El complot contra México está creciendo. Tan sólo en esta semana, la izquierda moderna y el capitalismo a ultranza se sumaron a la conspiración del Primer Mundo contra los mexicanos. Los espaldarazos a la reforma calderonista de José Luis Rodríguez Zapatero, punta de lanza de la izquierda española, y Alan Greenspan, el mayor genio macroeconómico de las últimas dos décadas, vuelven aún más urgente la construcción de una cerca ideológica valiente y profundamente nacionalista para protegernos, cuanto antes, de la voracidad española, estadunidense, noruega, brasileña, francesa, italiana y portuguesa. El primer paso será la consulta popular que ha propuesto Marcelo Ebrard. El jefe de Gobierno del Distrito Federal aprovechó el viaje del presidente Calderón a España para recomendarle, con esa ironía finísima que lo caracteriza, que diera un vistazo a la historia española de los ejercicios de referendo. Gran idea.
La Constitución española contempla el referendo en su artículo 92 (y en la ley orgánica respectiva de 1980), que explica que serán las “decisiones políticas de especial trascendencia” las que se sometan a “referendo consultivo” a la ciudadanía. El referendo en España debe ser convocado por el Rey, “mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. Este esquema, por cierto, se repite también —con diferencias menores— en el caso, por ejemplo, de Irlanda, que usa el referendo para una amplísima variedad de asuntos, incluidos los que el Gobierno del Distrito Federal probablemente despreciaría, como el divorcio y el aborto. En el primer mundo, ningún político puede, en particular, imponer pregunta alguna; son los congresos —órganos máximos de la democracia representativa— los que deciden y aprueban las preguntas que se presentarán a los ciudadanos.
Lo ilustrativo del caso español, que es el que interesa a Ebrard, es la redacción de las preguntas, asunto crucial en cualquier ejercicio de consulta. Dando un repaso a la lista de los distintos referendos que se han realizado en España se extraen, es verdad, lecciones valiosas. Dado que la ley española busca de los referendos una respuesta sencilla —es decir, “sí” o “no”— a la pregunta, las consultas que se han planteado son cerradas, asunto no menor cuando lo que se trata de averiguar es el punto de vista de la ciudadanía sobre algo tan confuso y complejo como la reforma energética actual. A grandes rasgos, las preguntas en la historia española se dividen en dos: aquellas que preguntan a la ciudadanía sobre la conveniencia de tal o cual medida y las que tratan de averiguar si los ciudadanos otorgan su aprobación sobre un proyecto de ley. A finales de 1978, en el referendo sobre la Carta Magna, tras el franquismo, los españoles tuvieron que contestar, simplemente, si aprobaban el proyecto de Constitución. Lo mismo ocurrió en 2005, con la Constitución Europea: “¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?” En 1986, los españoles enfrentaron una pregunta distinta cuando el país tuvo que decidir si España permanecía en la OTAN: “¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?” En ambos casos ganó el “sí”.
Si de verdad se toma el caso español como paradigmático, el Gobierno del Distrito Federal deberá plantear una cuestión cerrada que pregunte, con la mayor claridad posible, si la ciudadanía aprueba la reforma energética propuesta por el presidente Calderón. También puede preferir la fórmula de 1986 en España y pedirle a la ciudadanía que se manifieste sobre la conveniencia de ésta o aquélla fracción de la reforma energética. Si Ebrard y demás promotores de la consulta se animan a emular al primer mundo, las preguntas no serán muy distintas a las que han utilizado las encuestadoras mexicanas en las últimas semanas. El famoso sondeo de Gea/Isa de hace unos días plantea dos preguntas que bien podrían ser aplicadas en la consulta. Quizá la más útil sea la siguiente: “¿Cree usted que el Congreso de la Unión debe o no debe aprobar las reformas a la legislación en materia petrolera propuestas por el presidente de la República?” Cincuenta y nueve por ciento de los encuestados contestaron afirmativamente. Si el camino que Ebrard elige es preguntar sobre los incisos específicos de la reforma, la encuesta de Gea/Isa también resulta reveladora. En el sondeo, Gea/Isa plantea varias preguntas sobre las ideas específicas de la reforma energética calderonista (por ejemplo: “En su iniciativa, el presidente de la República, Felipe Calderón, propone que Pemex pueda contratar empresas para construir y operar refinerías. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta propuesta?”). Con la sola excepción de la contratación de empresas privadas para el almacenamiento, transporte y distribución de gas, los consultados aprobaron, por porcentajes considerables, todas las otras iniciativas específicas de la propuesta presidencial.
Así, Marcelo Ebrard enfrenta un galimatías. Con certeza sabe que, de realizarse una auténtica consulta nacional, con reglas y tiempos de primer mundo, la reforma calderonista sería aprobada por una mayoría. Ahora, la pelota está, en todos sentidos, en su cancha. No debe tardar en anunciar la o las preguntas que planteará en la capital (y en otros sitios gobernados por el PRD, si hacemos caso a sus dirigentes). Cuando se devele el misterio de las preguntas —y el método para llegar a su concepción— Ebrard deberá ser juzgado con la misma vara que ha sugerido para el presidente Calderón. Si de verdad quiere una democracia primermundista, es el momento para demostrarlo.
– León Krauze
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.
