El pasado 7 de julio se celebraron elecciones locales en 15 estados[1]. A lo largo del proceso electoral, en al menos siete estados[2] se registraron actos de violencia en los que grupos asociados al crimen organizado estuvieron involucrados. Esta violencia no solo fue fรญsica, sino que tambiรฉn hubo amenazas que llevaron a que los partidos polรญticos no pudieran postular candidatos en algunos municipios. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que actos de esta naturaleza suceden en medio de procesos electorales. Desde 2007, las elecciones en Mรฉxico han estado marcadas por la violencia criminal. ¿Cuรกl es la motivaciรณn del crimen organizado para intervenir en los procesos electorales? ¿Cuรกles son las consecuencias de tales acciones?
La corrupciรณn, el soborno y la intimidaciรณn son elementos fundamentales en la relaciรณn entre los grupos del crimen organizado y funcionarios del gobierno. La combinaciรณn de estos tres elementos le permite a los grupos criminales comprar protecciรณn para sus territorios e impunidad para sus crรญmenes. Si bien no tienen un fin ideolรณgico o partidista —como puede ser el caso de otros grupos armados no estatales, como grupos guerrilleros o paramilitares— las organizaciones criminales sรญ estรกn interesadas en influir en el sistema polรญtico, con el fin de alterar la composiciรณn del gobierno y su polรญtica pรบblica en materia de seguridad. Dado que los grupos criminales operan a nivel local, estos buscan establecer redes de protecciรณn, tambiรฉn a nivel local. Una vez que logran este cometido a travรฉs de algรบn partido o funcionario pรบblico —vรญa corrupciรณn o amenazas— su interรฉs estรก en afianzar dicha relaciรณn y ampliar su capacidad para incidir, por ejemplo, en el nombramiento de agentes en puestos de seguridad claves para su operaciรณn, como los directores de la policรญa municipal o de los centros penitenciarios. De esta manera esperan incrementar sus ganancias econรณmicas y operar con cierto nivel de inmunidad ante la ley.
Los procesos electorales a nivel local son puntos focales en los que las organizaciones criminales utilizan todos sus medios para lograr esos propรณsitos, ejerciendo violencia en contra de candidatos o partidos que no los favorecen y apoyando a aquellos que sรญ.
El domingo pasado, el PRI solicitรณ protecciรณn al Instituto Electoral de Coahuila para los candidatos a alcaldes en varios municipios de la entidad, entre los que se encontraban Saltillo y Acuรฑa. Aรบn con esta situaciรณn de inseguridad, el PRI ganรณ en Acuรฑa. En estas elecciones, el PRD no pudo registrar candidatos en los municipios duranguenses de Canelas, Tamazula, San Pedro del Gallo, Hidalgo, Otรกez y San Bernardo por cuestiones de inseguridad. El PAN no postulรณ candidatos en San Bernardo e Indรฉ por las mismas razones. Asรญ, en el municipio de San Bernardo solo hubo un candidato postulado por la coaliciรณn del PRI-PVEM-Panal que se llevรณ el 78% de los votos. 21% fueron votos nulos y el 1% restante fue para candidatos no registrados[3].
En circunstancias como estas, los esfuerzos de movilizaciรณn partidista necesariamente son menores y la competencia electoral tambiรฉn. Ante esta situaciรณn, las opciones de los votantes se reducen y su motivaciรณn para participar en elecciones tambiรฉn. Estudios recientes han mostrado el impacto negativo que la violencia criminal –en particular la que se dirige en contra de candidatos y autoridades pรบblicas– tiene sobre la participaciรณn electoral[4]. En San Bernardo, el 54% de los votantes acudiรณ a las casillas. Esto, en comparaciรณn con el 72% de nivel de participaciรณn en el municipio de San Juan de Guadalupe, Durango[5], donde los tres partidos pudieron registrar candidatos y en donde en los รบltimos 7 aรฑos no se han registrado amenazas o agresiones de grupos criminales en contra de partidos o autoridades en tiempos electorales.
