Conversación con Regina Tamés y Ricardo Baruch
Por primera vez, desde la alternancia, no existe ningún candidato presidencial que se pronuncie abiertamente a favor de temas progresistas, como la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario. Pero no se trata solo de una excesiva cautela respecto a asuntos controvertidos. Las plataformas electorales comparten omisiones preocupantes en materia de derechos LGBT+ y en perspectiva de género. Regina Tamés –abogada feminista– y Ricardo Baruch –oficial de incidencia de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF/WHR)– analizan a detalle el clima conservador que parece caracterizar a la actual contienda electoral.
Hasta hace algunos años, era una idea general que el PAN representaba a los opositores de la agenda de género y de la comunidad lésbica, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBT+). De un tiempo a la fecha, parecería que hay sectores conservadores en todos los partidos y que, ante organizaciones como el Frente Nacional por la Familia (FNF) o el Partido Encuentro Social (PES), la agenda electoral se ha movido hacia el lado conservador.
Ricardo Baruch: Si bien el PAN siempre ha estado asociado con el conservadurismo, en las últimas décadas el PRI mostró que entre sus filas había un gran número de conservadores de clóset, que no expresaban su postura de manera abierta, pero sí en las votaciones legislativas. Por poner un ejemplo reciente, fue el PRI el que rechazó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, que provenía de su propio partido, para garantizar el matrimonio igualitario en todo el país. Aunque todavía queda la duda de si eso no se debió más bien al puro cálculo electoral. La amenaza, hay que decirlo, no es exclusiva de México. Ha estado presente en toda América Latina. La hemos visto desde hace tiempo, particularmente en Brasil, donde la bancada de los partidos evangélicos se ha posicionado con mucha fuerza y ha logrado promover su agenda –hace poco el gobierno eliminó la palabra “género” de todos los contenidos de la educación pública–; a su vez, el matrimonio igualitario estuvo a punto de dar la victoria a los ultraconservadores en Costa Rica.
Regina Tamés: Coincido en que siempre ha habido conservadores en todos los partidos. En la actual encrucijada su presencia es evidente en cada una de las coaliciones, y su agenda también lo es: retroceder en lo ganado respecto a la diversidad sexual y a los derechos reproductivos y sexuales. En el pasado, el PAN había sido el partido de la derecha, pero ahora las divisiones no son tan nítidas. Eso nos pone en un aprieto, porque ninguno de los candidatos presidenciales se salva de tener un tamiz conservador. Por un lado tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente representa los intereses de la izquierda, pero que no ha querido pronunciarse en estos temas. La salida fácil, electoralmente rentable, aunque técnicamente equivocada, de poner el aborto legal y el matrimonio igualitario a votación habla de su desconocimiento en materia de derechos. Muchas personas lo han querido justificar, porque es de lo poco que queda como posibilidad de un gobierno de izquierda, pero su alianza con el PES es de miedo: es la combinación de alguien que no se define en estos temas con un grupo que claramente tiene una agenda prioritaria al respecto. Me preocupa, en general, que ninguno de los contendientes quiera hablar de diversidad sexual y derechos reproductivos. Entiendo que no son los únicos asuntos, pero son esenciales a la hora de definir si un candidato es de izquierda o derecha.
Ricardo Baruch: Esta, además, es la primera vez desde la alternancia que no tenemos un candidato presidencial que se pronuncie a favor de los derechos de la población LGBT+. Sí lo hizo Gilberto Rincón Gallardo en el 2000, Patricia Mercado en 2006 y Gabriel Quadri en 2012. Eran candidaturas pequeñas, pero hicieron ruido. En esta ocasión el silencio es definitivo.
¿Qué novedad representan el FNF y el PES en comparación con los discursos tradicionales de la derecha religiosa?
Regina Tamés: Me gustaría apuntar que la agenda conservadora es anterior a las elecciones y se da en un contexto más amplio, latinoamericano. La reprobación hacia la llamada “ideología de género” es un principio que los conservadores incluyen en cada una de sus iniciativas. El PES, por ejemplo, redactó una propuesta para calificar como pornografía el contenido [de los libros] de educación sexual. Ahora, sin embargo, la derecha tiene un lenguaje mucho más sofisticado. Antes las batallas se daban contra el presidente del Comité Provida, Jorge Serrano Limón, y sus fetos de plástico, que no llamaban la atención de muchas personas. Hoy las organizaciones conservadoras usan un lenguaje de derechos humanos. Son mucho más estratégicas. La propaganda del FNF, las iniciativas del PES, a primera vista no parecen equivocadas porque hablan, por ejemplo, de proteger a las mujeres embarazadas, pero ya en el detalle se concentran en el producto de la concepción y se olvidan de las mujeres.
