Después de tres décadas de reformas neoliberales y estabilidad macroeconómica, ¿por qué la economía mexicana ha crecido tan poco? El gobierno entrante cree que se debe precisamente a las reformas neoliberales. Una mayoría del electorado comparte esa visión y por eso eligió de forma contundente a López Obrador como presidente. Ahora está por iniciar un ciclo de mayor intervención estatal. Parece que de la estrategia neoliberal solo se salvan –por lo menos en el discurso– la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y las reformas de competencia y telecomunicaciones. El resto las quiere desmontar el gobierno de AMLO. Quizá algunas terminen por sobrevivir debido a lo complicado que es desenredar los resultados de varias décadas de reformas neoliberales. Pero, sobre todo, hay que advertir que estas han brindado un crecimiento estable (aunque mediocre) y que no han derivado en una crisis, como lo hizo el ciclo de intervencionismo estatal en los años ochenta.
Es fácil culpar al neoliberalismo de todos los problemas del país, pero, ¿qué realmente explica ese bajo crecimiento? Solo con esa respuesta se podrán buscar las políticas adecuadas para dejar atrás el crecimiento mediocre. Detrás de las propuestas de López Obrador no hay –que yo sepa– un estudio riguroso que responda esa pregunta. Hay en los documentos de Morena y en los libros de AMLO mucha información respecto a los problemas del país, pero no un análisis que desarrolle las razones y justifique las políticas alternativas que se proponen. Tampoco hay algún país en América Latina que haya seguido una senda más estatista de forma exitosa y que pueda tomarse como modelo.
Por fortuna, Santiago Levy hace la tarea de encontrar las respuestas de nuestro bajo crecimiento en su recién publicado libro Esfuerzos mal recompensados. La elusiva búsqueda de la prosperidad en México (BID, 2018). Su foto de la economía nacional es detallada porque examina a las empresas privadas mexicanas en términos del número de empleados que tienen, la producción que generan, el sector al que pertenecen y su estatus legal. Hay empresas formales y legales, pero también informales que son legales, como las familiares que, al contratar parientes, no tienen que cumplir con la ley laboral ni con el IMSS. Otra categoría son las empresas formales que no registran a todos sus trabajadores, y que por lo tanto operan en un cierto margen de ilegalidad. Además, están las informales que son completamente ilegales.
Los datos de Levy muestran cuántos mexicanos trabajan en cada tipo de empresa y bajo qué modalidad lo hacen. Las compañías informales, ya sea legales o ilegales, dominan la economía. Son menos productivas, en especial, porque son pequeñas y nunca alcanzan la escala suficiente para aprovechar a fondo el capital físico y humano que utilizan. Sin embargo, cada vez asignamos más capital y trabajadores a empresitas de baja productividad. Este es el problema central del bajo crecimiento del país: como no aumenta la productividad, no podemos crecer más de lo que se incremente el uso de la mano de obra y del capital.
Al respecto, un dato revelador: de acuerdo con Levy, en México solo hay 30 mil 630 establecimientos con 51 trabajadores o más y 19 mil 227 empresas con 51 trabajadores o más. Otro dato: las empresas grandes que sobreviven en el mercado son mucho más productivas que el resto, pero mientras que en Estados Unidos la empresa más exitosa en estos términos es cuatro veces más productiva que el promedio de su sector, en México la más exitosa es 64 veces más productiva. En general, agrega Levy, las empresas formales son 80% más productivas que las informales.
Su libro también compara los datos de 2008 con los de 2013. Las noticias no son alentadoras. Si bien el número de empresas altamente productivas ha crecido, lo ha hecho más el número de improductivas. Mueren en la misma proporción las productivas y las improductivas, de modo que hay una gran rotación de empresas. Sin embargo, las que entran al mercado suelen ser igual de productivas que las que salen de él. No se avanza. Hay una permanente creación destructiva.
Levy aclara que este no es un problema de falta de inversión (México invierte un porcentaje del PIB mayor que los otros países de la región) ni de baja calidad del capital humano (se ha incrementado mucho el gasto en educación y ha aumentado en algo la calidad de los estudiantes, sobre todo respecto a las naciones de América Latina). El problema es que la experiencia laboral no se traduce en mayores salarios. No hay retorno a la experiencia. Por lo tanto, el principal impedimento de la movilidad social ascendente es la falta de empresas formales productivas que contraten a quienes tienen más estudios.
