El caso de Ayotzinapa pone de manifesto dos fenómenos entrelazados que han resultado de la creciente violencia en México en los últimos ocho años: las desapariciones y la protesta social en contra de la inseguridad. ¿Qué sabemos sobre las desapariciones en México? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad mexicana ante esta situación? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta por hacer? ¿Es posible generar cambios a partir de la movilización ciudadana?
Personas no localizadas
En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación anuncio una lista preliminar de 26,121 personas no localizadas entre diciembre 2006 y noviembre 2012. Cotejando este número con los casos de desapariciones reportados ante las procuradurías locales, la Procuraduría General de la República depuró la lista y hasta agosto de 2014, aún se buscaba a 12, 532 personas desaparecidas durante la administración de Felipe Calderón. A lo largo de los primeros 19 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto (diciembre 2012 a julio 2014), se reportaron 23,234 personas no localizadas, de las cuales fue posible ubicar a 13 mil 444. Las 9,790 personas que faltan por encontrarse se suman a las 12, 532 que desde el gobierno de Calderón están desaparecidas. Es decir, nos falta por ubicar a 22,322.
El término persona no localizada se refiere a todas aquellas personas de las cuales se desconoce su paradero, independientemente de la causa: ausencias voluntarias, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada. Una definición así de amplia tiene por lo menos dos implicaciones importantes:
- Al no distinguir las causas y clasificar cada tipo de evento por separado, el gobierno mexicano no reconoce la participación del Estado en al menos una porción de estos eventos.
- En consecuencia, resulta sumamente difícil generar políticas públicas que atiendan y solucionen efectivamente el problema de desapariciones forzadas, como lo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La poca claridad del fenómeno de desaparición ha implicado que no se establezcan protocolos apropiados para la atención de cada tipo escenario. Y, lo que es aún más grave es que no se hacen las investigaciones pertinentes para encontrar a las personas ausentes. Si se toma en cuenta el número de averiguaciones previas iniciadas por casos de personas no localizadas, resulta que solo se investiga el 1 % del total de desapariciones(y en muchas de estas investigaciones, aunque haya buena voluntad de las autoridades, estas suelen no con contar con la capacidad real (equipo, entrenamiento ni experiencia) para, por ejemplo, identificar cuerpos).
Las protestas contra la violencia y la inseguridad, 2006-2012
La sensación de total ineficacia gubernamental e impunidad ha empujado a miles de mexicanos a tomar las calles. Desde el sexenio pasado, estas historias se han repetido una y otra vez en cada marcha por la paz. Entre 2006 y 2012, se organizaron 1,014 protestas pacíficas – marchas, manifestaciones, ayunos, bloqueos, paros laborales y ocupación de edificios públicos– en contra de la violencia y la inseguridad.[1]
Antes de la serie de movilizaciones detonadas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hubo tres puntos críticos de acción colectiva en torno al tema de violencia e inseguridad en México.
- 2008. Tras el secuestro de Fernando Martí se generó una primera ola de protestas, justo cuando la administración calderonista intentaba convencer a la opinión pública de su estrategia de seguridad. En ese momento, las manifestaciones giraron en torno al tema de secuestros.
- 2010. Durante el punto más crítico de la inseguridad en el estado de Chihuahua y la creciente violencia en contra de los periodistas, la organización de movilizaciones fue cada vez más frecuente (en la segunda mitad del año, se llegaron a organizar marchas semanalmente). Todas ellas reprochaban la incapacidad del estado mexicano para cumplir con su función más básica: la provisión de seguridad.
- 2011. Tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia en el estado de Morelos, se generaron una serie de marchas en toda la República que demostraron que los homicidios y desapariciones no se limitaban al estado de Chihuahua. Cientos salieron a las calles. En este año sucedieron el 42% de las protestas en contra de la violencia organizadas en todo el sexenio calderonista.
Mapa de protestas contra el crimen en México, 2006-2012
¿Quiénes organizaron estas protestas y en dónde?
Más de un tercio de las protestas que ocurrieron entre 2006 y 2012 fueron organizadas por grupos de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos en México. Las víctimas y sus familiares organizaron el 11% de estos eventos. Las escuelas y universidades fueron responsables de organizar el 10%. Los estudiantes que hoy se ven duramente afectados por el caso de Ayotzinapa, han sido fundamentales para movilizar a ciudadanos dentro y fuera del país y exigir justicia.
En términos de geografía, el estado de Chihuahua exhibió los niveles más altos de protesta (224 eventos), seguido por Guerrero (97 protestas) y Nuevo León (66 eventos). Los estados de Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala generaron el menor número de movilizaciones en torno al tema de violencia.
