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Noviembre suele ser un mes agitado en Colombia. No solo porque marca el cierre del año político, con su inevitable liberación de tensiones antes del remanso navideño, sino, sobre todo, porque cada doce meses el país vuelve a enfrentarse con dos fechas que dejaron un núcleo traumático en su memoria colectiva. Por un lado, el asalto –por parte del grupo guerrillero M-19– y la retoma –por parte del Ejército y la Policía colombianos– del Palacio de Justicia, que desembocaron en la muerte de 98 personas, entre magistrados, funcionarios de la rama judicial, civiles, guerrilleros e integrantes de la fuerza pública. Por el otro, la avalancha de lodo que sepultó el pueblo de Armero, en el departamento del Tolima, provocada por una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Ambos sucesos, ocurridos con apenas unos días de diferencia en 1985, siguen actuando como un nudo no destrabado en la conciencia nacional y definiendo, en buena medida, el quehacer de algunos de sus intelectuales y artistas.

La conmemoración, en este 2025, de los cuarenta años de ambas tragedias hacía prever que ese duelo nunca resuelto, siempre postergado, afloraría con más fuerza; y lo ocurrido en estas dos semanas no ha hecho más que confirmarlo. (Escribo esta carta el 18 de noviembre, en medio de un intenso debate público que, sin duda, no se apaciguará pronto).

En ambos hechos fatídicos intervinieron personas concretas, pero el hecho de que uno de ellos fuera, en principio, una catástrofe natural ha dado más preponderancia a la toma del Palacio de Justicia, que cada año reaparece como el símbolo más doloroso y discutido de nuestra historia reciente. La avalancha de Armero, en cambio, parece ocupar un lugar distinto en ese archivo del trauma: es el espejo en el que la nación contempla su impotencia ante la naturaleza, pero también constata su negligencia y su falta de reflejos institucionales.

Así pues, a la predecible reedición de libros sobre la toma –Noche de lobos, de Ramón Jimeno; El Palacio sin máscara, de Germán Castro Caycedo; y El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana, de Ana Carrigan– se han sumado recientemente la novela Mural, de Ricardo Silva Romero; la memoria Deshacer los nudos, de Helena Urán Bidegaín, hija de uno de los magistrados asesinados durante de la toma; los ensayos académicos “Securitizing the past in Colombia? The mnemonical disputes over the taking of the Palace of Justice in 1985”, de Fabrício H. Chagas-Bastos y “Aquel Palacio en llamas: licencias narrativas para explicar lo inexplicable”, de Hannah Müssemann; además del documental Fragmentos de otra historia, de Laura Vera Jaramillo y César García Garzón.

Sin embargo, ha sido Noviembre, una película del cineasta y publicista Tomás Corredor –pobremente concebida y de escasa ambición analítica– la que ha despertado mayor atención y generado más controversia. Su recepción es tan elocuente que permite convertirla en un ejemplo paradigmático, casi un caso de manual, de lo que sucede en un país cuando los victimarios y las víctimas terminan apropiándose del discurso público e intentando modelar, según su punto de vista, los contornos de la memoria colectiva.

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Apenas se estrenó Noviembre, los abogados (y hermanos) J. Mauricio Gaona y Juliana Gaona Bejarano, hijos del magistrado Manuel Gaona Cruz, interpusieron (y lograron) una tutela solicitando que se le añada a la película un letrero que advierta que es “ficción” y que se silencie el pasaje en que un personaje dice: “Usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”, ya que –según ellos– esas diez palabras se apartan de los “hechos históricos” y “mancillan” la memoria de su padre, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia de 1985 por el M-19. (Con ese letrero y ese corte, se está exhibiendo la película en estos momentos en los teatros colombianos).

No será necesario recordar que, al contrario de lo que piensan los hermanos Gaona (y de lo que sostuvo el juez que falló la tutela en primera instancia), las obras artísticas no están sometidas, como sí lo están las obras periodísticas, al deber de guardar fidelidad con los hechos verificables. No tienen que proteger ni el buen nombre ni la honra de los personajes que aparecen en ellas. Pueden distorsionar acontecimientos, exagerar, inventar, estigmatizar o incluso burlarse de sus personajes, sin que eso las convierta en actos delictivos. En otras palabras, el arte no tiene por qué ajustarse a lo que se suele llamar, con necesarias comillas, los “hechos reales”.

