Hacia finales de 1916, Querétaro era el centro político del país. Las crónicas de la época[i] muestran el interés de la población por el trabajo que hacían los constituyentes. Incluso el Diario de los debates del 18 de diciembre de 1916 registra el reclamo que el constituyente Luis Fernández Martínez hizo al enterarse que un gendarme no permitió la entrada de los curiosos que no estuvieran correctamente vestidos: “Creo injustificado que no se permita a entrada a personas de la clase humilde, toda vez que siendo éste un lugar de educación cívica, el venir aquí podrá servirles de instrucción para el porvenir”.
El proceso constituyente en cualquier sociedad es un proceso político que atrae la atención de las mayorías. Pero hoy, a 95 años de promulgada nuestra, el 65% de los mexicanos dice conocerla poco, más del 80% percibe que sus mandatos se cumplen poco o nada y 56% considera la que la Constitución ya no responde a las necesidades de nuestro país. Pero ¿cómo culparnos de esta “apatía constitucional” si cada 5 de febrero se repite la misma ceremonia acartonadaque remacha el discurso oficial, hueco y plagado de retórica jurídica sobre la Constitución?
Una de las más importantes razones por las que la Constitución de 1917 ha dejado de tener significado para la población, es porque los funcionarios que protestaron “desempeñar leal y patrióticamente” un cargo y “hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emane”, violan constantemente los mandatos constitucionales. ¿Y cómo puede “demandarles la Nación”? De ninguna manera efectiva. Revise usted en la historia mexicana a ver si encuentra de 1917 a la fecha la realización de un juicio político en contra algún funcionario público.
Si los funcionarios que están obligados a velar por los mandatos de nuestra “carta magna” ni la conocen ni la guardan, ¿qué motivación o responsabilidad tiene el ciudadano común para conocerla y exigir que se cumpla?
Por otro lado, los diputados y senadores –que integran el constituyente permanente– festejan cada vez que ‘elevan’ a nivel constitucional un derecho, pero se olvidan de hacer las leyes que los reglamentarán y de asignar recursos para que esos derechos sean algo más que buenos deseos. ¿Quién puede en su sano juicio creer, por ejemplo, en el artículo 4 constitucional? Lo que está ahí escrito parece una burla dolorosa que ninguna persona puede tomarse en serio. Pedirle una cultura de derechos humanos al ciudadano promedio es como pedirle una cultura de lo imaginario.
Otra razón de la incultura constitucional mexicana apunta a la gran cantidad de reformas que ha sufrido este documento (201 decretos de reformas y contando). Las múltiples modificaciones dificultan al público no especializado dar seguimiento a los nuevos derroteros constitucionales. Además, desde su promulgación los constitucionalistas han hecho de su estudio una arena árida solo asequible a los grandes maestros, de las grandes facultades e institutos.
La Constitución no es solo una ley, es un acto fundacional que garantiza los derechos de las personas y estructura la organización del poder político. Es un acto que atañe, a toda la sociedad (no solo a la arrogancia de los especialistas del derecho constitucional)
Las crónicas del Congreso Constituyente de 1916-1917 –o de cualquier asamblea constituyente- muestran que el origen de nuestra Constitución fue una serie de discusiones públicas entre comerciantes, periodistas, obreros, actores, escritores, tipógrafos, maestros, militares, ingenieros, químicos y sastres[ii]. Ninguna Constitución -jamás- ha surgido de la discusión especializada del Derecho, nacen de la política y se nutre de la cultura.
Los constitucionalistas, en lugar de pavonearse en sus togas, presumir precedentes y citar jurisprudencia, deberían pensar una nueva pedagogía constitucional cuya punta de lanza no sea un museo que solo permite documentar el desinterés. La pedagogía constitucional, dice Peter Häberle-uno de los constitucionalistas contemporáneos más influyentes-, ve a la Constitución como una ética social que debe ser desentrañada por los pedagogos y hacerse accesible a la población. No se trata de enseñar con breviarios de los conocimientos jurídicos teóricos, pues eso será cosa de aspirantes a la toga. La constitución debe verse como una guía para los ciudadanos, solo así podremos tener intérpretes constitucionales que podrán apropiarse de ella. De esa manera, cuando lleguen los encuestadores, algo más se podrá decir sobre la Constitución.
[i]Pueden revisarse las crónicas de Djed Bórquez , Gabriel Ferrer Mendiolea o Peter H. Smith.
[ii]Manuel González Oropeza, Los Constituyentes y la Constitución de 1917.
Profesor de Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