¿Qué se ha ganado?
Si midiéramos el éxito de estas protestas por su impacto en el control de la violencia y la política de seguridad del país, ciertamente no veríamos resultados alentadores. Sin embargo, fue gracias a las movilizaciones del sexenio anterior que se aprobó la Ley General de Víctimas y cambió el discurso oficial que hasta entonces había ignorado o incluso negado la victimización civil. Hoy, es imposible justificar la violencia bajo expresiones como “daños colaterales” o “se matan entre ellos.”
Aún más importante es que hoy las muertes de los criminales tampoco se perciben como un fortalecimiento del Estado de derecho. Este proceso de reflexión y asimilación no fue fácil ni rápido y se cobró las vidas, no solo de las víctimas sino también de aquellos quienes se arriesgaron en insistir en su denuncia y lucha por justicia.
Ayotzinapa: Desapariciones y protesta social
Durante los primeros dos años de la administración de Peña Nieto se han generado más de 140 protestas en contra la violencia. Más de la mitad fueron organizadas por el caso de Ayotzinapa en el último mes. La mayor parte de los participantes de estas manifestaciones son estudiantes de escuelas y universidades públicas y privadas. Instituciones educativas, ciudadanos extranjeros y otros sectores sociales que no habían sido parte de protestas anteriores. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió?
En esta ocasión el vínculo entre crimen organizado, policías locales y autoridades públicas es claro. Usualmente resulta difícil identificar y demostrar el involucramiento de las fuerzas armadas o policiacas en los eventos de desaparición porque las autoridades tienden a protegerse unas a otras, lo cual imposibilita que las víctimas escalen sus casos a instancias superiores y sean visibles a una audiencia más amplia. Si protestar y denunciar es arriesgado en México, la falta de claridad sobre quién es responsable de generar y de atender la violencia complica aún más la posibilidad de generar la respuesta articulada de la sociedad.[2] Sin una atribución clara de responsabilidades resulta difícil saber a quién dirigir las demandas sociales y de qué forma hacerlo.[3]
Ante los recientes acontecimientos de violencia, resulta necesario mantener la unidad entre los distintos sectores y no caer en provocaciones. Solo así será posible exigir cuentas y hacer cumplir la ley. En la conferencia de prensa del 29 de octubre, los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa nos dieron una clase de ciudadanía. Nos dejaron en claro que no es posible romper el diálogo con el Estado porque “es su responsabilidad” encontrar a sus hijos. Le recordaron a las autoridades que “la confianza no se pide, se gana” y aún más importante, que no le vienen a “pedir un favor, sino a exigir justicia.” Si como ellos, el resto de nosotros aprendemos a exigir nuestros derechos y hacer que el gobierno rinda cuentas, hay esperanza.
Los esfuerzos de movilización en los años anteriores tuvieron logros importantes, pero aún falta mucho por hacer. La ola reciente de manifestaciones pacíficas tiene el potencial de cambiar el status quo. Es urgente exigir que se establezcan mecanismos de justicia transicional y protocolos de búsqueda de personas desaparecidas que operen desde las procuradurías locales, así como transparentar la base de datos de personas no localizadas. Solo así podremos avanzar en la construcción de la verdad y la justicia en México.
[1]Con base en una revisión sistemática de cincuenta periódicos locales y un periódico nacional, un equipo de asistentes y yo construimos una Base de Datos sobre Protesta contra el Crimen en México (PCM). Esta provee información detallada de 1,014 eventos de protesta contra el crimen y la inseguridad, ocurridos entre 2006 y 2012, en los 31 estados mexicanos. La base solo incluye eventos de manifestación pacífica organizados por ciudadanos, con el fin de expresar su oposición a eventos específicos de violencia o la inseguridad en general, así como su demanda por cambios en la política de seguridad. Por tanto, las protestas organizadas por grupos criminales no son parte de este análisis. Las protestas organizadas por fuerzas policiacas demandando mejores condiciones de seguridad tampoco fueron incluidas aquí.
[2]Para mayor información sobre la importancia de la atribución de responsabilidad en procesos de protesta social, ver: Javeline, Debra. 2003. The Role of Blame in Collective Action: Evidence from Russia. American Political Science Review 97(1): 107-121.
[3]Las encuestasrealizadas hacia finales de la administración de Calderón indicaban que al menos un tercio de los mexicanos creían que los narcotraficantes eran responsables de la violencia.. En el caso de Iguala, la mayoría de la población le atribuye el crimen al gobierno,no al narco.
Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.