En 2007, durante el proceso electoral en Tamaulipas, los candidatos del PAN recibieron amenazas en al menos 10 municipios, lo que les impidiรณ hacer campaรฑa para las alcaldรญas.Lo mismo sucediรณ en la elecciรณn de 2010 del mismo estado y el partido decidiรณ no registrar candidatos en los municipios de Camargo, Nueva Ciudad Guerrero y Mier. Michoacรกn y Guerrero no han sido la excepciรณn. En la elecciรณn de 2011 en Michoacรกn, los siete partidos participantes tuvieron problemas para registrar candidatos a alcaldes, en al menos un municipio, debido a amenazas del crimen organizado. En total, hubo 20 alcaldรญas que se quedaron sin candidatos de al menos un partido. En Guerrero, en la elecciรณn de 2012, seis precandidatos del PRI tambiรฉn se retiraron de la competencia.
En otros casos, las amenazas no se hacen esperar y la violencia es directa. Desde 2007, mรกs de veinte candidatos han sido secuestrados o asesinados[6].Y de las elecciones de este 7 de julio sobresalen los asesinatos del candidato a edil en San Dimas, Durango, Josรฉ Ricardo Reyes Zamudio (Movimiento Ciudadano), y de Jaime Orozco Madrigal, candidato del PRI a la alcaldรญa de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En ambos casos, a pesar de estos eventos, los partidos amenazados resultaron ganadores. En San Dimas, la hija de Reyes Zamudio asumiรณ la alcaldรญa y ganรณ con el 49% de los votos. El nivel de participaciรณn fue del 49%. En Guadalupe y Calvo, el PRI resultรณ ganador con el 69% de los votos. Sin embargo, el nivel de participaciรณn apenas alcanzรณ el 30%.
Los casos de San Dimas y Guadalupe y Calvo en estas elecciones –asรญ como el asesinato de Rodolfo Torre Cantรบ, candidato del PRI a gobernador por Tamaulipas, en 2010— sugieren que si bien el crimen organizado intenta incidir directamente en los procesos electorales, no siempre tiene la capacidad de imponer a sus candidatos y determinar la elecciรณn. Esto podrรญa ser particularmente cierto en el caso de municipios en los que dos grupos criminales estรกn en disputa y existe una especie de balance de poder entre ambos, donde ninguno es mรกs fuerte que el otro.
La violencia criminal en las elecciones no solo se dirige hacia candidatos y partidos, sino tambiรฉn a las autoridades pรบblicas y votantes. De acuerdo con la Federaciรณn Nacional de Municipios en Mรฉxico, mรกs de 30 alcaldes han sido asesinados en los รบltimos cuatro aรฑos. Este tipo de eventos, junto con las agresiones en contra de partidos, impactan en el electorado y su participaciรณn, ya que inevitablemente alteran el ambiente polรญtico y la percepciรณn de los votantes respecto a la inseguridad asociada con la actividad electoral.
El caso mรกs reciente de agresiones en contra de votantes se registrรณ en las elecciones locales de Michoacรกn en noviembre 2011, donde La Familia Michoacana amenazรณ a los habitantes del municipio de Tuzantla para votar por el PRI. En la misma elecciรณn, en La Piedad, Michoacรกn, se imprimiรณ un desplegado anรณnimo en el periรณdico AM en el que se advertรญa a los votantes que no salieran a votar por el PAN, ni portaran propaganda de ese partido, para evitar muertes inocentes. En el proceso electoral del 2009, en Guerrero, se registraron amenazas similares de ‘halcones’ que supervisaban quiรฉn iba a votar[7]. Estudios acadรฉmicos han mostrado que este tipo de intimidaciรณn a los votantes reduce los niveles de participaciรณn electoral.
Finalmente, estรก la posibilidad de que el crimen organizado, en su intento de colocar a su opciรณn polรญtica preferida, financie campaรฑas. Durante el reciente proceso electoral en Aguascalientes, la Procuradurรญa de Justicia del estado iniciรณ una investigaciรณn sobre el supuesto financiamiento de La Familia Michoacana a la campaรฑa del candidato del PAN a la alcaldรญa de Aguascalientes, Juan Antonio Martรญn del Campo, quien rechazรณ por completo la acusaciรณn. El PAN ganรณ la elecciรณn con el 44% de los votos. La investigaciรณn sigue abierta y por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si existiรณ tal vรญnculo con La Familia sigue pendiente.