Ricardo Baruch: Uno de los aspectos más preocupantes es que buena parte del discurso de las organizaciones antiderechos está basado en mentiras. En el punto más alto se encuentra la “ideología de género”, una fantasía que inventaron ellos mismos y ya se creyeron. En las entrevistas a los miembros de estos grupos, se escuchan cosas tan absurdas como que los padres que se opongan a la educación sexual serán encarcelados y les van a quitar a sus hijos, o que el movimiento por el reconocimiento de la diversidad de las familias oculta un plan para que la gente no se reproduzca y la humanidad se extinga. A pesar de lo ridículo de estas afirmaciones, hay gente que las cree, y el mensaje está llegando a cierto sector de la población, posiblemente de menor nivel educativo, que lo escucha del pastor de su iglesia, de ciertos políticos y en entrevistas a los voceros del FNF. Esa penetración en la sociedad ha logrado que estos grupos tengan más adeptos y que los candidatos se sientan atados de manos.
El FNF argumenta que las ideas progresistas son impulsadas por una minoría elitista que conspira con el Estado para oprimir a la mayoría, cuya voz ha dejado de ser escuchada. El eslogan del PES –“El podio es tuyo”– parece confirmarlo. ¿Se están apropiando estos grupos de la idea de democracia?
Regina Tamés: El FNF ha promovido la idea de que los partidarios de la perspectiva de género discriminan a los creyentes. El problema, entonces, es cómo lograr que la gente tenga información veraz. Las personas tienen la libertad de elegir si les gusta lo que dice el PES o el PAN o Morena, siempre y cuando el discurso que abanderen no sirva para disfrazar posturas de odio y discriminación. Estamos en un momento muy desafortunado porque la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos hace sentir empoderados a todos estos grupos. La desesperanza que hay ahora en el país también ha beneficiado a estas voces, que presentan la violencia y la descomposición social como el resultado de la pérdida de fe y el debilitamiento de la familia tradicional. Esa es una explicación con la que mucha gente puede identificarse.
Ricardo Baruch: Durante la gira del autobús naranja, el FNF lanzó el lema “No te metas con mis hijos”, que apelaba a la fantasía de que el Estado pretendía volver homosexuales a los niños. A partir de ello, estos grupos se ampararon en el derecho que tienen los padres de que sus hijos no reciban cierta información, incluso si los contenidos actuales de educación sexual en las escuelas no tocan los temas de orientación sexual e identidad de género. Su estrategia va más allá de la verdad y los hechos: los padres del FNF también aludieron al supuesto derecho de enviar a sus hijos a tomar “terapias reparadoras” de la homosexualidad, que no sirven y además son dañinas para la salud emocional. Ese tipo de acciones nocivas es lo que se esconde detrás de su discurso por la libertad de expresión y de educar a sus hijos.
Las plataformas electorales ni siquiera nombran a la comunidad LGBT+. ¿Cómo podemos interpretar esta omisión?
Ricardo Baruch: El miedo a perder votos ha ocasionado que los candidatos no mencionen a la comunidad LGBT+. Nuestros colectivos aún no han podido mostrar músculo, por lo menos en cuanto al número de votantes. Aunque sabemos que somos muchos, no hemos sido capaces de convencer a los partidos por el lado electoral. En contraste, los grupos antiderechos tienen mayor influencia porque les venden a los partidos una cifra ficticia, como si todos sus simpatizantes fueran a votar contra el candidato que hable de nuestras agendas.
Ahora se presenta una nueva oportunidad: hace unos meses se creó la Coalición Mexicana LGBTTTI+, una federación de organizaciones de todo el país que ejerce presión para que los candidatos vean que estamos representando a cientos de miles o millones de votos en México y que queremos escuchar qué tienen que decir sobre nuestros derechos.
Aunque es improbable que un gobierno elimine los derechos conseguidos, ¿ciertos mecanismos secundarios podrían dificultar su ejercicio?
