¿Es posible que haya concluido la Revolución Mexicana? ¿Cuándo fue? ¿Cuando se promulgó la Constitución, cuando mataron a Zapata, cuando Calles la institucionalizó, cuando Salinas promovió la reforma al artículo 27 de la Constitución que acabó con el ejido, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República, cuando se perdieron sus ideales…? ¿O sigue vigente, sana y vigorosa, como en las representaciones escolares del 20 de noviembre? Me gusta pensar que no es algo que se haya agotado en un evento o episodio, sino que se ha ido desdibujando en algunos aspectos o dimensiones y que permanecen rasgos de ella en la impronta de nuestra cotidianeidad.
Me parece, en particular, que si algo queda vivo de la Revolución Mexicana, además del culto a sus héroes y nombres de calles, es la educación pública. Se trata del único derecho social producto de ella que no ha dejado de progresar en su defensa, promoción y garantía por parte del Estado. Todos los demás permanecen estancados o se han precarizado: trabajo, salario justo y previsión social, acceso a servicios de salud, vivienda y acceso a tierra de cultivo.
En tanto los artículos estrellas de la Constitución de 1917 fueron el 27 y el 123 -que atendían directamente al reparto agrario en beneficio de los campesinos, así como a una agenda de reivindicaciones del movimiento obrero-, el artículo tercero era más bien modesto. Sin embargo, al paso de los años, el Estado ha perdido las capacidades y acciones necesarias para asegurar el bienestar del proletariado, pero ha fortalecido su rectoría como agente educativo con un robusto, extenso y complejo sistema, función para la que asigna de manera creciente y constante mayor cantidad de gasto público que para cualquiera otra.
A casi un siglo de distancia, más de la mitad de la población carece de seguridad social, la mayoría labora en la informalidad y la proporción de trabajadores sindicalizados con las prestaciones de ley es minoritaria; el derecho a la vivienda se acota a un pequeño crédito que se paga con altos intereses, e inclusive el derecho a la alimentación se encuentra vulnerado para millones en condición de pobreza extrema. En cambio, las cifras de los indicadores en educación mejoran cada año: la cobertura en primaria es de 109% (superior a la demanda) y de eficiencia terminal 96%, por ejemplo.
Mientras la Constitución de 1857 establecía como único principio para la educación el que fuera libre, la de 1917 determinó dos más que la condicionaron y le dieron orientación: laicidad y gratuidad. Un tercer principio no explícito, pero necesario para hacer cumplir los otros, ha sido el del monopolio del Estado de la función educativa para hacer de la escuela un medio de realización de principios revolucionarios: elevar el nivel de vida de los más pobres e integrar a la población. Aunque su éxito en el primero es relativo y desigual, en el segundo ha sido muy eficaz para contribuir a la formación de una identidad nacional compartida.
El principio de laicidad originalmente prohibía a ministros de culto y corporaciones religiosas establecer o dirigir escuelas. Si bien al paso de los años este precepto no permanece, sí se mantiene vigente en cuanto a la condición para las escuelas privadas de cumplir con los programas de estudio oficiales y el registro de la validez de sus certificaciones, para que estén sujetos a criterios ajenos a enseñanza religiosa, de carácter científico, humanitario y democrático. La vigencia de este principio, ni siquiera durante los gobiernos del Partido Acción Nacional, fue puesta discusión y constituye una convención irreversible que nadie seriamente puede cuestionar.
Al término de la Revolución el principio de gratuidad estaba considerado solo para la educación primaria de las escuelas oficiales. Ahora esta obligación llega al nivel medio superior y en buena medida se cumple en el superior. A partir de 1944 este principio se amplío con el libro de texto oficial* y se consolidó como política de Estado con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), en 1958.
Esta misma consideración ha venido replanteándose de varios modos. Uno, aumentar y diversificar el otorgamiento de materiales escolares: útiles, uniformes y recientemente computadoras portátiles del tipo tableta. Otro, la transferencia de subsidios a renta privada bajo el concepto de becas, como un medio que garantice la permanencia del estudiante en el sistema educativo y su ascenso en grados cursados.
No solo es posible estudiar la educación básica y media superior con la única condición de aprobar calificaciones mínimas. Se puede recibir beca desde preescolar hasta posgrado. Si viéramos el equivalente en el derecho a la vivienda, sería como que cada familia pudiera recibir gratuitamente un departamento amueblado y sin tener que pagar por los servicios. El derecho garantizado se amplió al punto de que se paga por asistir a la escuela, por hacer tesis y estancias de estudio en el país o al extranjero. Desde otro punto de vista, uno podría preguntarse si esta transferencia de renta pública al bolsillo de particulares, familias o individuos, no es lo netamente neoliberal.
Algo más: ahora también la Constitución incluye la calidad de la educación, como una nueva cualidad que luce difícilmente reconocible en el ejercicio de otros derechos de manera satisfactoria: servicios de salud , empleo de calidad o vivienda de calidad, pero que en el caso de la educación se promueve como un principio que requiere atención inmediata y la acción decidida de las autoridades en ello por obligación legal.
Aquí es precisamente donde se da uno de los cambios más importantes en cuanto a la educación como un derecho social garantizado por obra de la Revolución: el magisterio deja de concebirse como un sujeto de acción transformadora de la realidad para el mejoramiento de las condiciones de justicia social, por el hecho mismo de su actividad docente, sino que su acción transformadora efectiva y positiva está determinada antes por conocimientos, habilidades y competencias que por compromisos, militancias e ideologías.
Si bien se reconoce ordinariamente a una revolución como un proceso que trasciende a una etapa armada y que continúa en la implantación de condiciones para establecer un nuevo orden, en el caso de la mexicana es discutible si faltó profundizar en las transformaciones; si faltaron otras, fueron interrumpidas o hubo regresión en el avance de algunas. Pero me parece que sin habérselo propuesto decididamente en su inicio, la garantía a la educación pública ha permitido mantener vigentes y renovados los idearios de justicia social y democracia.
* Se consideró que no bastaba que la escuela pública no requiriera pago de colegiatura para cumplir con el derecho a la educación gratuita, sino que era necesario que el principal medio de aprendizaje material también lo fuera.
Politólogo y comunicólogo. Se dedica a la consultoría, la docencia en educación superior y el periodismo.
