A leguas se escucha que Miryam Vargas Teutle es una mujer valiente. Su voz y su idioma materno –el náhuatl– suenan en Radio Cholollan, un medio comunitario del estado de Puebla, en México, donde ha informado sobre protestas en favor de la protección de los recursos hídricos, así como disputas territoriales entre pueblos indígenas y grandes corporativos.
No obstante, hay una zozobra que siempre la acompaña. “Pienso en los riesgos de este trabajo, los ataques que he sufrido, las situaciones complejas que hemos enfrentado y temo lo que podría pasar en la próxima asignación”, admite la periodista.
Sus miedos no son infundados. En al menos tres ocasiones, individuos no identificados han irrumpido en el entorno de Vargas. Una vez robaron de las oficinas de la radio documentos relacionados con sus investigaciones y en otra ocasión sus agresores dejaron un cuchillo en su cama a modo de intimidación.
Además, hace tres años, elementos de la policía la agredieron físicamente mientras cubría en vivo una manifestación contra empresas acusadas de perforar el suelo para bombear agua en exceso de forma ilegal. Luego, de 2021 a 2022, la reportera fue acosada y recibió numerosas amenazas de personas que ella asocia con desarrolladores inmobiliarios.
El testimonio de Vargas Teutle, junto al de otros colegas de diversas partes del mundo, acompañan un reciente informe de la UNESCO titulado Prensa y planeta en peligro. Seguridad de los periodistas ambientales: tendencias, desafíos y recomendaciones.
Tras estudiar múltiples fuentes, la organización registró 749 ataques perpetrados entre 2009 y 2023 contra periodistas y medios que informaban acerca de temas ambientales en 89 países. Al agruparlos por quinquenios, los datos mostraron una concentración de 300 agresiones (40%) en los últimos cinco años, sugiriendo que nunca antes este gremio había enfrentado un riesgo tan alto.
Naciones Unidas advierte que el periodismo en general se ha vuelto “una de las profesiones más peligrosas del mundo”. Pero dentro de sus diversos campos de acción, el que se enfoca en cuestiones climáticas y de medio ambiente es considerado el segundo más letal, únicamente detrás del periodismo de guerra.
Del total de asaltos a periodistas ambientales documentados por la UNESCO en 15 años, 44 corresponden a asesinatos cometidos en 15 países; 30 de ellos ocurrieron en Asia-Pacífico y 11 en América Latina y el Caribe. En nuestra región, para la mayoría de estos crímenes no se ha identificado a ningún culpable, lo cual puede estar asociado a niveles más altos de impunidad.
Uno de esos casos –que a la fecha sigue sin resolver– es el del periodista colombiano José Abelardo Liz, quien murió en 2020 mientras cubría un operativo militar para desalojar a indígenas del pueblo nasa de una tierra que reclamaban como ancestral pero que estaba a nombre de la empresa azucarera Incauca.
Según testigos, el ejército disparó indiscriminadamente contra la población civil nasa y Liz resultó herido, pero alcanzó a pasar su videocámara a uno de sus compañeros para que continuara grabando lo sucedido. El reportero falleció camino al hospital; tenía solo 34 años de edad.
Respecto a los atentados no mortales, el informe mencionado señala que la UNESCO –en alianza con la Federación Internacional de Periodistas– aplicó una encuesta a 905 comunicadores ambientales de 129 países. Su análisis reveló que de 2009 a 2023 más de 70% experimentó algún tipo de violencia por el solo hecho de cumplir con su trabajo.
El 85% refirió haber sido objeto de amenazas verbales o presión psicológica; un 60% –predominantemente mujeres– sufrió acoso en línea; casi una cuarta parte fue víctima de intimidación legal, y 2 de cada 5 enfrentaron agresiones físicas, el tipo de violencia que en el último lustro se duplicó con respecto al inmediato anterior.
Asimismo, un tercio de los encuestados aceptó haber sido censurado por sus editores durante su cobertura ambiental y 45% practicó la autocensura para evitar represalias hacia ellos o hacia sus fuentes. En los medios de América Latina y el Caribe se reportaron más situaciones de eliminación o restricción de contenido ambiental por órdenes del gobierno, de anunciantes o de socios comerciales, y la minería fue el tema más censurado.
Varios son los factores que hacen de los periodistas ambientales un blanco vulnerable. Por un lado, su labor a menudo les exige desplazarse a lugares remotos, lejos de quienes pueden brindarles auxilio. Por otro lado, sus descubrimientos suelen interferir con actividades muy rentables y muchas veces ilícitas, como la tala clandestina o la caza furtiva.
“Esta superposición puede provocar hostilidad por parte de una amplia gama de actores, incluidas corporaciones, operadores locales a pequeña escala y organizaciones criminales, todos interesados en continuar sus actividades fuera del escrutinio público”, afirma la UNESCO en su reporte.
Los datos indican que en 5 de cada 10 ataques a periodistas ambientales, algún actor estatal se encuentra involucrado, a saber: policías, funcionarios, militares, autoridades, empleados de gobierno, etcétera. De los cinco ataques restantes, tres son atribuibles a entes privados, como la industria extractivista, grupos delictivos y población local, y sobre los otros dos se carece de información.
María Lourdes Zimmermann y Alberto Castaño solían exponer el impacto ambiental de megaproyectos financiados por el gobierno de Colombia. Con sus investigaciones lograron, por ejemplo, la suspensión de la construcción de un puerto que ponía en peligro un ecosistema de manglar.
Sin embargo, en febrero de 2018 –tras publicar un reportaje sobre la matanza de defensores del territorio y la deforestación de las selvas tropicales en su país– su sitio web fue hackeado. A esto se sumó una serie de amenazas de muerte que después de tres meses culminó con la huida de la pareja a Canadá, donde ahora trabajan en una tienda de mascotas y como conductor de un autobús escolar, respectivamente.
Desde la visión de los propios reporteros, prevenir tales consecuencias demanda medidas como capacitación del gremio para reducir riesgos, elaboración de protocolos de seguridad específicos por región, apoyo legal, acceso a tecnologías de rastreo y ponerle fin a la impunidad.
Los periodistas ambientales son los ojos y oídos de la sociedad en la primera línea de defensa frente a las tres grandes crisis de hoy en día: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Cada vez que se les silencia, nos desviamos de la asignación de responsabilidades y perdemos la oportunidad de salir adelante. ~
es divulgadora y periodista de ciencia con formación en biología. Ha publicado en El Universal, Pie de Página y SciDev.Net, entre otros. En 2020 fue nominada al Fetisov Journalism Award for Best Investigative Reporting.
