Si hay una metáfora que explica al gobierno federal de la Cuarta Transformación en su conjunto y, en consecuencia, a su política cultural es la del Tren Maya. En el sexenio que concluye, se taló la infraestructura cultural, se arrojó cemento sobre las industrias culturales, se demolieron las secretarías y los institutos de cultura de las entidades, se cavaron las fosas de los fideicomisos autónomos, los festivales y espacios independientes, se bombardearon los pilotes que fomentaban la creación artística. Además, el Ejército, que construye el tren, avalado por el INAH, convirtió en escombros zonas y sitios arqueológicos, se apropió de la madera de los árboles cuyo destino se desconoce, pulverizó el tejido social de comunidades indígenas y acrecentó la posibilidad del saqueo y el mercado negro de piezas arqueológicas. Imposible olvidar la imagen del ejecutivo que enfatizaba con el índice de la mano derecha que no se cortaría ni un solo árbol. Al final, fueron diez millones, de acuerdo con activistas. La obra contempla siete tramos, más de mil 500 kilómetros, que recorren Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La obra ferroviaria no solo está lejos de inaugurarse completa en esta administración, sino que tampoco estarán listas las conexiones carreteras hacia las estaciones ni la infraestructura turística ni de servicios. Si bien van las cosas, la obra generará utilidades hasta 2030, según AMLO. Por cuestiones de seguridad nacional, se ocultó el costo final. Mientras tanto, ya rechinan, como cacharros, los tramos parciales inaugurados: el tren se detiene de improviso, demora más que los autobuses, se suspende la venta de boletos. Y el menú, de baja calidad gastronómica, está a sobreprecio. Así México, así la política cultural.
Radiografía del fracaso
Junto al tren, se iniciaron cinco programas emblemáticos para la 4T cultural: el Proyecto Chapultepec, Cultura Comunitaria, la Estrategia Nacional de Lectura, el festival de arte textil Original, el rescate de piezas mesoamericanas. Mal concebidos, terminaron por ser contundentes fracasos. Chapultepec fue el más ostentoso y oneroso. El 2 de abril de 2019 el artista Gabriel Orozco fue presentado en la mañanera como coordinador de un proyecto que vampirizó el 25% del presupuesto, absorbiéndolo de otras instituciones y centralizándolo en una sola de las alcaldías, la Miguel Hidalgo. No hubo una asignación extra, salió de lo que existía, y se destinó a la zona urbana con más plusvalía y con una de las más relevantes infraestructuras culturales de la Ciudad de México. La mayoría del recurso se concentró en obra vial y conexiones entre las secciones del bosque para incrementar el valor inmobiliario. Desde la jefatura de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, de 1997 a 1999, la avenida Reforma, de la exglorieta de Colón –cuyo conjunto escultórico fue removido a hurtadillas en 2020– hasta la Fuente de Petróleos, ha sido el negocio de las constructoras que han financiado las campañas de los gobiernos del PRD y Morena. La Secretaría de Cultura federal fue solo la intermediaria para trasladar el dinero a Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto se ocupó básicamente del remozamiento de espacios existentes, que deberían formar parte de las obligaciones periódicas de la capital, gobernada por la izquierda desde hace veintisiete años.
En lo estrictamente cultural, Chapultepec contará con una nueva Cineteca Nacional, que no es propiamente una cineteca sino un conjunto de salas de cine, al que faltará por ver cuánto tiempo le toma llegar a su equilibrio financiero. La pregunta no es vana: el director de la Cineteca Nacional ya alertó que las nuevas salas de cine –que no “cineteca”, pues ello supone áreas de investigación, conservación y restauración– del Cenart y las de los teatros del IMSS no tendrán un arranque fácil. Se construirá también una bodega para los museos del INBAL, una exigencia que se había planteado desde la administración pasada y que prevé –no sabemos con qué tanto realismo– obtener recursos a través de su área de restauración. Se ha contemplado además un “cubo acústico”, como se le llamó al inicio con boato y que será un espacio escénico más en colindancia con los recintos del Centro Cultural del Bosque, que apenas logran una afluencia adecuada. El INBAL también se benefició con el remozamiento de una parte de sus museos, aunque solo de los que están incluidos dentro del perímetro del proyecto –trabajo periódico que, por otro lado, debería realizar el INBAL–. Habrá también un Parque Aztlán, que se apropió de una parte importante de la colección de Dolores Olmedo en contra de su voluntad testamentaria. Si no prosperó el Pabellón de Gabriel Orozco, dedicado a los artistas de su generación, tal como declaró el propio creador y que ahora niega, se debió a la oposición de vecinos y ecologistas, que salieron en defensa del Jardín Botánico de la UNAM.
