El panismo llegó a la Procuraduría General de la República (PGR) antes que Vicente Fox a la presidencia de la República. Era 1994 y Ernesto Zedillo en una muestra de cortesía política justificada en la imparcialidad que exige el cargo nombró a Antonio Lozano Gracia, un panista distinguido, como Procurador. La responsabilidad principal era resolver los asesinatos políticos de aquél año que habían puesto en entredicho las capacidades de investigación de la PGR. Después de un par de fiscales especiales, del escándalo de La Paca y la osamenta plantada, Lozano Gracia dejó la PGR. En su lugar, Jorge Madrazo Cuéllar –a la postre cuestionado por las investigaciones llevadas a cabo en el caso de Acteal– llevaría las riendas de la institución hasta que fueron recibidas por Rafael Macedo de la Concha, general del Ejército mexicano, nombrado por Vicente Fox para hacerse cargo de la procuración de justicia.
La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial Federal, en el respectivo ámbito de facultades, sostienen el sistema de justicia en el país. En el caso de la PGR, su labor más visible abarca la investigación de los delitos federales e iniciar acciones penales en tribunales. Además, el procurador tiene una serie de obligaciones como guardián de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridades públicas. La eficacia en la actuación de la PGR va de la mano del respeto de la legalidad y el fortalecimiento de una cultura jurídica en la sociedad.
La PGR debe ser imparcial e independiente del Poder Ejecutivo de ahí que el nombramiento del procurador no dependa exclusivamente del presidente de la República sino que debe de ser ratificado por el Senado. En la práctica, la Procuraduría actúa como el órgano de la administración pública federal a cargo de la política criminal y de justicia de acuerdo con la línea presidencial en turno y no conforme a una política de procuración de justicia del Estado.
En doce años del gobierno panista, pocas de las obligaciones constitucionales y legales ha cumplido la PGR. El inicio del periodo panista de gobierno, con Rafael Macedo de la Concha como procurador, fue marcado por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del Penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Este evento marcaría el inicio de una agenda improvisada por la PGR que duraría 12 años. Los homicidios políticos eran cosa del pasado, el enemigo público número uno a partir de entonces era el capo sinaloense y sus “pares” en las diferentes organizaciones delincuenciales. El que el líder del Cártel de Sinaloa siga libre es uno de los grandes fracasos de la PGR en doce años de administración panista, independientemente de la efectividad mostrada en otros casos.
No fueron cinco años de tropiezos en la persecución del capo (sobre el que aseguraron en alguna ocasión que su captura era “cosa de días”) y acusaciones fuertes de mano tibia en momentos determinantes. No. Lo que marcó la salida de Macedo de la Concha fue el “desafuero” de Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2005. El uso político de la procuración de justicia en contra de un opositor resultó catastrófico para la PGR. Después de iniciar el proceso para la declaración de procedencia penal en la Cámara de Diputados contra el Jefe de Gobierno y de que esta que fuera aprobada, la PGR decidió no ejercer acción penal.
En 2006, la PGR del sexenio de Felipe Calderón comenzó con Eduardo Medina-Mora Icaza quien estuvo a cargo de la Procuraduría hasta 2009 y fue el encargado de admitir en 2008 que las investigaciones realizadas en la llamada “Operación Limpieza” daban sus primeros resultados: la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en ese entonces a cargo de Marisela Morales, estaba infiltrada por aquellos a quienes debía de perseguir y se había iniciado “una limpia” del personal de la Subprocuraduría. Al final del sexenio de Felipe Calderón, con Marisela Morales al frente de PGR, la “limpieza” de elementos de la SIEDO continúa. No sabemos si era porque había mucho que limpiar o porque se ha venido ensuciando desde aquella operación.
Fue también durante el sexenio de Felipe Calderón que la PGR fracasó en dos de los casos más polémicos que tuvo que llevar a cabo como órgano protector de la Constitución. En 2007, la Procuraduría General de la República interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la despenalización de la aborto en el Distrito Federal. La SCJN le dio la razón a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En 2010, al mando de Arturo Chávez Chávez, la PGR interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en el D.F.. Después de la discusión, la SCJN determinó la constitucionalidad de dicha reforma legislativa. Otro revés para la Procuraduría.
En el docenario panista, lo que caracterizó a la PGR fue la ausencia de una política integral de procuración de justicia y un deterioro en los mecanismos de control interno que le ha llevado a actuar de manera improvisada, tanto como órgano de investigación de delitos como de control constitucional. Un periodo marcado por discurso político de combate a la delincuencia organizada contrasta con una procuración de justicia ausente. No es causal que los huevos cacareados del sexenio sean los “abatidos y capturados” por las fuerzas armadas y de seguridad, no los “procesados y sentenciados” por el sistema de justicia. Los balazos y la fuerza se impusieron a los procesos penales.
La reforma de justicia penal
La principal aportación a la procuración de justicia en el sexenio de Felipe Calderón fue la transformación de la estructura del sistema de procuración de justicia y no en el funcionamiento de la Procuraduría. La reforma de justicia penal llevada a cabo en 2008 y cuyo plazo vence en 2016, modificó el sistema de procuración y administración de la justicia penal de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y oral[1].
A partir de esta reforma deberá darse una transformación sustancial de la PGR en la facultad para la investigación de los delitos y la procuración de justicia. Ahora el Ministerio Público de la federación deberá de realizar verdaderas investigaciones para probar la responsabilidad penal en procesos orales. En otras palabras, la labor de la PGR como Ministerio Público de la federación, que es la más sensible respecto de la sociedad, se vuelve cada vez más compleja: debe de llevar a cabo investigaciones para obtener pruebas contundentes de culpabilidad en contra del acusado y exponerlas de manera oral en audiencias públicas frente al Poder Judicial. Nada de eso hacía anteriormente.
Los retos pendientes de la PGR en el próximo sexenio implican modificaciones profundas en cuanto a facultades, estructura y administración que no deberán seguir sin rumbo. La siguiente administración deberá partir de una premisa elemental: definir objetivos y estrategias, cualesquiera que sean, de una política de procuración de justicia de Estado.
[1]En el sistema inquisitivo las actuaciones en el proceso penal son secretas, sucesivas e intermitentes y crean espacios posibles para la violación a los derechos al debido proceso como la ausencia del juez en las audiencias o que el expediente escrito pueda ser resuelto por funcionarios auxiliares del juez mediante fórmulas preestablecidas . Por el contrario, en el sistema acusatorio oral, la publicidad es condición necesaria para llevar a cabo un proceso de actos concentrados y continuos que procuran la inmediatez y la necesaria contradicción entre las partes –en este caso la PGR siempre será parte- en el que cada una de ellas argumenta en su defensa, aporta alegatos y pruebas en las que se basará la decisión judicial. Esto en teoría llevará a procesos más expeditos y justos. (http://www.cjf.gob.mx/reformas/documentos/ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf)
Profesor de Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
