La noche del 9 de octubre, Emilio Lozoya fue a cenar al restaurante Hunan en la Ciudad de MĆ©xico en compaƱĆa de amigos, a pesar de los delitos que le son imputados y por los que el gobierno de MĆ©xico solicitĆ³ su extradiciĆ³n.
Lo hizo porque quiere y porque puede. Puede porque la FiscalĆa General de la RepĆŗblica, a pesar del daƱo patrimonial millonario que los actos de Lozoya causaron a la naciĆ³n, lo dejĆ³ en libertad por un ācriterio de oportunidadā, que en la prĆ”ctica no ha contribuido a la reparaciĆ³n del daƱo generado. Puede por que la FiscalĆa no solicitĆ³ arraigo domiciliario o ninguna otra medida cautelar contundente sobre su persona. Emilio Lozoya, gracias al criterio de la propia FiscalĆa, puede andar a sus anchas por la Ciudad de MĆ©xico, aunque no puede trasladarse fuera de ella.
La indignaciĆ³n social ante la cena de Lozoya no se hizo esperar. Hubo quienes condenaron el cinismo con el que el exdirector de Pemex exhibe su impunidad frente a la sociedad a la que causĆ³ daƱo. Otros mĆ”s condenaron la corrupciĆ³n propiciada desde las decisiones tomadas por la FiscalĆa en relaciĆ³n a este caso. Y hubo quienes, en algo que oscila entre el llamado al boicot y el posicionamiento individual, condenaron al Hunan por aceptar a Lozoya como consumidor y comensal. Al hacerlo, confundieron esta especie de ācancelaciĆ³nā con una sanciĆ³n social.
Castigar la fuente de trabajo de quien no ha agraviado a la sociedad como reacciĆ³n a la impunidad que protege a los delincuentes de cuello blanco del presente sexenio o los anteriores no solo no es asertivo: es ademĆ”s, injusto y conveniente tanto para el funcionario impune como para las instituciones pĆŗblicas que proveen esa impunidad, y que de este modo son relevadas de la justa exigencia y condena social.
La sanciĆ³n social es un mecanismo de coacciĆ³n que un grupo organizado al menos rudimentariamente dirige, casi siempre de manera espontĆ”nea, contra quienes desconocen o quebrantan las reglas que lo rigen. Tiene como fin avergonzar, ridiculizar y criticar a los infractores, promoviendo el ostracismo de quien ha ejecutado una conducta negativa.
La medida suele ser exitosa en paĆses que han erradicado o reducido la corrupciĆ³n mediante el correcto y eficiente funcionamiento de instituciones sĆ³lidas y confiables, legitimadas por la ciudadanĆa. En esos paĆses, el probable responsable de la comisiĆ³n de un delito o falta administrativa enfrenta proceso o es removido de un cargo pĆŗblico con estricto apego a los derechos humanos. La sociedad confĆa, desde la experiencia positiva, en que el infractor recibirĆ” la justa y merecida sanciĆ³n conforme a las reglas que se aplican de manera objetiva y general a todos los miembros de esa sociedad. Apenas el pasado 26 de junio, por poner un ejemplo, el ministro de Salud britĆ”nico, Matt Hancock, renunciĆ³ ante la ola de repudio que desatĆ³ la publicaciĆ³n en redes sociales de una imagen suya abrazando a su asistente, lo cual violaba las normas de bioseguridad implementadas en el Reino Unido para combatir la pandemia.
La sanciĆ³n social es tambiĆ©n un mecanismo de equilibrio en las relaciones entre un grupo sin acceso al poder y aquellos sujetos que, por estar en posiciones de poder o connotada relevancia, representen modelo de conducta a seguir. Pero su eficacia depende de la solidez del resto de las estructuras jurĆdicas, polĆticas y sociales de cada Estado. Cuando no es el caso, la sanciĆ³n social no pasa de ser una vĆa de escape para la frustraciĆ³n o el resentimiento social.
La sanciĆ³n social no es un fenĆ³meno desconocido ni ajeno a la ciudadanĆa en MĆ©xico. En la elecciĆ³n federal del 6 de junio pasado, un ciudadano increpĆ³ a Arturo ZaldĆvar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la NaciĆ³n, al momento en que acudiĆ³ a votar, en desaprobaciĆ³n al transitorio de una reforma judicial que concedĆa al citado ministro dos aƱos adicionales extraordinarios en el ejercicio de su actual encargo. En febrero de este aƱo, el mismo presidente AndrĆ©s Manuel LĆ³pez Obrador ha sido objeto de esta sanciĆ³n en el pasillo de un vuelo comercial, el 0237, proveniente de la Ciudad de Tijuana a Ciudad de MĆ©xico, en el que un grupo de pasajeros increpĆ³ a gritos al mandatario.
Pero en una sociedad como la nuestra, donde la legalidad es un concepto ajeno a la vida diaria y el delincuente a menudo es protegido por la autoridad; en donde la desconfianza a propios y extraƱos se ha enquistado por la impunidad que prevalece ante un sistema de justicia precario y rebasado, carente de profesionalizaciĆ³n y actualizaciĆ³n constante; la sanciĆ³n social no pasa de ser un desahogo por la frustraciĆ³n ante la impunidad sistĆ©mica y la falta de un estado de derecho eficaz y eficiente.