Regina Tamés: Me preocupa que nos enfoquemos demasiado en la legislación, en tanto los grupos antiderechos parecen estar pensando más bien en cómo influir en la implementación. Las mujeres que han sufrido una violación, por ejemplo, tienen derecho al aborto desde alrededor del año 1900 pero en el 2018 son muy pocos los médicos que garantizan este servicio, y este no es el único obstáculo que las mujeres deben superar.
La legislación ha avanzado en México, sin embargo, hay una brecha enorme en la implementación, es donde estamos detenidos y en donde, me parece, se puede percibir la influencia de los grupos antiderechos como el FNF. La “objeción de conciencia”, por mencionar otro ejemplo, es una manifestación de la libertad de creencia, pero la agenda antiderechos la ha sabido aprovechar como una oportunidad para entorpecer aún más el acceso al aborto.
Parece que la intención de los grupos antiderechos sí es poner obstáculos a ciertas leyes. Si uno revisa otras iniciativas del PES se encuentra con que están pidiendo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emita recomendaciones generales –porque la CNDH emitió una sobre el matrimonio igualitario– y que se vigile el nombramiento de los asambleístas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Son muy hábiles para identificar en dónde se han hecho avances y elaborando propuestas para debilitar los mecanismos de implementación. Por fortuna no han logrado mucho porque, incluso con los problemas que hay en México, tenemos algunas instituciones fuertes que dan resultados: la división de poderes ha servido para hacer frente a sus exigencias y, sobre todo, la Suprema Corte ha sido un gran aliado al resolver que el aborto y el matrimonio igualitario son opciones que un Estado democrático y laico debe garantizar a los ciudadanos. Yo creo que estos grupos la tienen difícil, pero sus batallas darán y también las daremos nosotros.
Ricardo Baruch: Hay quienes, en definitiva, pueden estar apostando a poner obstáculos para impedir el acceso a los servicios públicos, pero ante ello debemos considerar la diversidad partidista que habrá en el Congreso. Lo más probable es que haya tal división en el poder legislativo que para los mismos partidos será difícil ponerse de acuerdo. Yo espero que esa pluralidad, por sí misma, detenga los intentos de retroceso.
Tratar de retroceder es, además, un cálculo político muy malo. Entiendo, hasta cierto punto, que no quieran avanzar, pero retroceder es meterse en una pelea con la Suprema Corte y con sectores numerosos de la población que ya están más o menos convencidos de nuestra agenda. Muchas encuestas indican que cada vez más personas coinciden con nuestras posturas. Creo que la sociedad irremediablemente seguirá avanzando y eso se reflejará, a paso más lento, en la política.
Regina Tamés: Habría que ver con atención lo que sucede en cada uno de los estados. A nivel federal existen varios candados contra los retrocesos, pero en ciertos estados la gran mayoría de los servidores públicos no logran entender la importancia de los derechos. Hay una diferencia sustancial entre lo que se pelea a nivel federal y lo que se pelea a nivel local. El desafío es encontrar maneras de garantizar derechos en las entidades rezagadas; en ello, el poder judicial ha sido clave por su independencia partidaria. También hay que poner más atención en las elecciones locales.
Ricardo Baruch: Esto que mencionas es particularmente importante, porque, de acuerdo con las últimas encuestas, es muy probable que la coalición Por México al Frente gane con candidatos panistas la mitad de los estados que están en disputa y que Morena se lleve la otra mitad.
Las evasivas de los candidatos acerca de la diversidad sexual y el aborto difieren un poco. La postura de López Obrador es consultar al pueblo, Meade respalda el respeto por la familia “en el marco del artículo primero constitucional” y Anaya rechaza la discriminación y defiende la tolerancia sin especificar si se refiere a la comunidad LGBT+. ¿De verdad son tan distintos?
Regina Tamés: En el fondo, se trata de lo mismo: evasiones. Anaya y Meade son un poco más inteligentes al mostrarse tolerantes –aunque no soporto esa palabra, porque los derechos se garantizan, no se toleran–. El primero constitucional no debería ser la referencia de Meade, sino la pluralidad de familias. Ninguno de los candidatos tiene una postura aceptable en estos temas, pero sus evasivas también son una señal de que no están cerrando la puerta, aunque es poco lo que podemos esperar de ellos. Con todo, hay que tomar en cuenta que hasta hace unos años el PAN estaba a favor únicamente de la familia heterosexual.