Los otros cuatro proyectos ruedan también hacia el mismo precipicio. Cultura Comunitaria fue iniciado por Rafael Tovar y de Teresa, titular del entonces Conaculta en el sexenio de Enrique Peña Nieto y quien subrayó el papel de la cultura para la reconstrucción del tejido social. La 4T aspiró a cubrir en 2019 al menos los 720 municipios con más altos índices de violencia y marginación social. Para 2021 habían llegado a 296 y el presupuesto, que en algún momento había alcanzado los 637 mdp, bajó hasta los 221 mdp. El reporte del propio Coneval estableció que no cumplía sus metas. Para disimularlo, se inventó un evento anual, “Tengo un sueño”, en el Auditorio Nacional. La Estrategia Nacional de Lectura, anunciada en Mocorito, Sinaloa, el 27 de enero de 2019, se limitó a los Fandangos por la Lectura en las entidades –lecturas en voz alta y tianguis de libros–, el obsequio al aventón de la colección Veintiuno para el Veintiuno, varios de cuyos títulos se encuentran en librerías de viejo, los folletines Vientos del Pueblo que, aunque vendidos a precios bajos, por su minúscula calidad editorial y sus tiros masivos, están a sobreprecio, y los remates de saldos. Después de cinco años de “estrategia”, el impacto ha sido nulo en los índices de lectura, de acuerdo con los reportes del Módulo sobre Lectura (Molec). Original es un festival de moda de élite que margina a las comunidades indígenas. Sobre el rescate de piezas mesoamericanas, la mayoría han sido donaciones y cachivaches. Al respecto han hablado, con gran solvencia académica, Sandra Rozental en “Restituir el patrimonio del pueblo”, publicado en la Revista de la Universidad de México de diciembre de 2022, y Sara Ladrón de Guevara en “La política de repatriación del patrimonio arqueológico”, aparecido en la edición de febrero de Letras Libres. Esto tan solo en cuanto a los proyectos prioritarios. Sobre los planes que la secretaria de Cultura Alejandra Frausto presentó en su folleto El poder de la cultura, finalmente incumplidos, ya he escrito con anterioridad en “Lo que destruyó la 4T cultural ¿se puede reconstruir?”, publicado en la edición de enero de 2023 de esta revista.
Como señalé en mi libro Política cultural. ¿Qué hacer? (Raya en el Agua, 2001), en México existen dos tendencias claras en la materia: una es la creación de instituciones y la emisión de disposiciones legales y la otra su agrupación en esquemas de organización y legislaciones de carácter más general. Entre otros episodios relevantes de la primera tendencia figuran la Secretaría de Instrucción Pública de Justo Sierra, la Secretaría de Educación Pública de José Vasconcelos, el INAH de Alfonso Caso, el INBAL de Carlos Chávez, el Imcine de Alberto Isaac, la Subsecretaría de Cultura de Jaime Torres Bodet y, en esta lógica, el Conaculta de Víctor Flores Olea y la Secretaría de Cultura de Rafael Tovar y de Teresa. El fallecimiento de Tovar y de Teresa dejó inconclusa su obra de reintegración institucional. Es difícil saber cuál era su concepción pero, con base en la estructura original, Tovar y de Teresa adecuó en lo esencial el nuevo organismo al modelo concebido por Flores Olea y continuado por sus sucesores. El presidente se convirtió en secretario, los secretarios ejecutivo y técnico en subsecretarios, el administrador en oficial mayor. El resto siguió igual. Es decir, la naturaleza jurídica, administrativa, laboral y de seguridad social de las instituciones continuó siendo la misma. El Conaculta estaba adscrito a la SEP y la creación de la Secretaría de Cultura no fue aprovechada para que el Fondo de Cultura Económica se integrara a ella. En el pasado, la creación del Conaculta había servido para acoger las direcciones generales de Publicaciones y de Bibliotecas, entonces ubicadas en la SEP. A Alejandra Frausto no le interesó el tema. La situación incluso empeoró. Natalia Toledo renunció el 31 de diciembre de 2020 a la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, sus funciones se repartieron entre la titular del sector y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, y también desapareció. Desde el FCE adscrito a la SEP, Paco Ignacio Taibo II ejerció de manera irregular durante todo el sexenio el presupuesto de la Dirección General de Publicaciones y la red de librerías Educal, ambas pertenecientes a la Secretaría de Cultura; a principios de 2023 extinguió Publicaciones y, a fines del año, las librerías pasaron al Fondo.