Este libro también explica por qué abundan las empresas chicas. Para hacerlo, describe con cuidado un entorno de incentivos que castiga a las compañías formales y premia a las pequeñas e informales. Para estas es mucho más barato tener trabajadores no asalariados; no pagan ISR ni IMSS ni sufren la rigidez de la Ley del Trabajo. Por otro lado, a los trabajadores informales se les regala un seguro médico (el Seguro Popular), una pensión no contributiva y muchos apoyos sociales, desde servicios de guardería hasta préstamos para vivienda. A esto hay que sumarle un frágil Estado de derecho, lo que dificulta en extremo que se cumplan los contratos.
Las empresas muy grandes pueden sobrevivir a este difícil entorno con un ejército de abogados. En cambio, las que son medianas y formales enfrentan un gran reto: mientras son pequeñas pueden depender de relaciones personales y si son informales sortear todo tipo de regulaciones, pero al crecer enfrentan los retos de operar a una mayor escala y en la formalidad, y los contratos se vuelven ineludibles.
En términos de política pública, las implicaciones son claras. Se requiere desmontar estos incentivos perversos. Hay que dejar de financiar la seguridad social de los trabajadores formales por medio de altos impuestos al trabajo y la de los informales con los limitados impuestos de todos los mexicanos y, en cambio, optar por un esquema de seguridad social universal financiado con un impuesto generalizado al consumo. En México se grava mucho el salario, más que en el resto de América Latina; en contraste, es donde menos se grava el consumo en la región. Levy es contundente en este punto: “Cualquier propuesta para reformar o crear nuevos impuestos, para reformar o crear nuevos programas sociales, incluyendo programas para transferir ingresos (focalizados o universales) o para aumentar los salarios mínimos, tiene que ser juzgada en términos de cómo contribuye a solucionar, o potencialmente agravar, el principal problema social y económico del país, que es la mala asignación generalizada.”
Todo libro aborda la realidad desde una perspectiva. Este responde cómo se asigna el capital entre las empresas en función de su tamaño y su estatus (formal o informal, legal o ilegal). Sin embargo, hay dos temas que, a mi juicio, están ausentes, aun dentro de la perspectiva de asignación de capital: la inseguridad y la corrupción. Muchas empresas no pueden crecer porque están asediadas por la extorsión del crimen organizado o porque deben gastar muchos recursos para protegerse del crimen en general. La enorme corrupción del sexenio que termina ha desviado los recursos –que se pudieron haber gastado en bienes públicos– a los bolsillos de funcionarios y políticos que lo acumulan en empresas que seguramente son de baja productividad (su costo de capital fue cero) o lo derrochan en gasto suntuario.
En segundo lugar, Levy deja fuera la mala calidad de la seguridad social de los trabajadores formales. Si el IMSS funcionara bien, sería deseable para un trabajador tener esa cobertura, en principio mucho mayor que la del seguro popular. Pero los errores o insuficiencias de administraciones pasadas y el contrato colectivo de trabajo, que impone grandes restricciones a quienes quieren reformar el Seguro Social, han dado como resultado una institución cada vez menos utilizada por quienes tienen derecho a ella. Aunque ha registrado un aumento en el número de afiliados, un número creciente de derechohabientes no acude a él cuando están enfermos. Así lo demuestra la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares: en 2014, el IMSS atendió a 2 millones 933 mil personas; dos años después, en 2016, a 2 millones 598 mil personas, es decir, a 335 mil personas menos.
Por lo anterior, bien haría el nuevo gobierno en analizar con cuidado las propuestas que se desprenden de este libro, que puede ayudar a hacer de México un país donde aumente la productividad de los factores de la economía y que, por lo tanto, haya más crecimiento. Por desgracia, todo apunta a una estrategia de política social que aumentará los incentivos de las empresas hacia la informalidad, lo que mantendrá estancada la productividad durante otro sexenio. ~