Debo decir que repruebo la medida de la consulta popular. En tal caso, mejor cambiemos de sistema político, que solo exista el Congreso, ¿para qué queremos un Ejecutivo que todo lo someta a votación? Para mí, esa postura de López Obrador es peor que las evasivas de Meade y Anaya.
Ricardo Baruch: López Obrador intenta, además, balancear su postura. En su último promocional dice de manera expresa: “Defenderemos la diversidad sexual”, cuando dos días antes, en un encuentro con periodistas transmitido por Milenio, afirmó que recurriría a la consulta popular. Estos mensajes son un reflejo de que los tres candidatos principales representan un amplio espectro de votantes, que va de derecha a izquierda.
Las áreas de salud y educación sexual no son las únicas que afectan a las mujeres y la comunidad LGBT+. ¿Qué otros temas están ausentes o mal enfocados en las agendas electorales?
Ricardo Baruch: En efecto, si uno echa un vistazo a la agenda de la Coalición LGBTTTI+ verá que incluye siete áreas diferentes, por ejemplo, algo tan obvio como que no te despidan de la empresa para la que trabajas cuando tus jefes se enteren de que eres gay. El bullying homofóbico es igual de relevante, porque está demostrado que en México esta práctica es al menos tres veces más agresiva que otras formas de acoso en las escuelas.
Otro caso elemental es la identidad de género. Hasta el momento las personas trans pueden obtener sus documentos oficiales de acuerdo con su identidad actual en solo tres estados del país –Michoacán, Nayarit y la Ciudad de México–. Esa medida ni siquiera supone una asignación presupuestal onerosa ni cambios legales profundos; es algo que se puede arreglar en los códigos civiles de cada estado, con eso basta. Las organizaciones de muchas entidades han estado poniendo estos temas sobre la mesa durante mucho tiempo, lo que revela la falta de voluntad política para avanzar en la agenda LGBT+. Simplemente no se ha querido hacer. Esto se debe, como mencionamos, al miedo que tienen los políticos a la respuesta del FNF o el PES. Quizá convenga hacer estos cambios, si no en silencio, al menos sin hacer mucho escándalo –así ha funcionado en algunos estados–. Por desgracia, quienes suscriben el proyecto antiderechos hacen un enorme alboroto por asuntos elementales. A veces eso asusta a los políticos.
Regina Tamés: Hoy en día no hay una comprensión profunda de la perspectiva de género. Las propuestas de los candidatos se dividen en dos: unas son para la sociedad en general y otras son específicas para las mujeres. “Vamos a hacer fiscalías para cuando las maten, vamos a ayudarles cuando son mamás, cuando están limpiando las casas.” Todavía no piensan cómo las políticas de seguridad nacional afectan de distinta manera a las mujeres, o bien, cómo los trans que migran se enfrentan a problemas específicos.
El paisaje es increíble: los grupos antiderechos hablan de la “ideología de género” y los políticos no entienden la perspectiva de género, a pesar de que se le asigna un presupuesto y existen cientos de unidades de esta clase dentro de las secretarías federales y los juzgados. El aborto y la diversidad sexual son atajos para identificar las tendencias de los candidatos, pero la absoluta incomprensión de la perspectiva de género delata el bajísimo nivel de quienes están haciendo las campañas. Para ser sincera, me molesta que sigan pensando en instituciones específicas para las mujeres porque la mentalidad es mezquina y las soluciones, chiquitas. Somos poco más de la mitad de la población y, por ello, nuestras necesidades deben ser consideradas en cada aspecto de la política –incluido el de seguridad–. Los candidatos presidenciales y los legisladores creen que todas las instituciones se separan por género, ¿entonces deberíamos tener un presidente para los hombres y otro para las mujeres?
Las propuestas focalizadas son exitosas solo en el mercado electoral. El salario rosa es un ejemplo de ello. Fue una promesa de campaña del actual gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, que después retomó la candidata perredista de la coalición Por México al Frente a la jefatura del gobierno capitalino, Alejandra Barrales. Parece que pensó: “Bueno… si le funcionó al PRI…” Comprendo la desesperación de las amas de casa, nunca han recibido un pago por su trabajo y ahora les ofrecen 2,500 pesos mensuales. Es mejor que nada, pero la idea subyacente es macabra: en vez de pensar cómo incorporarlas al mercado formal, les avientan migajas.
