Según el Small Arms Survey que realiza la Organización Mundial de la Salud, el número de homicidios con armas de fuego en América Latina —entre 73 mil y noventa mil muertes anuales— es tres veces mayor que la media mundial. En las dos últimas décadas, la violencia fue la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de quince a 44 años. En 1997, un estudio del Banco Mundial sobre la criminalidad en América Latina mostró que los delincuentes basan sus decisiones en una especie de análisis de costo-beneficio: calculan los potenciales beneficios de un delito en relación a los costes y riesgos de cometerlo y la probabilidad y severidad del castigo.
Si la industria del secuestro en países como Colombia, México o Argentina es un indicativo fiable de esa teoría, entonces las bandas han concluido que el crimen es hoy extremadamente lucrativo y las consecuencias penales poco probables. Kroll Associates, una compañía de seguridad de Nueva York, estima que la mitad de los secuestros mundiales se producen en América Latina. En Argentina las investigaciones encontraron que en el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg, que provocó manifestaciones masivas en Buenos Aires contra la corrupción policial, las evidencias de colusión llegaban hasta el propio jefe de la división antisecuestros.
En México, el “zar antidrogas”, general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido en 1997 cuando se demostraron sus vínculos con el cártel de Tijuana. Gutiérrez ponía a su disposición bases militares y enviaba a sus tropas a secuestrar y asesinar a miembros de bandas rivales. Una de las más peligrosas hoy en México —los Zetas, que operan en la frontera con EE UU— está integrada por ex comandos del ejército entrenados para la lucha antinarcóticos. El ensañamiento con las víctimas de los secuestros ha llegado a torturas y mutilaciones cada vez más frecuentes. Algunos analistas creen que ello se debe a una especie de “guerra de clases” en la que los secuestradores convierten a sus víctimas en objeto de una venganza social.
En el periodo 1960-1980 el terrorismo de Estado, las guerrillas y la lucha contrainsurgente convencional fueron los principales rasgos de la violencia organizada en el continente. Con el principio de las transiciones democráticas, muchos esperaron que los gobiernos elegidos restaurarían el imperio de la ley. Sin embargo, más de dos décadas después, la violencia —que surge de una variedad de “actores armados” que incluyen milicias irregulares, mafias del narcotráfico, bandas urbanas y fuerzas paramilitares— sigue marcando la vida social y política de gran parte de la región.
Los científicos sociales han acuñado neologismos para referirse a ese fenómeno: violencia alegal, movimientos inciviles, democracias iliberales… Amplias periferias urbanas —las villas miseria argentinas, las favelas brasileñas, los tugurios colombianos— se han convertido en áreas vedadas donde los barones de la droga, los empresarios de la violencia y las bandas imponen hasta su propio sistema de control político, recolectando impuestos y estableciendo toques de queda, reclutamientos y requisas forzosas.
En Río de Janeiro se calcula que alrededor de seis mil niños y adolescentes trabajan como “soldados” en las guerras entre bandas rivales, un número comparable al que implican los conflictos tribales en países del África subsahariana como Liberia o Sierra Leona. El motivo es simple: según la ley, los menores no pueden ser procesados. En el otro lado, Sao Paulo, por ejemplo, tiene más helipuertos que Nueva York porque los grandes empresarios evitan circular —incluso en vehículos blindados— por las avenidas de la ciudad.
Dirk Kruijt, profesor de la Universidad de Utrecht (Holanda), es uno de los latinoamericanistas europeos que más ha estudiado el fenómeno de la violencia contemporánea en la región. Su interés se remonta a un viaje al Perú del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado en los años setenta, una experiencia que le sirvió para escribir uno de los libros más importantes dedicados a ese periodo: La revolución por decreto (1989). Ha sido además asesor de la cancillería holandesa para asuntos latinoamericanos y en los procesos de paz de Centroamérica. En compañía de Kees Kooning ha coeditado Societies of fear: the legacy of civil war, violence and terror in Latin America (1999), Political armies: the military and nation building in the age of democracy (2002) y Armed actors: organized violence and state failure in Latin America (2004), todos publicados por Zed Books. Kruijt estuvo en Madrid para participar en un seminario dedicado a estos asuntos organizado por el Centro Internacional para la Paz (cip) y el Woodrow Wilson International Center for Scholars de Washington.
Mary Kaldor dice que en las “nuevas guerras” se han difuminado las distinciones entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran escala de derechos humanos. ¿Ha ocurrido algo similar en América Latina?
