Antes yo no podía trabajar, solamente pedía limosna,
luego ya me enseñé a limpiar y a maromear.
Empecé a trabajar cuando tenía cinco o siete años.
Ahora trabajo en maromear, pedir o limpiar
y mis hermanas en pedir… y la bebé maromea conmigo.
Testimonio oral de un niño trabajador
de 8 años, ciudad de México, 1997.
El trabajo de los niños tiene antecedentes lejanos y continuidades que llegan a nuestro presente, con características paternales, morales, jurídicas, formativas y hasta las más inicuas formas de explotación y degradación. Nos hemos habituado a ver a estos niños en la vía pública y en los hogares, lo mismo que a escuchar noticias de su actividad en los ejidos, las plantaciones agrícolas de exportación, los comercios, los talleres, las fábricas y las maquiladoras. Instituciones de gobierno, organismos internacionales, agrupaciones civiles y medios de comunicación han mostrado casos, tanto admisibles como reprobables, de niños que trabajan, ya sea para contribuir con el gasto familiar o en calidad de participantes y víctimas de sistemas de explotación abierta o disfrazada. En ocasiones, hemos contribuido a su subsistencia con la compra de mercancía, el pago por sus servicios o el obsequio de una moneda; en otras, nos hemos limitado a observarlos, siempre que la indiferencia, el hastío, la negación o la preocupación por un asunto distinto no dirijan nuestra atención hacia otra parte.
Entre los factores que explican el trabajo infantil destaca la situación de pobreza de numerosas familias, unida a los bajos niveles de escolaridad, la falta de capacitación para el trabajo, el desempleo, las intermitentes crisis económicas, la emigración a las ciudades, a las plantaciones agrícolas y a las zonas fronterizas, la prohibición legal del trabajo infantil frente a la práctica inveterada y la aceptación social de los menores de edad en actividades económicas y productivas. Además, resulta indispensable ver el trabajo como un aspecto entre muchos otros de la vida de los niños. De manera que debemos entender su desempeño en relación con la familia, la pobreza, el medio social, la educación, el marco jurídico, la salud, el juego, el esparcimiento y las experiencias de cada época.
El trabajo de los niños presenta múltiples rostros. En primera instancia constituye un mecanismo de socialización. Este es su lado positivo. El niño aprende a desempeñar actividades, a realizar faenas y encomiendas. A menudo acompaña a sus padres o familiares en las actividades diarias, y a manera de juego e imitación empieza a asumir responsabilidades, que varían según la edad y el género. De este modo aprende que hay que trabajar para satisfacer necesidades, generar recursos, obtener dinero y salir avante. El niño pobre ha de cooperar como todos los demás en la subsistencia diaria. En ocasiones recibe una retribución y, en otras, su esfuerzo se considera una aportación natural. El trabajo del niño suele ser visto como aprendizaje, como iniciación, como ayuda menor y obligada. Por lo general, se inscribe en las actividades de un grupo doméstico, pero también llega a desarrollarse fuera de casa. Como la relación de trabajo se establece predominantemente entre adultos y niños, en la modulación de este proceso influye la comprensión que el adulto tiene de las necesidades del menor. Una combinación de aprendizaje escolarizado, ratos de juego y actividad laboral. Pero este equilibrio puede perderse si el trabajo impide la educación básica del niño, se prolonga más de la cuenta o el ritmo laboral y las actividades resultan inconvenientes y hasta perjudiciales para el desarrollo físico, cognitivo y psicológico del menor. Los niños contribuyen al sostenimiento de sus familias, pero muchos resultan explotados por personas que los sustraen de las mismas.
