Mariano Gistaín dice que el Tribunal Supremo anticipó el fallo que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados para evitar una nueva filtración y quizá un nuevo juicio, lo que habría perpetuado el bucle. 

Cuando se conozca la sentencia los expertos podrán valorarla y los que no lo somos ni te cuento, al estilo de la “Pequeña digresión” de Voltaire. Pero en muchas cuestiones hay poco que celebrar. Por supuesto, habría sido mejor que la sentencia hubiera sido unánime, y que no se conozca todavía favorece la especulación, aunque quienes protestan ahora no se quejaban en otros casos. Hay poco que celebrar en la imposible situación de la Fiscalía, en que se use un caso como este para atacar al rival, en la privatización de las instituciones, en el delirante trato de los datos personales, y en el huliganismo de buena parte del comentariado. No es buena noticia que se extienda la idea de que hay instituciones de un lado o de otro. Hay muy poco que festejar en las declaraciones de ministros como Óscar López, en las palabras de los aliados del Gobierno, y en la proliferación de una atmósfera antijudicial que recuerda al procés y que, como el procés, es tan cursi como antidemocrática. Tampoco pueden celebrarse las declaraciones desaforadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una cosa que sí se puede celebrar es que en España hay división de poderes. Uno de los aspectos más involuntariamente cómicos de todo el proceso era leer a quienes señalaban que el Gobierno estaba molesto porque el fallo se hubiera conocido el día 20, estropeando los fastos del cincuentenario de la muerte de Franco. De hecho, el fallo es una muestra de independencia que señala la diferencia entre la dictadura y la democracia, pero los spin doctors del Gobierno ya no son lo que eran.

Se ha repetido muchas veces que el fiscal era juzgado por defender la verdad. Podría haberlo hecho sin revelar datos y además al desmontar la intoxicación de Miguel Ángel Rodríguez se pretendía extender otra: la idea de que González Amador había confesado.

Algunos han intentado presentar el caso como si fuera un juicio sobre el secreto profesional de los periodistas: la cosa hasta les producía un dilema moral, o dos si son pequeños. Esa invocación, que combinaba la maniobra de distracción con la sumisión al poder, era lo que más desacreditaba al periodismo. Asombra que, después de que el Gobierno haya desautorizado y amenazado a medios durante meses, después de que ministros hayan atacado a periodistas e insultado a publicaciones, y de que nadie del ejecutivo dijera nada cuando apalearon a un reportero en Pamplona, tengamos que alarmarnos ahora por la situación del periodismo. Otro pseudoargumento es decir que el Fiscal General del Estado ha sido condenado sin pruebas. Parece que el realismo mágico está verdaderamente de moda, siempre que opere al servicio del que manda.

Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.