¿Las secretarías de mujeres y de diversidad sexual al interior del PRD y Morena pueden promover las agendas progresistas pese a las evasivas y ocurrencias de los candidatos?
Ricardo Baruch: Más allá de las plataformas de los candidatos, me dan esperanza algunas personas que forman parte de sus equipos. Hay que poner atención en esos perfiles, porque la toma de decisiones no será necesariamente monolítica. ¿Quiénes acompañarán a cada candidato una vez que sea presidente? Eso en definitiva puede hacer una diferencia. Sabemos, por ejemplo, que las gubernaturas ganadas por la coalición PAN-PRD dejaron de discutir el aborto y el matrimonio igualitario durante sus sexenios, que el avance en términos generales fue nulo. Varios integrantes de Morena y los perredistas de la coalición Por México al Frente han defendido los temas de diversidad sexual. Ayuda que ambos partidos tengan dentro de sus estructuras secretarías de diversidad sexual, que tienen también representación en estados y municipios.
Hay posiciones clave, como la Secretaría de Educación Pública. En ambos sexenios panistas y en el actual de Enrique Peña Nieto casi no avanzó la educación sexual con perspectiva de género y de diversidad sexual. La Secretaría de Salud, obviamente, es crucial para nuestra agenda. Otros puestos, como el Inmujeres y el Instituto de la Juventud, aunque pequeños son relevantes. Al fin y al cabo, son los secretarios y los directores de estos institutos quienes implementarán las políticas y los programas públicos.
Regina Tamés: Es importante tener aliados, contar con personas dentro de los partidos que entiendan el significado de los derechos humanos y el motivo por el cual México debe promoverlos y garantizarlos. Pero habrá que esperar a ver cuántos de ellos se quedan en el gobierno y, después, evaluar cuánto margen de maniobra tienen, porque los partidos y las coaliciones representan muchos intereses. Es mejor tener aliados que no tenerlos, pero está por verse lo que puedan hacer. Supongo que una vez en el Congreso los legisladores no votarán como coalición: los diputados del PES no necesariamente votarán como Morena, quizá la bancada del PRD no vote con la del PAN. Habrá que vigilar a los congresos, habrá que obligar a los diputados y senadores a rendir cuentas. Ahí se librarán muchas batallas.
¿Qué se necesita por parte de la sociedad civil para vencer la influencia de los movimientos antiderechos?
Ricardo Baruch: Durante los últimos años hemos visto a muchas personas sumarse a la sociedad civil, en especial, los jóvenes. A las manifestaciones feministas han asistido mujeres que no estaban involucradas en el movimiento. Sin embargo, en muchos casos eso se debió a que ellas mismas o alguna mujer cercana vivieron un caso de acoso o abuso sexual. Quienes marchan contra los feminicidios también se interesan en las luchas de la comunidad LGBT+. Los acontecimientos trágicos del país han movilizado a la ciudadanía.
La protesta contra el matrimonio igualitario en 2016 –ese gran ataque del FNF– provocó, a su vez, que muchos miembros de la comunidad LGBT+ que no estaban interesados en el activismo salieran por primera vez a las calles, aunque meses antes hubieran criticado a quienes iban a la Marcha del Orgullo. A raíz del FNF, muchos dijeron: “Ahora sí voy a marchar, voy con mi familia y todos mis amigos para demostrar que estamos aquí, exigiendo nuestros derechos.” Gracias a ello, ahora la marcha se celebra en ochenta ciudades del país. Sí somos una sociedad conservadora, pero también hay un grupo fuerte que impulsa hacia adelante y se involucra en muchos ámbitos, desde la movilización ciudadana hasta la negociación directa con los partidos e incluso dentro de ellos. Conocemos a personas, incluso dentro del PAN, que están a favor de la despenalización del aborto, o que son gays y van picando piedra poco a poco. Sus esfuerzos, al final del día, suman.
Regina Tamés: El reto es la articulación entre distintos movimientos, como ocurre en Estados Unidos. A las marchas del Día Internacional de la Mujer van los ambientalistas, los sindicalistas, todos, porque entienden que es parte del movimiento por la justicia social. En México, en cambio, nos enfrentamos a una división por sectores: por un lado, las feministas; por el otro, los activistas de la diversidad sexual; por otro más, quienes promueven los derechos humanos; los que luchan contra la corrupción se consideran un grupo distinto.
