Nunca sucederá. La administración Bush puede clamar por la cooperación internacional en contra del régimen cubano hasta desgañitarse. Aunque la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están hartos de las bufonadas de Fidel Castro y condenan su deplorable expediente sobre derechos humanos, todos se oponen a la política estadounidense de aislamiento. Lo mismo sucede con casi todos los disidentes en Cuba, con el Vaticano, Václav Havel, Vicente Fox, con la mayoría de los demócratas y republicanos en el Congreso y con al menos un tercio de cubanos americanos en el sur de Florida, por nombrar a unos cuantos.
El embargo de Estados Unidos tiene una lógica de doble filo:
Los funcionarios de la administración Bush han negado rotundamente los alegatos de Castro sobre una agresión inminente. Aun así, una escalada de violencia en Cuba bien podría precipitar la actuación de Estados Unidos. De contribuir en parte el ejército estadounidense en la gestación de la caída de Castro, el comandante caería envuelto en llamas nacionalistas que seguirían ardiendo por generaciones.
Aislamiento contra apertura: tal vez sea el momento de invertir los adjetivos asociados a cada cual. Una política de apertura puede ser la verdadera línea dura. ¿Qué otra cosa deberíamos concluir después de más de cuatro décadas de tocar al mismo compás mientras Castro lleva ágilmente el ritmo?
Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe que incluye un sinnúmero de recomendaciones para acelerar la muerte del régimen y auspiciar un nuevo gobierno cubano. La mayoría se refiere a este último, subrayando la plétora de problemas —humanitarios, de infraestructura, ambientales, institucionales y económicos— que le esperan a Cuba en su transición y la manera en que Estados Unidos puede ayudar. Éstas son cuestiones fundamentalmente técnicas que Washington podría contestar si un gobierno de transición así lo solicitara.
Son los aspectos políticos del informe los que resultan exasperantes. El gobierno de Estados Unidos no tiene nada que hacer hurgando en el delicado terreno de lo que un nuevo gobierno cubano debería disponer respecto de los funcionarios del régimen anterior que violaron los derechos humanos y, en particular, no tiene nada que hacer nombrando a grupos de gente presuntamente responsable, como los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, los Comités de Defensa de la Revolución, los dirigentes del Partido y los funcionarios del gobierno.
El año pasado, el Grupo de Trabajo, Memoria, Verdad y Justicia, que yo presidía, publicó un informe titulado “Cuba, la reconciliación nacional”,1 en el que se abordaban estos temas con cautela. Ahí, planteamos cuestiones difíciles pero necesarias acerca de todas las partes involucradas —el gobierno cubano, la oposición armada y Estados Unidos— sin trazar equivalencias morales ni asignar responsabilidades análogas, siendo la lista para La Habana la más larga. Una Cuba democrática también necesitará que Estados Unidos dé total cuenta sobre sus acciones pasadas en contra de Cuba. En 1975, el senador Frank Church proporcionó una admirable crónica parcial durante las audiencias en las que se investigaba la implicación de la cia en conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros, incluido Castro.
La prerrogativa de buscar justicia o de cómo buscarla para las víctimas de Castro pertenece fundamentalmente a los cubanos en la isla. La comunidad en el exilio y, en especial, el gobierno de Estados Unidos debe respetar este derecho y, por ende, no adelantarse a los acontecimientos en Cuba. De otra forma, corremos el riesgo de convertir este asunto delicado en una chispa explosiva, lo que dificultaría aún más la democracia y la reconciliación.
La exclusión de primos y tías
El informe dirigido al presidente limita las visitas familiares de los cubanos americanos (una vez cada tres años en lugar de una vez al año), reduce el per diem legal (de 164 a 50 dólares), y define la familia en términos restrictivos con el fin de excluir a primos, primas, sobrinos, sobrinas, tíos y tías. Aun cuando estas visitas generan circulante para el régimen, el entramado familiar que sostienen no tiene precio. La reunificación familiar es la piedra de toque para la reconciliación nacional, y la administración Bush parece dispuesta a desdeñarla.
Está claro que fueron consideraciones electorales las que impulsaron estas medidas. Ya veremos si el día de las elecciones los cubanos americanos de Florida acuden en masse a apoyar a Bush. Mientras tanto, su administración ha entregado involuntariamente a John Kerry un pase gratuito. ¿Quién sería capaz de impugnar el situar a las familias cubanas en el centro de la política estadounidense? Senador Kerry: la oportunidad es suya.
Mantener separadas a las familias nada tiene que ver con los valores de Estados Unidos. –
— Marifeli Pérez-Stable
Traducción de Marianela Santoveña
Publicado en The Miami Herald, 24-v-04