Desafortunadamente, en otros paรญses latinoamericanos se replican escenarios similares. Las elecciones de Guatemala en 2011 sumaron mรกs de treinta muertes asociadas a violencia criminal-electoral y las irregularidades en el financiamiento de las campaรฑas abrieron investigaciones en torno a la presencia de dinero ilรญcito. Una situaciรณn similar se presentรณ en Colombia, donde mรกs de cuarenta candidatos fueron asesinados en previo a las elecciones locales de 2011.
Denunciar y echar luz sobre este tipo de violencia es importante, pero lo es aรบn mรกs darle seguimiento a los casos. ¿Quiรฉn estรก detrรกs de los asesinatos y amenazas a autoridades, candidatos y partidos? ¿Por quรฉ? ¿Hay o no dinero del narco en las campaรฑas? Si lo hay, ¿cuรกles son las consecuencias de tal financiamiento? Esta es una tarea que, en parte, tambiรฉn le corresponde a los institutos electorales, quienes deberรญan tomar seriamente la tarea de evaluar las condiciones de seguridad, asรญ como las consecuencias de la violencia en la participaciรณn, las preferencias electorales e incluso la confianza en la instituciรณn. Es fundamental identificar cuรกles son las zonas del paรญs en las que objetivamente no se puede ejercer el voto libremente y a partir de esta tarea, los institutos, junto con los congresos locales, deberรญan delinear soluciones efectivas. Finalmente, es tambiรฉn responsabilidad de los partidos polรญticos informar en dรณnde enfrentan problemas de seguridad, previo a la elecciรณn. Su aportaciรณn en este sentido es esencial para realizar un diagnรณstico fundamentado y objetivo respecto a las condiciones de inseguridad que afectan los comicios electorales. Solo asรญ serรก posible superar los retos que la violencia representa para la democracia y las elecciones en Mรฉxico.
[1]Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En Sonora se celebrรณ una elecciรณn extraordinaria, en Hidalgo solo se realizaron elecciones para la renovaciรณn de la legislatura local y en Baja California se renovรณ la gubernatura del estado.
[2]Coahuila, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
[3]Con base en datos del PREP del Instituto Electoral y de Participaciรณn Ciudadana de Durango, con el 100% de las actas capturadas. Ver:
[4]Ver: Carreras, Miguel y Alejandro Trelles. 2012. “Bullets and Votes: Violence and Electoral Participation in Mexico.” Journal of Politics in Latin America 2:89–123; Bravo Regidor, Carlos y Gerardo Maldonado Hernandez. 2012. Balas y Votos: Quรฉ efecto tiene la violencia sobre las elecciones. En Las Bases Sociales del Crimen
Organizado y la Violencia en Mexico, ed. Jose Antonio Aguilar. Mexico: SSP; Ley, Sandra. 2013. “To Vote or Not to Vote: Elections in the Midst of Violence”. Documento presentado en el Seminario Polรญtica y Gobierno, CIDE, Mรฉxico, 26 de junio 2013.
[5]Las proporciones de poblaciรณn mayor de 65 aรฑos, niveles de desarrollo, urbanizaciรณn y alfabetizaciรณn son muy similares entre estos dos municipios. Incluso los niveles de participaciรณn entre estos municipios en la elecciรณn pasada (2010) fueron similares. En San Bernardo, la participaciรณn en ese aรฑo fue del 61%, mientras que en San Juan de Guadalupe fue del 65%.
[6]Este nรบmero excluye amenazas y tampoco toma en cuenta los municipios en los que los partidos no pudieron postular candidatos debido a cuestiones de inseguridad.
[7]Jimenez, Benito. 2009. “Estaban cazando a quien votaba y los intimidaban.” Reforma. Nacional. Julio 6, 2009, p.21.
Es doctora en Ciencia Polรญtica por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.