Entre lo que hace falta por hacer, creo que debemos seguir construyendo alianzas a nivel local y, sobre todo, elegir mejor nuestras batallas. Los grupos antiderechos siempre están tirando el anzuelo y no vale la pena caer en cada una de sus provocaciones. Por otro lado, el público general debe informarse mejor acerca de los riesgos que supone dar marcha atrás en materia de derechos y valorar, más allá del cliché, el gozo de un país democrático, uno que nos incluya a todos con nuestra diversidad y pluralidad. La convivencia democrática tiene ventajas que deben ser atractivas para la gente.
Entre las propuestas concretas para atender a las mujeres, Meade y Anaya proponen guarderías y casas de cuidado para el adulto mayor. ¿Qué resuelven realmente?
Regina Tamés: Hay, es verdad, una escasez de estancias infantiles. En ese sentido, la Red Nacional de Guarderías podría ser una buena propuesta, pero Meade aún no especifica cómo se financiaría, dónde van a estar, tampoco ha hablado de la calidad.
Ahora bien, las estancias infantiles son un derecho de todas las personas, no solo de las mujeres, y el candidato no se percata de ello. Su punto de partida es que las mujeres somos madres, trabajamos en el hogar y, en todo caso, cuando salimos a trabajar necesitamos una guardería. Aplaudo el foco en las estancias infantiles, pero primero hay que cambiar la repartición del trabajo de cuidado para que sea una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y también hay que transformar el modelo de trabajo. Estar sentado en la oficina entre diez y doce horas diarias, además de ser contrario a la ley del trabajo, tiene efectos en la vida de las personas: te puedes volver más violento porque no tienes espacios de recreación. Otro modelo de trabajo es posible, uno que haga a las personas más felices y productivas. Me llama la atención que Meade diga que las estancias infantiles estarán abiertas hasta las ocho de la noche porque espera que las mujeres se incorporen al modelo de trabajo que encasilla a los hombres en el rol de proveedores: su vida es productiva en tanto tengan recursos económicos que aportar a la casa. En términos electorales, las guarderías pueden ser redituables, pero parten de una idea tradicional y equivocada.
Meade y Anaya también ofrecen becas para las mujeres. Anaya, en específico, propone enfocarlas a las disciplinas y áreas tradicionalmente asociadas con los hombres.
Regina Tamés: Las becas no atacan la causa del problema. ¿Por qué las mujeres dejan de estudiar? ¿Necesitan apoyar económicamente a sus familias? ¿No encuentran trabajo aunque estudien? Detrás de la propuesta de Meade no parece haber un estudio de las causas estructurales de la deserción escolar de las mujeres, es decir, de la desigualdad, la pobreza y el machismo. ¿Quién va a querer estudiar cuando padece el acoso de compañeros y profesores? Anaya también ofrece parches que a la larga no harán que las mujeres tengan una carrera más exitosa en esos ámbitos. Las becas son una tontería electoral.
De un tiempo acá, Meade dejó de usar la palabra “feminicidios”, ahora habla de “no faltarles el respeto a las mujeres”. ¿Cómo afecta esta retórica a la comprensión del problema?
Regina Tamés: A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los feminicidios, acosos y abusos sexuales son violencia contra las mujeres. Cuando Meade habla de “respeto” vuelve a ese conocido refrán: “A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa.” Además, su retórica pone la responsabilidad en las mujeres: si tú no te das a respetar, ¿entonces provocas la agresión de un hombre? La palabra “respeto” minimiza la violencia contra las mujeres, una problemática tenaz y de envergadura nacional.
Se repite también el populismo punitivo. Anaya ofrece una fiscalía especializada en feminicidios; Meade dice que homologará los delitos a nivel federal y estatal.
Regina Tamés: Yo creo en el uso mínimo del derecho penal. La impunidad del país ocasiona que las fiscalías especiales no funcionen más que como un discurso que suena bien. ¿Para qué abrir una fiscalía que no tendrá suficiente presupuesto ni los especialistas que necesita? Para poner las cosas en perspectiva: sabemos que muchos ministerios “castigan” a los servidores públicos enviándolos a esas fiscalías.