La región está experimentando una seria quiebra de la seguridad pública caracterizada por una recombinación inédita de política y violencia privada. En la mayoría de los casos, esta nueva violencia no toma la forma de confrontaciones armadas entre organizaciones beligerantes que buscan un control sobre territorios y poblaciones. Por el contrario, el fenómeno se da en medio de una consolidación democrática formal pero que no ha reducido la violencia extralegal. Su particularidad es que la violencia ha adquirido una variedad y unas dimensiones que antes no tenía, en la que se entrecruzan el carácter delictivo y los conflictos interétnicos y de “limpieza social” de elementos marginales.
¿Quiénes son los actores armados?
Por una parte, las fuerzas militares, policiales y de inteligencia, que en los años ochenta fueron la columna vertebral de las dictaduras de seguridad nacional. En algunos casos sus funciones se ampliaron tanto que sus operaciones formales y clandestinas se hicieron difíciles de distinguir. En varios países siguen actuando con la misma impunidad en forma de mafias policiales o incluso a través de su control del aparato del Estado, como ocurrió en el Perú de Fujimori y Montesinos, cuando el setenta por ciento del presupuesto del Servicio Nacional de Inteligencia estaba asignado para gastos reservados que financiaban asesinatos y operaciones de narcotráfico y extorsión. En segundo lugar están los ejércitos privados: comandos paramilitares, fuerzas parapoliciales y escuadrones de la muerte, como la AUC colombiana. También están viejas y nuevas formas de guerrillas como las FARC y el ELN colombianos, o los remanentes de Sendero Luminoso y el Movimiento Etnocacerista en el Perú. Por otra parte están los movimientos políticos y sociales radicalizados, como algunos movimientos indígenas ecuatorianos y bolivianos o el mst brasileño. Por último, todos los tipos de organizaciones criminales que son comunes desde México a Argentina.
¿Cómo es posible que coexista una democracia con niveles tan altos de violencia?
Aparentemente ciertas democracias pueden funcionar con mucha adrenalina de la violencia, del mismo modo que pueden convivir con la exclusión social de a veces el veinte o treinta por ciento de su población y la informalidad económica del cincuenta por ciento de la fuerza laboral sin efectos desastrosos. Pero un clima permanente de violencia tiene un alto precio económico, en costes de seguridad; político, en erosión de la credibilidad del sistema, y psicológico, por el estrés emocional que genera.
¿Cuándo se cruza la línea roja y la gente comienza a reclamar salidas autoritarias?
Las sociedades pueden soportar la injusticia, pero no el caos. En Europa fueron el desorden y la crisis económica del periodo de entreguerras lo que llevaron a que surgieran movimientos fascistas que encarnaron la brutalidad que flotaba en el ambiente. La camaradería cruel aprendida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial fue un antecedente crucial del genocidio nazi y el Gulag soviético. Las democracias en crisis están expuestas a esos peligros. Ahora, la línea roja es difícil de situar, depende de cada situación y circunstancia histórica determinada.
¿Cuál es el momento clave?
Cuando el Estado deja de ofrecer una red de protección y seguridad mínimas. En este momento, las instituciones democráticas pierden fuertemente la confianza pública, como sucedió en Chile y Argentina en los años setenta o en el Perú entre 1985 y 1992, cuando Fujimori dio un autogolpe con fuerte respaldo popular. Actualmente algunas democracias latinoamericanas están bailando en esa cornisa. Una encuesta de 2004 de Latinobarómetro tiene un dato asombroso: el 57% de la población de la zona preferiría gobiernos autoritarios siempre y cuando pudieran terminar con la pobreza. Hay una fuerte desconfianza hacia instituciones básicas para la democracia como parlamentos, cortes supremas y fuerzas de seguridad. Cíclicamente América Latina tiene preferencias por hombres fuertes, sean de tinte militar o de vocación civil. En los últimos quince años podemos contar un gran número de presidentes refugiados o caídos por revueltas populares: Serrano, Alemán, Fujimori, Menem, Bucaram, Mahuad, Sánchez de Lozada, De la Rúa, Carlos Andrés Pérez…
Roger Noriega, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, dijo que a EE UU le preocupa la posibilidad de que los cien mil fusiles AK-47 que Venezuela compró a Rusia terminen en manos de “grupos criminales, milicias o guerrillas”. Chávez dice que se entregarán a “unidades populares de defensa”.
No sería el único caso. La población cubana está armada. En Costa Rica también es bastante normal que haya armas de fuego en las casas. Pero son dos sociedades de fuerte control social, en el primer caso por el partido de Estado y en el otro por un sentimiento democrático, similar al de Suiza o Israel, donde los reservistas del ejército tienen sus armas reglamentarias en sus casas. Pero distribuir armas a una población que nunca las ha tenido es imprudente. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables. Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que se filtrarán esas armas. Buena parte de la violencia actual en Centroamérica se debe a que el armamento que fluyó a esa región en los años setenta y ochenta nunca llegó a retirarse del todo de las calles. El tráfico de armas es un negocio muy rentable y la cercanía a EE UU —donde las guerrillas y los contras compraron sus armas en aquellos años, y ahora lo hacen las maras (bandas juveniles)— no ayuda nada. En 1997 Bill Clinton firmó el primer acuerdo interamericano para cerrar ese mercado negro, pero el Congreso aún no lo ha ratificado y no hay ninguna señal.