De hecho, es mĆ”s susceptible de transformarse en una especie de āvigilancia justicieraā que en un refuerzo a un sistema de reglas benĆ©ficas y efectivas. Ante la impunidad que prevalece en todos los niveles y estratos de nuestra sociedad, los vecinos de comunidades enteras han colocado a la entrada de sus calles y poblaciones mantas que advierten a los delincuentes el riesgo de linchamiento expedito; estas mantas constituyen en sĆ mismas un desafĆo directo al Estado por la toma de justicia de propia mano. En el desarrollo de esta dinĆ”mica han sido linchados desde delincuentes detenidos en flagrancia hasta jĆ³venes encuestadores del Inegi.
Del otro lado de la frustraciĆ³n social estĆ” la ācancelaciĆ³nā, palabra que en tiempos recientes se ha adoptado para denominar lo que por aƱos hemos conocido como āboicotā. A diferencia de la sanciĆ³n social, que tiene por objeto estigmatizar la conducta negativa de un individuo o grupo de individuos, la cancelaciĆ³n es una acciĆ³n coordinada y premeditada de un grupo o sector especifico de un grupo. Consiste sobre todo en no hacer o dejar de hacer, con el propĆ³sito de obstaculizar el desarrollo o funcionamiento de una determinada actividad social o comercial, como respuesta a la falta de observancia en la normativa social y de control de calidad o precio de un producto o servicio, o como protesta ante las condiciones laborales o econĆ³micas abusivas que una empresa ofrece a sus empleados, clientes, usuarios y proveedores.
Para ser eficaces, tanto la sanciĆ³n social como la cancelaciĆ³n deben ser congruentes. Es decir, debe existir una relaciĆ³n lĆ³gica entre el acto o actos que les dieron origen y el resultado que se desea obtener, se trate de la conducta tĆ³xica individual que se pretende erradicar en el caso de la primera, o de las condiciones negativas en las que se desarrolla la actividad social o comercial en el caso de la segunda.
AsĆ pues, la sanciĆ³n social a un transgresor de la ley y la cancelaciĆ³n para un establecimiento al que tenga acceso como cliente dicho transgresor son muy distintas entre sĆ. En la primera se seƱala directamente al infractor y se hace patente el repudio social generalizado hacia su conducta negativa. En la segunda, se pretende evitar el desarrollo de una actividad comercial lĆcita sin ninguna justificaciĆ³n lĆ³gica entre el objeto de la actividad social y mercantil y la conducta que se pretende erradicar.
En el caso del restaurante Hunan, se estarĆa sancionando pĆŗblicamente a un negocio y los empleados que en Ć©l laboren ārecordemos que en el caso de los restaurantes, una parte importante de los ingresos de meseros y anfitriones son las propinas, por ejemploā por no estar facultados para vigilar el cumplimiento de la ley y la aplicaciĆ³n de las sanciones que correspondan a la conducta que se reprocha en el transgresor, en este caso, Emilio Lozoya, acusado de corrupciĆ³n. A la impunidad se suma la comisiĆ³n de una injusticia.
Pero hay un factor mĆ”s a considerar: la manipulaciĆ³n del concepto de ācorrupciĆ³nā que actualmente se lleva a cabo, todos los dĆas, cada maƱana, en nuestro paĆs y desde el Palacio Nacional. En sus conferencias maƱaneras del 9 de diciembre del 2020 y el 16 de agosto del 2021, el presidente declarĆ³ como polĆtica pĆŗblica de su gobierno āla estigmatizaciĆ³n de la corrupciĆ³nā. La definiĆ³ como ātoda fijaciĆ³n enfermiza por lo materialā, concepto personal que nada tiene que ver con la definiciĆ³n legal de corrupciĆ³n.
De este modo, para quienes ven en el presidente no solo a un Jefe de Estado sino a un lĆder moral, aquel que posea mĆ”s de un par de zapatos (el ideal de pobreza promovido por el propio presidente), puede ser entonces identificado como corrupto. A los crĆticos, analistas, medios de comunicaciĆ³n y opositores que han seƱalado, en ejercicio de su libertad de expresiĆ³n, los yerros en las polĆticas pĆŗblicas del gobierno federal, el primer mandatario los ha acusado de āconservadores que quieren mantener el rĆ©gimen de corrupciĆ³n del pasadoā y de āoponerse a la transformaciĆ³n que combate la corrupciĆ³nā. Los linchamientos y el acoso grupal coordinado en contra de determinados individuos en las redes sociales, por el solo hecho de atreverse a externar opiniones distintas a las que pretenden establecer como verdad incuestionable ciertos grupos, son comunes hoy en dĆa. Trasladar estas circunstancias a la vida real con el propĆ³sito de castigar fuentes de ingreso lĆcitas y legales no solo es un despropĆ³sito: es una injusticia y una barbaridad.
No debe solaparse ni la corrupciĆ³n ni la impunidad, ni a nadie que haya cometido un acto de corrupciĆ³n conforme a lo establecido en la ley. Pero propiciar la cancelaciĆ³n de negocios que pugnan por sobrevivir a la actual crisis econĆ³mica, sin seƱalar a las instituciones encargadas de combatir la corrupciĆ³n y la impunidad, sin contar con una ciudadanĆa educada en la legalidad y el ejercicio responsable de la libertad, y sin un estado de derecho objetivo y autoridades Ćntegras, eficientes y eficaces, es abrir una espiral de confrontaciĆ³n social cada vez mĆ”s violenta y difĆcil de reparar.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