En México predomina la cultura machista, y el gobierno actual no hizo nada por contrarrestarla, salvo optar por el derecho penal. Las campañas otra vez anuncian como novedosas varias medidas que fueron implementadas hace una década. “Definiremos más tipos penales, sentenciaremos al que mató a una mujer.” En ello hay un aspecto fundamental de acceso a la justicia, pero México lleva diez años con la misma estrategia penal y la violencia sexual no se ha reducido, incluso aumentó. Los candidatos más bien deberían pensar en la prevención de la violencia: ¿cómo le hacemos para que no maten a las mujeres? Claro que es más complejo cambiar la cultura que abrir una fiscalía, pero el desafío es cambiar la percepción social acerca de las mujeres.
¿Qué se puede decir de la candidata independiente Margarita Zavala? ¿Se apropia del feminismo desde el conservadurismo?
Regina Tamés: No dudo que a Margarita le importen las mujeres y no me preocupa que se nombre feminista, sino que no entienda cómo cambiar el papel social de las mujeres. En los discursos de Margarita escucho una visión tradicional. Usa el género para promover su agenda política, pero no propone mejores maneras de garantizar nuestros derechos, no se pronuncia sobre los embarazos no deseados, la maternidad forzada, la mortalidad de las madres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado de los niños y adultos mayores. Ignora los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres de este país. No sabe de qué mujeres está hablando. Aplaudo que sea candidata, pero su carrera política se enturbia con la de su pareja, Felipe Calderón, y es cierto que ha aprovechado la difusión que tuvo mientras fue primera dama.
Ricardo Baruch: Por otra parte, pese a ser la única candidata, tiene las mismas propuestas que sus rivales, es decir: las mujeres están bien haciendo el quehacer de sus casas y solo hay que facilitarles algunas cosas menores.
Desde las organizaciones de la sociedad civil en las que participan, ¿qué exigirían a los candidatos?
Ricardo Baruch: En primer lugar, el respeto al Estado laico: es el punto de partida para los derechos sexuales y reproductivos. Hemos visto que cada vez recibe más amenazas, aunque no sean evidentes; la presión de la Unión Nacional de Padres de Familia, por ejemplo, impidió que la sep avanzara en educación sexual.
En segundo lugar, el presupuesto. En este sexenio, el Conapred mostró más apertura para trabajar el tema de la diversidad sexual, pero no pudo hacer gran cosa porque su presupuesto siguió siendo muy reducido. Se pueden contar con los dedos de una sola mano los estados y municipios que tienen consejos para prevenir y eliminar la discriminación: la institución, en sí misma, no es el remedio, pero es bueno que se encargue de impulsar la agenda y de recibir quejas, en especial porque las comisiones de derechos humanos deben atender muchos asuntos, lo que provoca que no tengan tanta capacidad para abanderar nuestra causa. El presupuesto, entonces, es clave.
Más allá de la ideología del candidato vencedor, es fundamental que se respeten los acuerdos internacionales firmados ante la onu y la oea. Al respecto, la implementación del Consenso de Montevideo, un documento muy progresista que fue suscrito por varios países de América Latina, es una meta importante porque México se ha quedado rezagado en su cumplimiento.
Regina Tamés: La perspectiva transversal de género debe aplicarse en todas las políticas públicas. Hay que dejar de segregar a las mujeres. Debemos pensar cómo la impunidad, la corrupción y la inseguridad nos afectan de diferente manera –recordemos que las mujeres también son asesinadas o que están buscando a sus hijos, víctimas de desapariciones forzadas–. Me gustaría que durante el próximo sexenio se desarrollara más una agenda que prevenga la violencia de género, que garantice el acceso a la justicia. ¿Qué sería de este país si los embarazos fueran realmente deseados? Quisiera que se implemente el aborto en caso de violación, que no se murieran las mujeres en el parto. Las propuestas de los candidatos sobre impunidad, corrupción e inseguridad pertenecen a una agenda de hombres. ¿Por qué sería de otra manera si las mujeres no tienen tanta voz?
Finalmente, deberíamos evaluar la política de género de los últimos diez años. Tras la aprobación de leyes y la creación de instituciones, ¿qué ha pasado con los resultados? Habría que pensar en otras soluciones: las que tenemos no han sido eficaces. Sobre todo, los candidatos deberían reconocer públicamente que la violencia contra las mujeres no se redujo en los últimos años.
El desafío actual es hacer que la agenda vaya más allá de impedir retrocesos y que, en cambio, exija avances. Sería una lástima no avanzar en materia de derechos en el próximo sexenio. ~
es abogada feminista y hasta febrero de 2020 fue directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A. C.