En su libro sobre el gobierno militar peruano de 1968-75, anticipó que “antes del fin de siglo Velasco habrá encontrado varios sucesores”. En el Cuzco, el pasado diciembre, Chávez hizo un encendido elogio a la figura de Velasco y su legado político. ¿Se cumplió su profecía?
El cordón umbilical de Velasco fue con el panameño Omar Torrijos, que se consideraba un discípulo suyo, y en Europa los coroneles portugueses que sucedieron a Salazar. Pero los casos de militares nacionalistas de izquierda como Velasco y Chávez se remontan a Cárdenas en México o Nasser en Egipto. Se trata de militares educados en las escuelas de guerra en materia de planificación, economía, sociología y geopolítica. Son además oficiales de origen social en la clase media baja, porque el ejército en sus países sirve como un mecanismo de incorporación y ascenso social para sectores postergados. Una vez en el poder, el populismo militar lleva a cabo un programa de reformas económicas a partir de un proyecto político antiimperialista. Otro rasgo común es la creación de una tecnocracia cívico-militar. El chavismo ha obsequiado a los militares con todo tipo de privilegios para asegurarse su lealtad: ascensos, condecoraciones, remuneraciones, viviendas. Ha suprimido además las restricciones constitucionales a las actividades políticas de las fuerzas armadas, expandido su rol en el desarrollo económico y social y suprimido la intervención parlamentaria en los ascensos militares.
¿Se puede hablar de una remilitarización en ciertos países de la región?
El proceso de retirada de los militares de los gobiernos ha ido paralelo al crecimiento de su papel en las sombras, como asesores en el sector público y en los servicios de inteligencia. En zonas rurales son a veces la única presencia visible del Estado. Algunos presidentes electos han descubierto la inmensa facilidad con la que altos oficiales siguen órdenes, que se ejecutan sin “dudas ni murmuraciones”. Por su parte, bastantes miembros de los estamentos militares han experimentado el dulce sabor del poder sin ser directamente responsables, sobre todo si se nutren de la leche caliente del soborno, que fue la receta que el tándem Fujimori-Montesinos utilizó con el ejército peruano. En principio, el hecho que los militares asuman funciones policiales —como está ocurriendo en Brasil o México— u otras funciones elementales del Estado como la educación, la salud o el mantenimiento de carreteras —como en Venezuela y Colombia—, conduce a una confusión total del papel de las fuerzas armadas, lo que nunca es bueno para el orden democrático.
Evo Morales y Felipe Quispe reflejan tensiones raciales en Bolivia. ¿Obedece la violencia aconflictos interétnicos en las sociedades latinoamericanas?
Sí y no. El problema es más patente en los países andinos, con movimientos indígenas que hoy tienen exigencias autonomistas en Ecuador, Perú y Bolivia, pero también se puede notar algo de eso en Guatemala y el sur de México. El problema es que la discriminación étnica es un asunto con frecuencia inconfesable en América Latina y que se oculta detrás de una serie de subterfugios más o menos velados. Por un lado se viven cotidianamente situaciones de discriminación racial, aunque las autoridades insisten en que ésta no existe. Cuando tantos ciudadanos de primera categoría giran hacia la extrema derecha o la extrema izquierda, ¿por qué tendría que extrañar que ciudadanos de segunda clase giren también a los extremos del espectro político?
Una respuesta de los ricos ha sido amurallarse en una especie de guetos blancos…
Así es. Ese fenómeno indica una segregación de clase que hace sus propios cordones de seguridad con policía privada. En Río de Janeiro hay sectores residenciales enteros acordonados por vigilantes privados. Es casi un paraíso para quienes lo pueden pagar. Al otro lado están los grandes vacíos de gobierno, donde la justicia, la seguridad, los impuestos directos y los servicios públicos muchas veces no existen. En las favelas, donde la policía es tu peor enemigo y el traficante determina la justicia cruda, el pastor evangélico o católico carismático son a veces los únicos que tratan de representar la autoridad moral.
¿Qué se puede hacer?
La respuesta es construir instituciones civiles que funcionen, de modo que el ejército y las iglesias dejen de ser las únicas organizaciones jerárquicas fuertes y con confianza pública. Pero para eso no hay soluciones fáciles o rápidas… Quizá se necesiten dos o tres generaciones. –
