Educación: la estrategia del avestruz

Existe un consenso internacional en cuanto a las acciones que se deben seguir para enfrentar la "silenciosa crisis educativa" que afecta al mundo. Lamentablemente, México no parece estar en la misma ruta.
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Apenas iniciado el sexenio, el 12 de diciembre de 2018, el ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales. La oposición (PAN, PRI, PRD y MC) optó por responder con un proyecto alternativo. Los partidos aliados al gobierno no contaban con los votos requeridos para un cambio constitucional ni la oposición para hacer transitar su iniciativa. Ante un riesgo de veto mutuo, se optó por un esquema de negociación y la reforma se aprobó finalmente el 15 de mayo de 2019. La iniciativa presidencial fue sustancialmente modificada, salvo en los aspectos relacionados con la evaluación docente.

El 3 de octubre de 2019, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, acudió a la Cámara de Diputados para presentar la glosa educativa del primer informe presidencial. Varios legisladores le preguntaron sobre las características de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), base de la política educativa ideada por la SEP. El funcionario respondió: “La Nueva Escuela Mexicana toma todos los principios de la Constitución para, primero, centrar la atención en las niñas y los niños. Esto que se dice muy fácil es todo un cambio pedagógico. Centrar la atención en las niñas y en los niños y no necesariamente en métodos y sistemas.” Para su implementación, la SEP preparó, como primera medida, el taller de capacitación “Hacia una Nueva Escuela Mexicana”, impartido en los consejos técnicos escolares al inicio del ciclo 2019-2020 y a las escuelas se les solicitó establecer un programa de mejora continua que incluyera: diagnóstico, objetivos y metas, acciones, seguimiento y evaluación. Así, al inicio del actual periodo gubernamental se perfilaba la construcción de la NEM a través del desarrollo de un enfoque pedagógico centrado en propósitos de calidad, equidad, inclusión, humanismo, compresión del entorno y articulación pedagógica entre los niveles educativos, así como en la reforma gradual de planes y programas de estudio. En 2019-2020 se adelantaba en esa dirección, aún con énfasis en la planeación y programación. Entonces llegó la covid y todo cambió.

El 2 de marzo de 2020 se decretó la suspensión indefinida de clases en las instituciones del sistema educativo nacional. La medida cobró efecto el 16 del mismo mes. Se pensaba entonces que la interrupción tendría un carácter temporal limitado y que, al descender la curva de contagios, se retornaría a la normalidad. Ocurrió todo lo contrario.

Para enfrentar los efectos del confinamiento se optó por la transmisión de contenidos curriculares a través de radio, televisión e internet mediante el programa Aprende en Casa, cuya primera etapa tuvo lugar del 20 de abril al 5 de junio de ese año. Al no ceder la pandemia, el programa tuvo una segunda fase (24 de agosto a 18 de diciembre de 2020) y luego una tercera (11 de enero a 9 de julio de 2021). Como medida complementaria, se instruyó a los profesores que procuraran contacto con sus grupos para supervisar el aprendizaje, dejar y revisar tareas y mantener comunicación acerca de sus condiciones materiales y emocionales. Las familias debieron hacerse cargo, en la medida de lo posible, de apoyar el trabajo escolar en los hogares.

El secretario de Educación renunció al cargo el 16 de diciembre de 2020 cuando fue nominado como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Cuatro días después se informó que la maestra Delfina Gómez Álvarez, reconocida militante de Morena quien, al momento de su designación, ocupaba un escaño en el Senado de la República, encabezaría la SEP. En la lectura de su discurso de toma de posesión, la nueva titular cuestionó, en primer lugar, las políticas educativas del “periodo neoliberal” y manifestó, más adelante, la importancia de mantener los instrumentos de Aprende en Casa y el programa La Escuela es Nuestra. Remató exhortando a docentes y familias para atender el retorno a clases en cuanto existiera la posibilidad para ello, lo que no ocurrió en todo el lapso de su administración (diciembre de 2020 a septiembre de 2022).

En la pandemia, las medidas para enfrentar su impacto educativo, así como el relevo secretarial, interrumpieron la posibilidad de desarrollar las ideas originales de la Nueva Escuela Mexicana. Pero, justo en la coyuntura del nuevo ciclo escolar, surgiría algo distinto, que daría un vuelco al modelo: el anuncio de un nuevo plan y programas de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria.

Se esperaba que, para el regreso masivo a las clases presenciales, se abriera un periodo de recuperación de estudiantes que habían abandonado el proceso escolar por causa de la epidemia. Según el Inegi, más de dos millones de alumnos habrían suspendido su trayectoria escolar por esa causa. Se esperaba también un diagnóstico puntual sobre los aprendizajes no adquiridos durante el confinamiento. Aunque se encargó a la Comisión de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) la realización de una evaluación de ese tipo, los resultados de nivel nacional no se dieron a conocer. No obstante, según evaluaciones independientes, por ejemplo la Evaluación Diagnóstica para el Aprendizaje del Laboratorio de Evaluación Educativa de la Universidad Iberoamericana, la pérdida de aprendizajes en primaria, secundaria y media superior ha sido alta, significativa y preocupante.

Por lo tanto, resultaba urgente un programa intensivo de recuperación. En lugar de ello, tanto la SEP como Mejoredu se limitaron a elaborar guías para los maestros y a sugerir medidas para las escuelas. El Estado dio prioridad a un proyecto que poco o nada tenía que ver con los efectos de la pandemia en la educación: la modificación de los planes de estudio de la enseñanza obligatoria. Durante 2022 al menos cinco versiones del nuevo plan fueron puestas en circulación o filtradas hasta su presentación pública el 16 de agosto.

Otra cosa que se esperaba era que el presupuesto federal para el sector educativo se enfocara a superar los daños de la covid. Aunque el gasto público para la educación registró un ligero aumento para el 2023, algo más de un punto porcentual real respecto al presupuesto previo, su distribución privilegia programas con un obvio tinte electoral: becas para todos los estudiantes de educación media superior, refuerzo del opaco programa de infraestructura, cuyos recursos se ofrecen a los flamantes Comités Escolares de Administración Participativa, y multiplicación de los establecimientos del también opaco Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez. En cambio se reducen, en términos reales, los presupuestos para gasto operativo de las escuelas en el sistema de educación básica y los correspondientes al proyecto de escuelas de tiempo completo, que esta administración ha buscado cancelar a toda costa.

En septiembre de 2022 se llevó a cabo, en las instalaciones de la ONU, la Cumbre sobre la Transformación de la Educación convocada por la UNESCO. En los resolutivos de la misma se establecen vías de acción para enfrentar la “silenciosa crisis educativa” que se tiene en todo el mundo. Desde la perspectiva del organismo multilateral, es ante todo indispensable “un aumento significativo de la inversión en educación de calidad y una base sólida del desarrollo y educación integrales de la primera infancia”. También “hacer hincapié en el aprendizaje de destrezas básicas con respecto a la alfabetización y la aritmética básica, la educación para el desarrollo sostenible, y las competencias para el empleo”. El documento insiste en la preparación y formación continua del personal docente, y pide aprovechar los medios digitales y alcanzar la meta de una educación de calidad con equidad. Ese es el consenso internacional. Lamentablemente, México no parece estar hoy en esa misma ruta. ~

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es director
del Programa Universitario de Estudios
sobre Educación Superior de la UNAM


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