Estas prerrogativas han sido reconocidas por multitudes de lectores a lo largo de la historia, y solo quienes no saben leer –es decir, quienes confunden un hecho con su representación literaria, pictórica o cinematográfica– alegan que las obras de ficción pueden ser vehículos para la injusticia, la calumnia o la inexactitud. (Y, en los casos en que ha sido así, son los propios lectores –no la justicia ni la policía– quienes han fijado, de manera tácita o explícita, los límites razonables que una obra no debería haber traspasado).

El alcance de la tutela contra Noviembre se comprende mejor cuando se observa que, si se acatan de manera permanente las premisas de los hermanos Gaona y del juez que la falló, habría no solo que someter a control a los creadores actuales que se desvíen de la senda trazada de antemano por la realidad fáctica, sino también censurar a los autores muertos que hayan incurrido en el desafuero de pasarla por alto sin mayores contemplaciones. Tendríamos, por lo tanto, que reprender a Gabriel García Márquez porque la cifra que da en Cien años de soledad sobre los muertos de las bananeras no se corresponde con la de los historiadores; declarar inadmisible a Fiódor Dostoievski, porque en Crimen y castigo se expresa de manera destemplada acerca de la víctima (a la que, para mayor deshonra, mata con un hachazo en la cabeza); o amonestar al pintor inglés Joshua Reynolds, porque retrató al lexicógrafo Samuel Johnson con un gesto tan burlón que este terminó por sentirse humillado y odiar el cuadro.

En el mismo sentido, resulta perturbador que los hermanos Gaona hayan acudido a los tribunales para eliminar algo tan nimio como un audio de apenas cinco segundos. No se trata, por supuesto, de la brevedad de la frase, sino de las posibilidades de absurdo y arbitrariedad que abre una exigencia de ese estilo. ¿Vamos a pedir la intervención de los jueces cada vez que una obra artística presente algo que no nos gusta? ¿Vamos a querellarnos contra un cuadro porque no nos favorece, contra una crítica literaria porque no nos reconoce lo suficiente o contra una pieza musical porque en ella aparecen una estrofa o unas palabras que consideramos impropias? (Pasó con “+57”, la canción que Karol G, J. Balvin y otros reguetoneros concibieron como un homenaje a Colombia, pero que el público interpretó, a causa de uno de sus versos, como una apología de la sexualización de menores).

Y, sobre todo, ¿vamos a permitir que un juez dicte sentencia basándose tan solo en uno de los parlamentos de una obra conformada por una polifonía de voces? A este paso, habrá que someter las novelas, los guiones y los lienzos a revisión judicial antes de que vean la luz, y encomendarse a la Providencia para que los jueces no acaben dictando lo que puede o no puede ser dicho en los terrenos artísticos. Convertir a los tribunales en guardianes de la sensibilidad pública sería el modo más eficaz de extinguir toda forma de arte.

El fallo también abre preguntas muy inquietantes sobre el tipo de literatura y cine que disfrutan los jueces colombianos (si es que disfrutan de algún tipo de arte). Indica que, a diferencia de sus colegas de otras épocas, no comprenden las diferencias entre lo que es una interpretación simbólica del mundo y un registro notarial de lo ocurrido, entre lo que persigue la verosimilitud y lo que busca la verdad factual. Esa confusión –que parece nimia, pero en realidad es decisiva– abre la puerta a la censura y anticipa la peligrosa posibilidad de que se imponga una nueva jurisprudencia para castigar a las obras que se atreven a expresar en voz alta puntos de vista que no encajan con la versión oficial o con la moral del momento.

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Estas cuestiones adquieren un cariz totalmente distinto cuando se las observa desde la perspectiva de quienes están al otro lado de la cerca. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, pertenecía en 1985 al grupo guerrillero M-19, la organización que ejecutó la toma del Palacio de Justicia. No participó directamente en el asalto –estaba preso en ese momento–, pero nunca ha dejado de reivindicar la operación ni ha admitido que se tratara de un error. Por el contrario, llegó a calificar a Luis Otero Cifuentes, el comandante que la planificó, de “genio”, y recientemente ha polemizado en X con los hermanos Gaona y con Carlos Medellín, hijo de otro de los magistrados asesinados, porque, a su juicio, tergiversan los hechos al afirmar que sus padres fueron ultimados por miembros del M-19 y que la operación contó con el patrocinio del narcotraficante Pablo Escobar.