¿Qué sigue?
En la comunidad artística y cultural hay en general un consenso acerca de lo que debe hacerse: destinar el 1% del PIB a la cultura, regularizar a los trabajadores capítulos 2000 y 3000, y proveer seguridad social a los creadores. Con respecto al PIB, no solo se trata de que se cumpla con la disposición establecida por la UNESCO sino de cómo y en qué áreas se ejercerá. La regularización de los capítulos 2000 y 3000 implica varios aspectos sujetos a negociación. Una de las alternativas, la más sencilla para las futuras autoridades, es que los trabajadores sean integrados sin más. La otra, la más justa para los trabajadores, es que se les reconozca su antigüedad dentro de la afore y el ISSSTE. Las partes deberán llegar a un acuerdo realista. Los sindicatos también tendrán que formar parte de una sensata reforma integral. Hay aspectos que deben respetarse de sus contratos colectivos de trabajo, pero hay varios más que son insostenibles, como que los trabajadores de los foros tengan horarios de oficina cuando su actividad más importante transcurre durante las tardes y noches y cobren así horas extras, se insista en que las plazas sean heredables, o se cubran los gastos como las fiestas del Día del Niño. Mientras, la seguridad social de los trabajadores de la cultura contempla diferentes facetas, pero quizás una de las más relevantes es la relativa a los servicios de salud y no es conveniente analizarla desde una perspectiva gremial sino nacional. Nadie, por el solo hecho de ser mexicano, debería dejar de contar con esa garantía. Los trabajadores de la cultura incluidos.
Junto a estos tres aspectos, hay otros tres más de importancia similar: el remozamiento de la infraestructura cultural, el uso adecuado de la Red Nacional de Bibliotecas y la integración de materias de sensibilización a la cultura y las artes en los niveles preescolar y primaria, secundaria y preparatoria. La infraestructura cultural lleva lustros e incluso décadas sin ser puesta al día. Para empezar, deberá hacerse una evaluación crítica de museos, teatros y casas de cultura, entre otros recintos, para ponderar qué se conserva, qué se renueva y qué cumplió su ciclo. Las casas de cultura son un aspecto central que debe priorizarse y extenderse a aquellos municipios con los más altos índices de violencia y marginación social, volviéndose los espacios idóneos para la convivencia y reconstrucción del tejido social, lo que buscó el programa de Cultura Comunitaria de la administración saliente y no logró. Los recursos del Proyecto Chapultepec pudieron destinarse a esta finalidad. Lamentable. Por otra parte, no debe olvidarse que el gobierno de Peña Nieto entregó una red de 7 mil 413 bibliotecas que en los hechos constituye la infraestructura más amplia en el país, construida a lo largo de los sexenios y clasificada en tres niveles, las de relevancia nacional, estatal y municipal. Lo que requieren ambas, las casas de cultura y las bibliotecas, es presupuesto, para su remozamiento y sus programas de trabajo. Los gobiernos de los estados y de los municipios deben comprometerse con un porcentaje de su presupuesto anual, previo balance entidad por entidad, y con asesoría y la aportación adicional de la Secretaría de Cultura federal. Los mecanismos de deducibilidad de impuestos a nivel estatal y municipal deben, naturalmente, impulsarse. Mientras, la sensibilización a la cultura y las artes desde el nivel preescolar, la primaria, la secundaria, hasta la preparatoria, que son los niveles de educación obligatoria en México, concebida con criterios pedagógicos más eficaces y que involucre a los padres de familia al menos de preescolar a primaria, es fundamental para la enseñanza del disfrute de la lectura y las artes y por ende para la creación de públicos. Por supuesto, esto supone un acuerdo estratégico transexenal entre la SEP y Cultura.