Tres estampas de la historia contemporánea de nuestro país ilustran la continuidad del trabajo de los niños. A principios del siglo XX, la opinión pública no solo no reprochaba su existencia sino que la veía como algo positivo y natural. Artículos de prensa que refieren el adelanto, la fama o el progreso de fábricas y talleres, acompañaban sus optimistas descripciones con fotografías de niños trabajando. El trabajo llegó a ser equiparado con la escuela en más de una ocasión; se hablaba de él como una actividad que favorecía el desarrollo del niño frente al ocio, la ignorancia y el vicio. Las siguientes palabras de Laura Méndez de Cuenca ejemplifican el discurso dominante de la época:
Desde que el niño tiene fuerzas para trabajar, debe hacerlo. La pereza no es vicio de la infancia, sino de la edad madura; se mueren de gusto las criaturitas por desempeñar, y desempeñar bien, cualquier labor que se les confíe; su entusiasmo se enciende, su energía se multiplica y se sienten como si empezara a despuntar en ellos el concepto de la individualidad. Pero es preciso que aprendan a trabajar manteniéndose aseados, y que vean el fin utilitario de sus labores, así como el resultado benéfico de su propio desarrollo muscular y de la cultura del espíritu. [El hogar mexicano, 1907]
A mediados del siglo XX hubo un incremento acelerado de la población, con predominio de la población urbana sobre la rural, lo cual significó un acontecimiento inédito con consecuencias sustanciales en la manifestación de la pobreza y en la visualización crítica del trabajo infantil. Los olvidados, de Luis Buñuel, ilustra con nitidez esa prevalencia del trabajo infantil. Filmada en locaciones de Nonoalco, plaza Romita y Tacubaya, la película retrata un México miserable que no elude ni disfraza la pobreza palpable en los asentamientos marginales de una ciudad capital embebida en el esplendor del progreso material. Para Buñuel, los olvidados son seres cuya infancia transcurre entre hogares pobres y desintegrados y el escenario mayor de la calle, con su despliegue cotidiano de solidaridad, violencia, desintegración social y delincuencia. En numerosas escenas de la película el trabajo constituye una parte sustantiva de las relaciones entre niños y adultos: así, el adolescente Julián fríe chicharrón para la venta, el niño Pedro aprende herrería, la niña Meche se ocupa de las labores domésticas y el cuidado del corral, el Cacarizo limpia envases de leche. Vemos también al Ojitos –un niño de campo abandonado por su padre– como “criado” y lazarillo de Carmelo –un músico ambulante–, a menores de edad que hacen girar el carrusel de una feria, a un chiquillo con un cajón para el aseo de calzado y a otro que bate el tambor en un espectáculo callejero de perros bailarines. El trabajo infantil figura en todos los casos como una actividad cotidiana que permite la subsistencia en un ambiente de pobreza, caracterizado por la hostilidad y la necesidad apremiante de obtener recursos económicos.
En un tercer corte, al finalizar el siglo XX, el trabajo de los menores de edad sigue siendo una constante. En una de las entrevistas orales que recopila Lydia Feldman en el libro Voces en la calle (1997), una niña de doce años que cursa sexto de primaria comenta que ella, su mamá y su hermanito se ponen a “maromear” en los cruceros viales, mientras el papá vende chicles a los transeúntes. Trabaja entre semana, pero sobre todo de viernes a domingo, entre siete u ocho horas. Cuando la jornada es mala gana entre veinte y treinta pesos, pero cuando le va bien reúne hasta cincuenta, equivalente al salario mínimo de ese entonces. Los automovilistas a veces la tratan bien, pero en ocasiones se dirigen a ella de manera despectiva: “…algunas muchachas me dicen cosas bonitas, me dicen que cómo estoy, que ‘para la otra te doy dinero’, porque ‘ahorita no traigo, mi reina’ y así… [En cambio, otros] me dicen que me vaya para allá, ‘¡Escuincla mugrosa!’, que por qué ando vendiendo, que mejor me vaya a la escuela… yo nada más me doy la vuelta y me voy.”
En 1990 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño con el compromiso de crear un código para garantizar su cumplimiento. En mayo de 2000 fue promulgada la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que consideraba como principios rectores el interés superior de la infancia, la no discriminación, la igualdad sin distinción alguna, el vivir en una familia como espacio primordial de desarrollo, el disfrute de una vida libre de violencia, la responsabilidad compartida de la familia, el Estado y la sociedad respecto al niño y el adolescente, así como la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Esta legislación permaneció vigente durante catorce años, hasta su abrogación en diciembre de 2014, cuando, el 5 de diciembre de 2014, entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los menores de edad, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales que México ha suscrito.