Estas intervenciones no son un mero cruce de opiniones en redes sociales: tratándose de un jefe de Estado, constituyen un gesto de validación histórica con efectos simbólicos profundos. La palabra presidencial –y más aún cuando aborda un hecho traumático– redefine inevitablemente el marco interpretativo de toda una sociedad.

En esa lógica, reivindicar la toma del Palacio equivale a sostener que el M-19 actuó dentro de un marco de legitimidad moral y política, e incluso que las razones que llevaron al grupo a realizar el asalto conservan hoy vigencia. Tomás Corredor, el director de Noviembre, comparte plenamente esa postura. “[Las] motivaciones ideológicas para hacer la toma son completamente válidas, [aunque] el outcome haya sido terrible”.

Pero este jus ad bellum, aplicado al caso concreto del Palacio de Justicia, tropieza con un desbalance incómodo y, para muchos, intolerable. Desde el 9 de marzo de 1990, fecha en que el gobierno de Virgilio Barco firmó la paz con el M-19, la sociedad colombiana validó un pacto tácito –y frágil– que permitió integrar a esa antigua organización guerrillera a la vida política a condición de aceptar un perdón amplio, acompañado de una forma de olvido institucional. Ese equilibrio nunca fue plenamente pacífico; al contrario, siempre estuvo lleno de tensiones por la falta de verdad y la negación de las muchas atrocidades cometidas. Funcionó, no obstante, hasta cierto punto porque todas las partes entendieron que reabrir la discusión sobre la “intención recta” de la toma solo reavivaría conflictos que el país prefería no hurgar.

Ese tratamiento, sin embargo, no se reprodujo en el caso de los oficiales que ejecutaron la recuperación militar del edificio, ni en el del propio Estado colombiano. Mientras los exintegrantes del M-19 fueron beneficiados con indultos, los militares sí enfrentaron consecuencias penales severas. Por su participación en la retoma, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército Nacional, recibió una pena de 35 años de cárcel (hoy con prisión domiciliaria por su edad) y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega otra de 30, aunque la Corte Suprema de Justicia le revirtió la condena en 2015. Las responsabilidades del Estado por la retoma a sangre y fuego, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas también fueron bien establecidas por los tribunales nacionales e internacionales, que una y otra vez han reiterado a lo largo de los años la obligación estatal de reconocer la verdad y garantizar la reparación a las víctimas.

Es en este contexto donde la posición del presidente Petro se vuelve especialmente problemática. Al insistir en la legitimidad de la toma, reivindicar de manera reiterada los símbolos del M-19 en las plazas públicas y enarbolar desafiante la bandera rojigualda de la “guerra a muerte” de Simón Bolívar, ha resquebrajado –quién sabe si de manera irreparable– el consenso que permitió aquel perdón con olvido y ha abierto la posibilidad de reexaminar los acuerdos firmados entre el Estado y el M-19 en 1990. Hace unos días, Carlos Medellín se quejó de que, gracias a ese pacto, “todas las investigaciones contra los miembros del M-19 pararon y las investigaciones contra los militares y el Estado siguieron”. A esa inconformidad se sumó el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, quien acaba de escribir una columna en la que sostiene que los indultos otorgados al M-19 ya no están vigentes. Su tesis es que la Ley 2085 de 2021 derogó, “por contravenir el orden constitucional”, la Ley 77 de 1989, base jurídica de esos beneficios, y que, en consecuencia, “la normativa que sirvió para tales indultos es contraria a la carta política”, lo cual abriría la posibilidad de procesar nuevamente a los exintegrantes del M-19.