La lista de asuntos por resolver que dejan las autoridades culturales salientes es larga. El esquema de fideicomisos para el apoyo a la industria del cine que funcionaba antes era más práctico, y resulta urgente concluir los foros de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, interrumpidos por la covid pero de los cuales existen las minutas, para la necesaria reforma de la ley del cine. Los cambios a las legislaciones y los apoyos fiscales de la banca de desarrollo relativos a las distintas industrias culturales en general, de las que mucho se habla y pocos resultados hay, ameritan preponderancia. Los empresarios deben contar nuevamente con más facilidades para deducir impuestos en proyectos de cultura. Los apoyos de las becas y los honorarios de los trabajadores no basificados deben entregarse a tiempo, tal como sucede con los sueldos de los mandos medios y altos de las instituciones. El ex Fonden debe volver, al igual que los distintos fideicomisos que fueron cancelados por el ejecutivo, a su esquema anterior, para contar con recursos acumulables año tras año y que no tengan que devolverse a la Tesorería porque no fueron “utilizados”, de tal manera que haya liquidez inmediata ante las contingencias naturales. La restauración de los inmuebles dañados por los sismos de 2017 debe finalizarse, porque al igual que el Tren Maya, el Proyecto Chapultepec y el Centro SCOP serán inaugurados, pero no concluidos, este sexenio. El INAH ya cumplió 85 años de edad y sería deseable que concluyera su inventario. Insisto en que las compañías del INBAL deben ser de auténtica envergadura nacional, y volverse parte de la diplomacia cultural en el exterior. Acerca de esta última cuestión, así como la Sedena y la Marina nombran a los agregados militares y navales, la Secretaría de Cultura debe nombrar a los agregados culturales.
Me concentro en lo más importante: la reforma administrativa y jurídica de la Secretaría de Cultura. A mediados del sexenio, distintos analistas señalaron que la 4T había destruido el “Estado cultural”, lo cual es cierto, aunque solo si nos basamos en una lectura superficial del libro de Marc Fumaroli (el Estado cultural mexicano tiene influencias no solo de la visión francesa, sino de la soviética y otras más). En fechas recientes se ha puesto de moda ir en sentido contrario: las instituciones culturales cumplieron su ciclo y los comentaristas dan preponderancia al modelo estadounidense e inglés. Ambas lecturas dejan ver la falta de experiencia en la gestión cultural. Los de la segunda propuesta incluso suponen que el mecenazgo sería suficiente. Ese mecenazgo, a pesar de los esfuerzos desde la década de los noventa, es decir hace medio siglo, es aún incipiente. Entonces, ¿podemos concebir un México sin, digamos, el INAH, que se ocupa de 193 zonas arqueológicas y 162 museos abiertos al público, sin el apoyo del Estado? No hablemos de lo demás. Lo que se necesita es completar la reforma de la Secretaría de Cultura con una visión para al menos medio siglo.
Son claras las enormes dificultades que esta reforma supone, puesto que afectaría muchos intereses, algunos legítimos y varios creados, sacudiría a estructuras institucionales y sindicales, ocasionaría reacciones adversas, no necesariamente razonadas, y suspicacias entre especialistas. Una apuesta de tal envergadura supone el apoyo sin cortapisas de la futura presidenta de México. Implicaría fusiones y reasignaciones de áreas y una reflexión camaral. Sin embargo, puedo aventurar que la Secretaría de Cultura debería contar con, además de una Oficialía Mayor, dos subsecretarías. La primera, del Patrimonio Cultural (INAH, INBAL, Fonoteca Nacional). La segunda, la Subsecretaría de Institutos, Secretarías y Casas de Cultura de los Estados. De igual manera, con un conjunto de coordinaciones nacionales, tres en principio. La de Difusión Cultural y Educación Artística (los niveles de Educación Básica Obligatoria en acuerdo con la SEP, más las Escuelas de Iniciación Artística y el Cenart). La Coordinación de Medios Audiovisuales (Imcine, Estudios Churubusco, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Canal 22, el Canal Once –en colaboración con el IPN– y el Centro Multimedia). Y la Coordinación del Libro y la Lectura (el Fondo de Cultura Económica y Educal que pasarían a la Secretaría de Cultura, la Red Nacional de Bibliotecas, la Biblioteca Vasconcelos, la Ciudad de los Libros, etcétera).
¿Por dónde empezar? Por desear hacerlo. ~
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