De manera específica, el artículo 123 constitucional prohíbe el trabajo de los menores de quince años de edad y prescribe una jornada laboral máxima de seis horas diarias para los mayores de esta edad y menores de dieciocho. Derivado del mismo, la Ley Federal del Trabajo, en su última modificación expedida el 30 de noviembre de 2012, reglamenta el trabajo de los menores de edad. En términos generales, además de las restricciones antes mencionadas, prohíbe el trabajo nocturno, industrial, peligroso e insalubre por parte de menores, establece el derecho al descanso y al disfrute de vacaciones; la inspección laboral; el desarrollo de programas para identificar y erradicar el trabajo infantil; las excepciones relacionadas con la participación en actividades artísticas, culturales, científicas o deportivas; el derecho de comparecencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; así como las sanciones a las que se harán acreedores los patrones, empleadores y contratistas que infrinjan la ley.
En un balance general de la legislación mexicana vigente sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, advertimos derechos, obligaciones, competencias y facultades que involucran a todos los niveles de gobierno y los más amplios sectores de la sociedad. Desafortunadamente, la realidad política y gubernamental hará que estos esfuerzos se vean limitados si no se asigna el presupuesto necesario para su implementación. Recordemos que hace unos meses la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, señaló que para que los Congresos locales puedan homologar sus leyes de protección de la niñez con la nueva ley federal aprobada y para poder poner en marcha las procuradurías estatales y el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se requieren alrededor de 905 millones de pesos, cifra que no fue etiquetada en el presupuesto de este año.
Si tomamos en cuenta las estadísticas disponibles de trabajo infantil en México y los avances jurídicos en el tema, nos enfrentamos a dos realidades contrastantes. Por un lado, se dispone de una legislación nacional e internacional extraordinariamente avanzada; pero, por otro, se avizora un problema de múltiples dimensiones, sumamente complejo y, en muchos aspectos, lacerante. Frente a los ideales subyacentes a la legislación que protege los derechos de los niños y adolescentes, en general, y de los que trabajan, en particular, vienen a la memoria las condiciones en las que se desempeñan los niños jornaleros agrícolas en diferentes entidades del país; asimismo, la situación de pobreza –en algunos casos extrema– en la que se encuentra sumergida la mitad de la población nacional, que obliga a los menores de edad a incorporarse muy pronto en actividades económicas y productivas. También recordamos las condiciones de trabajo imperantes en las maquiladoras que operan en la frontera norte del país, donde se emplea a adultos y a adolescentes; o la odisea de aquellos que persiguen el sueño americano y padecen junto con los migrantes adultos las vejaciones que supone el traslado clandestino. No menos lastimosa es la pobreza, la exclusión y la discriminación de los indígenas que emigran a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo; o las condiciones de vida y de trabajo de los niños que desarrollan actividades económicas en las calles de las grandes ciudades, expuestos a toda clase de peligros, sin garantías de seguridad social. Y qué decir de las niñas, niños y adolescentes atrapados en las redes de trata de personas, pornografía y prostitución infantil, o de los que son reclutados por el crimen organizado para el ejercicio de la violencia armada, el tráfico y el trasiego de estupefacientes.
Si bien es cierto que los problemas que rodean a las niñas, niños y adolescentes que desempeñan algún tipo de actividad laboral no van a resolverse en el corto y mediano plazo, es evidente que tenemos el deber ético, político, legislativo y social de sumar esfuerzos para que sus condiciones sean mucho más benignas que las actuales, de manera que ser niño o adolescente trabajador y vivir en situación de pobreza deje de constituir una doble marginación en nuestra sociedad y en nuestra historia. ~
(Ciudad de México, 1975) es historiador con estudios de doctorado por la UNAM. Se especializa en historia de la infancia. En la actualidad es director de difusión INEHRM
