Ayer, en el periódico La Razón, Fernando Escalante Gonzalbo dio respuesta a mi texto publicado por Letras Libres sobre las bases de datos disponibles actualmente para contar homicidios en México. Antes de atender algunos de los puntos a los que Escalante se refiere, quisiera dejar en claro que mi texto no “arremetía” en contra del gobierno, sino que le exigía, como es mi derecho, información transparente y accesible.
En efecto, la base de datos del INEGI permite desagregar las razones de muerte e incluso nos permite obtener la información sociodemográfica general de las víctimas. Sin embargo, es importante hace notar dos puntos. Por un lado, la base de datos del INEGI no nació con la intención de documentar las consecuencias de la “guerra contra el narco” o de la actividad del crimen organizado. El mismo Adrián Franco, Director General Adjunto de Información de Gobierno del INEGI, ha declarado que la base de datos de la institución no puede desagregar muertes asociadas con dichas estrategias. La forma como se captura la información deriva de un certificado de muerte, donde solo se certifica la defunción y causas de la misma, pero no pretende ni puede medir el fenómeno del crimen organizado ni el saldo de la estrategia del gobierno para enfrentarlo.
Por el otro lado, la desagregación de la información sociodemográfica de la víctima no satisface mi denuncia sobre que ninguna de las bases de datos existentes provee información acerca de quién muere. Como también mencioné en mi artículo, “para tener una mayor comprensión del impacto de la violencia en la sociedad, necesitamos conocer más sobre los niveles de victimización civil”. Aún si conocemos el sexo, edad, escolaridad, ocupación, estado conyugal, etcétera, de la víctima –salvo por aquellos que son parte de las fuerzas del orden– seguimos sin poder identificarlas como inocentes y por lo tanto, para las autoridades son fácilmente ‘criminalizables’. No obstante, los casos que los medios y la sociedad civil han documentado en los últimos 6 años sobre ciudadanos asesinados en fuegos cruzados, como resultado de extorsiones criminales, o incluso confundidos tanto por grupos criminales como por las mismas fuerzas del orden, no son escasos. Para lo segundo podríamos usar los datos de la CNDH sobre violaciones de derechos humanos, pero la victimización civil en medio de enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas armadas sigue siendo una incógnita.
Sobre la desagregación de otros tipos de victimización, retomo el atinado comentario de Alejandro Hope a mi texto: “En la base de datos del SNSP es posible obtener información sobre lesiones (con desglose de culposa/dolosa y por tipo de arma: arma de fuego, arma blanca, otros), privación ilegal de la libertad (secuestro), extorsión y amenazas”. Concuerdo con la observación y aprecio mucho la corrección. Definitivamente la considero información muy valiosa, pero enfatizo una vez más algunos problemas. Primero, los datos de la SNSP se basan en denuncias y la cifra negra no es menor. De acuerdo con un estudio de CIDAC, “Números Rojos del Sistema Penal”, el promedio nacional para 2010 de cifra negra fue de 83%. Basta ver el rubro de extorsión para Coahuila en donde entre 2006 y marzo de 2009 no hubo un solo reporte. Segundo, el secuestro no es lo mismo que la desaparición, un fenómeno que se ha multiplicado considerablemente en los últimos años en México y para el cual la base de la SNSP no resulta útil. Para los casos en los que las autoridades y fuerzas del orden están involucradas, podríamos recurrir a las comisiones de derechos humanos, pero la cifra negra aquí también es enorme.
Para llenar el vacío de información que representa la cifra negra, Hope señala la posibilidad de considerar las encuestas de victimización. Creo que sería un buen ejercicio complementar información de tal manera, pero no estoy segura de que eso sea a lo que debamos aspirar. Aquí regreso al comentario de Escalante sobre que “a falta de otra cosa, periodistas, consultores, académicos, se quedan con lo que les dice la intuición, es decir, interpretaciones aproximativas, impresionistas, más o menos verosímiles, pero imposibles de verificar –cómodas, a la medida de cualquier hipótesis.” En un fenómeno tan complejo y tan preocupante como es la violencia actual en México no podemos conformarnos con aproximaciones. La preocupación de Escalante debería ser compartida por todos los mexicanos, incluido el gobierno. Si más de 60,000 personas han muerto, necesitamos darle su debida dimensión al fenómeno, exigir una verdadera rendición de cuentas al respecto que no se base en meras aproximaciones periodísticas o académicas. Más aún, si la guerra contra el narcotráfico fue una prioridad para el gobierno federal, este debería proveer información actualizada y detallada al respecto. No obstante, como lo señalé en mi texto anterior, la “Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada” que en su momento parecía ser la fuente principal para entender mejor el fenómeno ya no será actualizada y resultó ser solamente un ‘experimento de transparencia’.
Escalante pregunta si la base del SNSP reporta homicidios de más o de menos. El gráfico de mi texto claramente ilustra que entre 1997 y 2007, el SNSP registra un mayor número de homicidios que la base de INEGI. Curiosamente, a partir de 2008, INEGI registra un mayor número de homicidios. La base de datos del gobierno federal siempre se mantuvo a la baja en comparación a estas otras dos bases. Otros trabajos han evidenciado esta misma tendencia. Esta es una relación esperada dado que, como ya he discutido, cada base tiene diferentes fuentes de información. INEGI se basa en certificados de defunción. El SNSP se basa en denuncias, las cuales tienen una enorme cifra negra detrás que probablemente crece en medio de un contexto violento que frena aún más a los ciudadanos a denunciar. La base del gobierno federal en teoría buscaba medir el fenómeno de crimen organizado en particular a partir de reportes de diferentes instancias gubernamentales.
Quisiera señalar también que ni siquiera con la desagregación de las bases del INEGI o del SNSP podemos tener una noción clara del fenómeno de desplazamiento. Algunos investigadores han hecho el esfuerzo de hacer aproximaciones basados en flujos migratorios inesperados calculados por CONAPO, pero no conocemos con precisión la dimensión de estos flujos. No es un asunto menor. Hay miles de familias que han tenido que empezar de cero su vida, en un lugar nuevo, con las dificultades que eso conlleva, debido a condiciones de violencia extremas en sus lugares de origen, varios de ellos amenazados por extorsiones que no pueden pagar por más tiempo. Muchos de quienes se quedan lo han hecho debido a que no tienen la oportunidad de salir, viviendo en condiciones que igualmente van en detrimento. El caso de Colombia podría enseñarnos mucho. Al igual que aquí, ha habido grandes desacuerdos por la cifra de desplazados, pero el trabajo de la sociedad civil colombiana ha sido sumamente importante en el camino hacia conteos más realistas y fidedignos.
Honestamente, me alegra que el tema se discuta. Agradezco la atención de Fernando Escalante. Esta discusión sólo puede enriquecer nuestro ejercicio democrático de disentir, así como nuestras mediciones de un fenómeno tan complejo como es la violencia actual en México. Siempre resultará más importante debatir sobre estos contenidos que sobre nuestras credenciales o grados académicos.
Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.