Al margen de la validez jurídica de tales interpretaciones, lo esencial es reconocer que hoy sería impensable conceder un indulto por crímenes de guerra como los del Palacio de Justicia. Pero si se pretendiera privar de efectos a esos indultos ya otorgados, sería necesario un debate jurídico ponderado y amplio, probablemente incluso una reforma constitucional que permitiera otorgar efecto retroactivo a la anulación. Ese camino, sin embargo, nos pone frente a una consecuencia difícil de soslayar: implicaría que, después de más de tres décadas, serían sometidos a investigación penal quienes dejaron las armas de buena fe a cambio del indulto y han cumplido con el acuerdo de paz. ¿Valdría la pena poner en riesgo, a estas alturas, un proceso que logró consenso amplio y que, en términos prácticos, fue exitoso, cuando además los responsables directos del M-19 en la toma están todos muertos?

Claramente, pues, la salida no es jurídica sino ética y política: que el Estado –y en particular el Ejército– y quienes hoy representan simbólicamente al M-19, como el presidente Petro, “asuman sus respectivas responsabilidades por las atrocidades de la doble toma, pidan explícitamente perdón y se comprometan a ofrecer toda la verdad posible” (son palabras del constitucionalista Rodrigo Uprimny). La asunción sin cortapisas de esa responsabilidad permitiría, entre muchos otros beneficios, reafirmar con un fundamento más sólido las bases éticas del pacto civil que permitió la reincorporación del M-19 a la vida democrática.

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Encuadrados entre los reclamos de los hermanos Gaona y de Carlos Medellín, por una parte, y la renuencia del presidente Petro a reconocer las responsabilidades de su grupo en la toma del Palacio de Justicia, por la otra, afloran, como tenaces corchos, los adjetivos calificativos puestos al comienzo de esta carta: ¿por qué Noviembre es una película “pobremente concebida y de escasa ambición analítica”?

Respondo de manera directa: porque pierde de vista un aspecto decisivo para una sensibilidad moral centrada en la verdad, la reparación y la memoria. Tomás Corredor afirmó en una entrevista que Noviembre busca separar al espectador de “los poderes que han sido dueños de esa narrativa [oficial] que son el Eme y el Estado (obviamente, el Estado mucho más)”. En ese adverbio, con toda su carga semántica, radica el busilis de la cuestión: ese “obviamente” reinstala una jerarquía moral que la película no examina y deja sugerida la premisa de que una de las partes –el M-19– posee una superioridad ética que la exime de un escrutinio más riguroso. El efecto es que el Estado aparece como responsable principal, mientras que la cuota del grupo guerrillero en el desencadenamiento de la tragedia queda diluida o atenuada.

El principal escollo interpretativo en situaciones como la del Palacio de Justicia –tan violentas y tan confusas– consiste en comprender que los papeles de victimario y víctima pueden ser –aunque no necesariamente de forma simétrica– intercambiables. En muchos casos, quien desempeñó el primero termina, por fuerza de las circunstancias, convertido también en lo segundo. Esa doble condición no se anula: ambas dimensiones coexisten y exigen un ejercicio de verdad que no puede ser selectivo. Pero, como se ha visto en el caso del M-19, quienes padecieron violencia suelen negarse a admitir que también la infligieron a otros; y sobre esa negación se edifica una fábrica de justificaciones políticas y morales que, para las víctimas, se convierte en una nueva fuente de agravios y, por tanto, de nuevas injusticias.

El corolario es inevitable: cualquier intento de reconstrucción parcial de la memoria –que oculte o atenúe uno de esos extremos– no solo está condenado a falsear el pasado, sino a reavivar tensiones y generar un malestar persistente en el reparto de responsabilidades. Nada distinto de un reconocimiento completo, bilateral y explícito fortalece los procesos de verdad, reparación y memoria; de lo contrario, se erosiona la base misma del acuerdo al que se haya llegado, cualquiera que sea.

Conviene recordar aquí la advertencia de Nietzsche: un exceso de memoria –cuando la memoria se usa como arma y no como herramienta de comprensión– emponzoña la vida. Quienes pactaron en España la Transición lo entendieron muy bien: de la Guerra Civil, mejor no hablar. Pero si se habla, entonces hay que hablarlo todo, no únicamente lo que algunos estén dispuestos a recordar. La reconciliación, cualquier reconciliación, será imposible mientras se siga eligiendo qué traer a la memoria y qué olvidar. ~