políticas de ministros y magistrados pueden incidir en sus decisiones, y en esa medida los nombramientos de personas cercanas al presidente en turno pueden minar la autonomía del poder judicial. Si el Ejecutivo es capaz de influir en las decisiones de la Corte, estaremos ante el fin de la división de poderes, condición sin la cual no puede existir una democracia plena.
